Crédito con BCIE no puede usarse para avales ni para deuda, dice Contraloría

La Contraloría General de la República (CGR) considera que el Gobierno de la República no puede emplear los $270 millones de un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para pagar deuda ni tampoco para financiar avales a empresas afectadas por la covid-19.

Así lo estableció la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del ente contralor en la respuesta que les enviaron a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, el 22 de diciembre pasado.

En el documento, firmado por Julissa Sáenz, gerente de esa División, y el fiscalizador Bernardo Ramírez, se explica que los $270 millones del crédito que originalmente era para financiar el Fondo de Avales, no se puede emplear ni para una cosa, ni para la otra.

Originalmente, dicho financiamiento internacional estaba destinado al fondo para empresas afectadas en su economía por la covid-19; sin embargo, dicho Fondo de Avales nunca entró en funciones, a pesar de que la Asamblea aprobó el crédito y también la ley de creación de ese mecanismo.

A criterio de la Contraloría, no se cumplen actualmente los requisitos para autorizar al Gobierno de la República a utilizar esos $270 millones para financiar gastos gubernamentales en mejores condiciones que otro tipo de deuda, obtenida en el mercado interno, y que es más cara.

La Contraloría considera que no es factible cambiarles el destino a los dineros del financiamiento. El préstamo permitía dicho cambio solo si el fondo no se creaba antes de 18 meses; sin embargo, la ley que lo creaba se aprobó en un plazo de siete meses.

Pero tampoco considera el ente contralor que el crédito se pueda utilizar para otorgar avales, ahora, porque nunca entró en operaciones el Fondo de Avales.

La Contraloría también advirtió de que el gobierno y el BCIE deben realizar una renegociación sobre el financiamiento que originalmente era por $300 millones, de los cuales, 10% se destinó al pago de la deuda que el Estado tiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Además, la CGR considera imperativo que se realicen dichas acciones a la brevedad, pues los recursos ya se encuentran en el Presupuesto Nacional desde abril del 2022 y se han pagado intereses por $22 millones desde la firma del empréstito, en el 2021.

“En consecuencia, sería necesario que las partes contratantes arriben a un nuevo acuerdo sobre el destino que se daría a este endeudamiento, que posteriormente sea aprobado por la Asamblea Legislativa”, recomendó la entidad contralora.

Sobre los dos proyectos de ley que se presentaron en la Asamblea Legislativa con el objetivo de autorizar el destino del crédito con el BCIE, la Contraloría opina que cada uno de los expedientes contiene elementos contrarios a lo establecido en el contrato de crédito tal como lo aprobó el Congreso.

“En el caso del expediente 23.529, si bien indica que busca reactivar la economía, su alternativa de uso de los recursos no necesariamente responde a los pilares del programa ni al uso de los recursos definido en el contrato, dado que los avales no serían destinados a créditos de empresas afectadas por la pandemia de la covid-19″, puntualizó la entidad.

En síntesis, la CGR considera que si bien las condiciones económicas del país hacen razonable darles otro uso a dichos recursos, las leyes actuales en vigencia, tanto la que aprobó el crédito como la que creó el Fondo de Avales, “no permiten su uso efectivo debido al vencimiento de los plazos”.

“Los proyectos de ley reflejan opciones que podrían no cumplir cabalmente con los fines para los cuales fue otorgado el préstamo”, apuntó la entidad en su respuesta a los congresistas.

A raíz de la respuesta emitida por la CGR, la presidenta de la Comisión de Hacendarios, la liberacionista Paulina Ramírez, declaró que es necesario confirmar si se le ha dado uso a los $270 millones y acotó que tampoco podrían aprobarse los proyectos de ley, a la luz del criterio del ente contralor.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró que el criterio del Ejecutivo “iba en función de que, al no implementarse el Fondo de Avales, caemos en la consideración del préstamo”.

“Pero ahora deberemos decidir el uso de los recursos”, apuntó.