Cejil critica decreto de Chaves sobre refugiados y le pide derogarlo

La organización solicitó al al mandatario derogarlo.

Cejil señaló que las medidas ordenadas por Chaves profundizan la deuda histórica del Estado con la población migrante.

“El decreto del 1.° de diciembre del año 2022 contraviene abiertamente los estándares internacionales de derechos humanos, pues lesiona el derecho a buscar y recibir asilo, el debido proceso, el derecho de defensa y el acceso a las diversas instancias, además de lesionar el derecho a trabajar de las personas solicitantes y refugiadas así como su libertad de tránsito”, puntualizó.

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Chaves publicó el cuestionado decreto el 1.° de diciembre del 2022, con el propósito de “cerrar el abuso de una vez por todas”, según dijo en conferencia de prensa.

El documento impone un plazo máximo de un mes desde la entrada al país para que las personas migrantes soliciten refugio. También prohíbe que salgan del país, y quien lo haga, pierde su condición.

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) también señaló que el Estado no otorgaría permisos de trabajo a las personas solicitantes de forma inmediata.

Las determinaciones de Chaves se han desmoronado ante múltiples recursos de amparo presentados en la Sala Constitucional. Cuatro sentencias en fila confirman las violaciones de derechos.

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Cejil también criticó lo que consideran como “requisitos incumplibles” que solicita Costa Rica a la población migrante.

Señalaron que estos filtros generan costos y demoras que conducen a un “círculo vicioso de irregularidad migratoria”, imposibilitando a las personas trabajadoras migrantes el acceso de condiciones laborales equitativas y empujándolas a la informalidad.

“La irregularidad laboral expone a las personas trabajadoras a situaciones abusivas como lo son recibir un salario 40% inferior, falta de medidas de seguridad en el ambiente laboral y malos tratos, entre otros. En vista de sus necesidades, muchas personas se han resignado a trabajar en condiciones sin garantías”, agregó.

Añadió que la informalidad provocada por la irregularidad migratoria agrava la susceptibilidad a sufrir abuso laboral, discriminación y trata, situaciones complejas de prevenir y denunciar en sectores privados, como el de las trabajadoras domésticas.

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“Le solicitamos al Estado de Costa Rica que adecúe su marco normativo para derogar el decreto, y garantizar vías de regularización adecuadas y viables para los diferentes perfiles e interseccionalidades de las personas, reduciendo los costos migratorios y simplificando trámites”, comunicó Cejil.

Las organización también llamó la atención sobre el escaso registro que existe tanto del flujo de personas trabajadoras migrantes como del acceso a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como a condiciones laborables justas.

Esto, señalaron, se agrava debido a la reducción de presupuesto y recursos estatales para la atención de procesos de regularización migratoria.

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El comunicado también fue firmado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Asociación Scalabriniana al Servicio de Migrantes, la Asociación Enlaces Nicaragüenses en Costa Rica, el Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (Cenderos) y el Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA Casabierta).

El pronunciamiento completo se encuentra en este enlace.