El Directorio legislativo solicitó a la Procuraduría General de la República aclarar si es correcto que a los diputados se les pague la gasolina para sus giras, aparte del monto que reciben mensualmente para ese rubro, el cual equivale a 500 litros de combustible.
Según el presidente del Congreso, Rafael Ortiz, la administración se basa actualmente en un pronunciamiento del abogado del Estado, del 2001, para desembolsar ambos montos.
Sin embargo, Ortiz reconoce que ahora existen dudas, pues la Procuraduría varió tal dictamen el pasado 23 de setiembre, tras una consulta no vinculante que hizo el legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, quien cuestiona la legalidad de esa práctica.
Ese día, señaló que lo procedente es que los diputados llenen el tanque con el dinero que se les deposita mensualmente para ese fin y no como sucede actualmente, con dinero del departamento de Transportes del Congreso.
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"Existe una discrepancia entre una consulta de carácter vinculante que le da carácter legal a esta práctica y esta nueva consulta, no vinculante, en respuesta a lo que don Ottón planteó, por lo cual nosotros solicitamos que se nos aclare cuál es la opinión definitiv. Sobre lo que ahí se decida, tomaremos la decisión que corresponda", expresó Ortiz.
Si bien la Ley de Remuneración de los Diputados establece en el artículo 5 el derecho a una "ayuda técnica" para cumplir con sus funciones, la mayoría de legisladores de esta y de las anteriores administraciones considera que ese dinero es parte de su salario y, por eso, la usa para otros fines. Ante esta situación, el Congreso aprueba que los choferes dispongan de una tarjeta para pagar la gasolina de las giras.
Esa ayuda técnica al día de hoy equivale a ¢281.500 mensuales. Si se toma en cuenta que Recope cobra en gasolineras el litro de gasolina súper a ¢563 y que hay 57 parlamentarios, el costo por mes de suministrarles combustible a los legisladores alcanzaría los ¢16 millones.