La crisis económica causada por el coronavirus cambió el panorama para el proyecto de ley que regularía la usura, advirtieron las autoridades del Banco Central, la Sugef y el Conassif en una respuesta conjunta que le enviaron a la diputada independiente, Ivonne Acuña, esta semana.
De acuerdo con los jerarcas de las tres entidades reguladoras, el acceso al crédito para los costarricenses será más difícil, porque ahora tendrán una capacidad de pago deteriorada y un mayor riesgo de caer en mora en el futuro.
La respuesta le llegó a Ivonne Acuña luego de enviar tres oficios, por separado, al presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Rodrigo Cubero; al jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Bernardo Alfaro; y al presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), Alberto Dent.
El criterio de los jerarcas es que la emergencia nacional por el covid-19 cambió totalmente el panorama que permitió el acuerdo, entre ellos y las diferentes fracciones parlamentarias, para fijar el límite a las tasas de interés en alrededor de un 39,4% para la mayoría de préstamos y en un 55% para los microcréditos, los que son inferiores a ¢657.000.
Para los créditos y microcréditos en dólares, los límites serían 31,35% y 45,66%, respectivamente.
Las tasas por encima de esos porcentajes serían consideras usura, es decir, constituirían un delito.
En la respuesta a la diputada Acuña, los tres jerarcas establecieron que “un tope a las tasas de interés siempre va a limitar el acceso al crédito de los sectores más riesgosos y de los créditos que acarrean un mayor costo por colón prestado”.
Ese riesgo lo habían advertido desde antes, pero junto con los legisladores, las autoridades negociaron límites que procuraran la menor exclusión posible.
“Lamentablemente, en la difícil coyuntura económica actual, este sector más riesgoso se vuelve más amplio. Por lo tanto, podría darse una mayor exclusión financiera como consecuencia de la fijación de topes a las tasas de interés”, dijeron Cubero, Alfaro y Dent en su carta.
Según los reguladores financieros, ya antes de que empezara la emergencia nacional por el coronavirus, las carteras de crédito presentaban una morosidad consolidada del 2,44% en febrero del 2020, el porcentaje más alto desde el 2004.
A eso se suma la tendencia decreciente de la colocación de créditos en dólares, del 2016 a la fecha, y en los créditos en colones, desde finales del 2017.
“La crisis por pandemia que estamos experimentando nos toma en una coyuntura de desaceleración del crédito y alta morosidad".
"Como consecuencia del impacto del covid-19 a nivel mundial e interno, se espera una contracción de la producción, por lo que puede esperarse que, durante y después de esta crisis, los portafolios crediticios experimenten incrementos importantes en morosidad”, respondieron los jerarcas.
Los tres jerarcas afirmaron que si, “como consecuencia de la fijación de topes a las tasas de interés las entidades financieras formales no tienen capacidad de darles acceso al crédito a una tasa de interés que incorpore dicho riesgo, esas personas quedarían excluidas del crédito”.
Cubero, Alfaro y Dent alegaron, además, que eso generaría que las personas queden “atrapadas en el mercado informal”, donde se podrían encontrar con tasas más altas y con prácticas de cobro y crédito que “podrían dejar a los deudores en mayor desventaja”.
Plan convocado
Pese a las dudas de varios diputados sobre la iniciativa, no solo antes de que avanzara en Hacendarios, sino también ahora, el presidente de la República, Carlos Alvarado, convocó el expediente 20.861 para que entrara en la agenda de sesiones extraordinarias, el 2 de abril.
Un día antes, un grupo de 31 legisladores aprobó una moción, en el plenario del Congreso, en la que le solicitó al mandatario que pusiera en su agenda el plan para regular la usura en los préstamos, a instancia de Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y David Gourzong, del Partido Liberación Nacional (PLN).
En cuanto a la respuesta de los jerarcas reguladores, Acuña aseguró que es contundente en decir que “la coyuntura económica actual no es conveniente para la aprobación de este proyecto”, pues el riesgo de morosidad dejaría excluida a “muchísimas más personas que las calculadas antes” de la situación actual.
“Estoy haciendo llegar esta respuesta a la Comisión de Hacendarios y las jefaturas de fracción, pues considero que es importante para nuestra valoración, buscando siempre el beneficio del país y de las personas más vulnerables”, dijo la independiente.