En el cuarto y último año de su periodo, el Gobierno se fija como retos “derrotar” a la covid-19, la cual se encuentra en su máximo pico desde marzo de 2020; lograr estabilidad fiscal, recuperar empleos y sentar las bases para mejorar el transporte público.

Esas prioridades las planteó el presidente de la República, Carlos Alvarado, en su penúltima rendición de cuentas en la Asamblea Legislativa, este martes 4 de mayo.

“Al 2021 debemos cumplir con la estabilidad económica, vencer la covid-19, recuperar empleos, sentar las bases de la mejora decisiva del transporte público en sus distintas facetas y ampliar la protección marina del país”, leyó el mandatario ante los 57 diputados.

En cuanto al manejo de la pandemia, proyecta que el país lograría la inmunidad de rebaño entre octubre y diciembre. Eso solo sería sería posible cuando una mayoría de ciudadanos esté vacunada contra el virus.

“En este momento, nuestro desafío más apremiante es el planteado por la pandemia y su profundo impacto sobre la economía y el empleo.

“Experimentamos la ola más fuerte de contagios en el país. Este es un fenómeno mundial que ha obligado a muchas naciones, desarrolladas o no, a cierres totales por largos períodos”, contextualizó el mandatario.

A este martes, los hospitales estaban al tope: 1.091 enfermos internados; 408 de ellos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), públicas y privadas. Solo en cuatro días murieron 79 personas. Desde marzo del 2020 se contabilizan 257.980 infectados y 3.310 fallecidos.

“Nuestro sistema de salud se ha puesto al límite y por eso hemos tomado medidas que procuran desacelerar la velocidad de contagio. No sin costos, no sin dolor, les aseguro que vamos a derrotar a esta pandemia y que este capítulo va a pasar”, declaró el presidente.

Sin embargo, Alvarado informó a los diputados que hasta el momento el país ha adquirido 7 millones de dosis, para 3,5 millones personas mayores de 18 años que deben ser vacunadas.

A la fecha, continuó, más de 950.000 dosis contra la covid-19 se han aplicado a cerca de 600.000 personas, de las cuales 345.000 ya recibieron las dos dosis correspondientes.

El mandatario celebró que, pese a la pandemia, en el 2020 las exportaciones crecieron un 1,9% y se anunciaron nuevas inversiones y la caída de la economía fue de 4,1% en vez del 4,5% calculado en un principio.

Además, en el trimestre pasado, en la Hacienda Pública, se registró, por primera vez en 11 años, un superávit primario.

Urge aprobar plan del FMI

Sin embargo, en materia fiscal aseguró que se debe continuar con la ruta de consolidación de las finanzas públicas.

Por eso, urgió la aprobación de seis proyectos del plan de ajuste fiscal negociado por Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional (FMI), del que solo la reforma al empleo público goza de consenso legislativo.

Bancadas de oposición se niegan a aprobar las restantes iniciativas que garantizarían más ingresos al Gobierno Central, al tiempo que piden más planes de reactivación económica.

“La estabilidad económica y política son condiciones indispensables para el crecimiento y el bienestar. Es clave la activación de nuestra economía. Pero la retórica de solo hablar de reactivación evadiendo la estabilidad es irresponsable, porque no es posible crecer a plenitud hasta que sentemos bases firmes para nuestras finanzas nacionales”, reaccionó Alvarado.

La reforma al empleo público, que es el proyecto más avanzado de la agenda negociada con el FMI, generaría un ahorro del 0,95% del PIB por la implementación de un salario global de un monto único, al tercer año de su implementación.

Otros cuatro planes en su conjunto generarían el equivalente al 0,97% de la producción en nuevos ingresos.

Se trata de un proyecto de reducción o eliminación de exoneraciones fiscales, incluido el salario escolar, un impuesto del 25% a los premios de lotería superiores a los ¢225.000, la implementación de la renta global dual y una modificación al tributo de las casas de lujo.

Una sexta iniciativa, que obligaría a las empresas públicas a aportar hasta el 20% de sus utilidades anuales al pago de deuda pública, por un periodo de cuatro años, daría un rendimiento del 0,15% del PIB.

De no aprobar ese paquete, advirtió el mandatario, “el próximo gobierno entrará en su primer año en un terreno enlodado, teniendo que arreglar problemas que hoy podemos y debemos dejar solucionados”.

“Es la forma para que tengamos los recursos sanos para hacer realidad, sin penurias, nuestros anhelos como sociedad. Pido, por lo tanto, respetuosa y enfáticamente a este parlamento, la aprobación del acuerdo con el FMI y su agenda adjunta”, dijo.

Fue categórico al señalar que la posibilidad de no avanzar en la agenda negociada con el Fondo representa “el riesgo más inminente y grave que se cierne sobre Costa Rica”. También declaró que el acuerdo con el FMI “es la vacuna para la estabilidad que necesitamos”.

Al mismo tiempo, aseguró que el plan no contiene despidos de funcionarios públicos, no vende activos del Estado, no incrementa el impuesto al valor agregado (IVA) y tampoco grava a los más pobres.

“Sí reduce el gasto público, principalmente, a la vez que genera ingresos solidarios y progresivos como en el caso de los tributos a las casas de lujo, los premios de lotería, las remesas o la renta global.

“Genera mayor igualdad eliminando exoneraciones que benefician a unos, pero a costas de los demás, y pone a las empresas públicas, las de todas y todos, a aportar para ser parte de la solución”.

Diputados ponen trabas

Varias tiendas políticas de oposición reafirmaron, el 1°. de mayo, su oposición a aprobar “nuevos impuestos”, en alusión a las iniciativas de ese paquete que contienen eliminación de exoneraciones fiscales o nuevos ingresos.

Así lo dijeron con claridad el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Heriberto Abarca y el coordinador del bloque independiente Nueva República, Jonathan Prendas.

El Partido Restauración Nacional (PRN) también se ha opuesto a los tributos, mientras que María José Corrales, jefa de bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), indicó que la lista de iniciativas “debe pasar por el tamiz de un debate imprescindible”.

“Se equivocaría el Poder Ejecutivo si da por sentado que los proyectos propuestos serán aprobados en los términos actuales, sin el debate requerido.

“Costa Rica debe ir mucho más allá de un eventual acuerdo con el FMI. Y plantearle esa visión al país, es una responsabilidad de este Gobierno, que ha dilatado ese esfuerzo”, advirtió la verdiblanca.

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Desarrollo de obra pública para generar empleos

Una vez superada la pandemia y la crisis fiscal, el mandatario se propuso aumentar la recuperación del empleo que, a febrero del 2021 continuó con su proceso de reducción al situarse en el 18,5%, equivalentes a 452.000 personas que buscan un trabajo, pero no lo encuentran.

Para seguir con esa ruta, se comprometió a continuar con el desarrollo de obra pública. Sin embargo, no profundizó sobre cómo revitalizar la generación de empleo en el sector privado.

Dijo que vía concesión de obra pública se avanzará con el desarrollo de Ciudad Gobierno, un complejo de ocho edificios que se construirían cerca de Plaza González Víquez para albergar oficinas de 16 instituciones.

La obra, que se encuentra varada desde hace cinco años, reduciría los costos de alquiler del Gobierno y revitalizaría la capital, San José, al tiempo que generaría 3.000 empleos en su desarrollo, de acuerdo con el discurso del mandatario.

De forma similar, dijo que en materia de agua y saneamiento en las comunidades, se avanza con la construcción de 32 obras de agua potable y 6 de saneamiento que generarán cerca de 3.000 empleos directos.

Expresó que la carretera a San Carlos ya tiene financiamiento, con una ruta clara para su conclusión en 2025. También están en firme la adjudicación del paso a desnivel de La Galera, en Curridabat, así como los contratos de los diseños y construcción de los pasos subterráneos de los Hatillos.

“¿Qué le respondemos al niño que aun va a la escuela por camino de lastre y que se ensucia su uniforme por barro o por polvo?”, preguntó el presidente ante el plenario legislativo.

“Lo haremos enviando al Congreso un crédito para que la próxima administración pueda seguir con la tarea de tratar con sello asfáltico toda la red nacional que hoy está en lastre. Al ritmo que hemos llevado, a más tardar en 2026 toda la red nacional contará con sello asfáltico y el lastre será cosa del pasado.

“Este crédito también contempla la mejora de puentes en todo el país y la construcción de la radial de Desamparados”, agregó.

Sin detallar el monto, anunció que su gobierno presentará en la corriente legislativa otro crédito para infraestructura educativa.

“El tiempo no alcanzará para que nuestro gobierno logre ejecutar ese crédito, pero le dejaremos a la próxima administración (a partir del 8 de mayo de 2022) la herramienta para seguir adelante con este sueño de igualdad de oportunidades en todos los rincones”, anunció Alvarado.

Aseveró en su rendición de cuentas que entre 2019 y 2020 se construyeron 256 centros educativos nuevos. También se repararon 216, para lo cual se debió reestructurar la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativa (DIEE), entidad del MEP responsable de infraestructura educativa.

Sobre la modernización del transporte público, además de anunciar que dejará licitado el Tren Eléctrico Metropolitano, dijo que seguirá adelante con el impulso al pago electrónico, el fortalecimiento de la modalidad de buses y la intermodalidad.

“Con una estrategia de movilidad no motorizada y con la claridad de que el desarrollo urbano tiene que orientarse al transporte público. Así echamos a andar los nuevos trenes de Incofer hace una semana”, mencionó.