La diputada Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó la noche del jueves 500 mociones más al proyecto de reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada (expediente 23.090), el cual fue catalogado como urgente por el fiscal general, Carlo Díaz.
Se trata de 250 mociones para modificar la iniciativa por el fondo y sus respectivas mociones de revisión, lo que complica el avance de la iniciativa.
Según había dicho el fiscal general, la reforma legal es urgente para impedir que presuntos jefes del crimen organizado queden libres.
Carlo Díaz explicó que, si el texto no entra en vigencia antes del 6 de junio, el Poder Judicial no tendría la posibilidad de ampliar los plazos de prisión preventiva a sospechosos de narcotráfico y otros delitos de crimen organizado, lo que es necesario porque las investigaciones sobre este tipo de criminalidad son complejas y toman tiempo.
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A las 500 mociones que ahora puso Carolina Delgado se suman las 100 que ya tenía presentadas otro liberacionista, Danny Vargas. Ninguno de los dos forma parte de esa comisión parlamentaria.
De hecho, los 10 integrantes del órgano legislativo, incluyendo los diputados que representan al PLN, están totalmente de acuerdo en que la iniciativa avance lo más pronto posible.
Consultada sobre las nuevas mociones, Delgado insistió en su posición de que el expediente 23.090 tiene “serias deficiencias y puede causarle un grave perjuicio al Estado y a los costarricenses”.
El plazo que tenían los diputados para tramitar el proyecto en la Comisión de Seguridad ya venció. Ahora, las mociones se podrán conocer directamente sin discusión, antes de pasar el dictamen al plenario de cara al periodo de sesiones extraordinarias que empieza el 1.° de mayo, en el cual el Gobierno controla la agenda de la Asamblea Legislativa.
Delgado cuestionó que la Comisión de Seguridad no haya ampliado el plazo, pues alegó que eso “evidencia el interés por no discutir y no debatir estos cambios”.
El contenido del proyecto
El proyecto de ley establece que, para los casos de crimen organizado ventilados en jurisdicción ordinaria, el Ministerio Público tendría un plazo de 24 meses para las investigaciones preparatorias.
Además, se duplicaría el plazo ordinario de prisión preventiva para los sospechosos, así como los plazos establecidos para la etapa intermedia de los procesos judiciales.
También, se duplicarán los plazos para la continuidad y suspensión de los debates de los juicios, y para interponer recursos de sentencia y casación.
Dl proyecto postergaría la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada para el 2023, una vez que se cuente con contenido presupuestario, además de que regularía los casos que serán vistos en esta sección.
Argumentos de Delgado
Carolina Delgado alega que el proyecto no resuelve la discusión sobre la vigencia o no del artículo 2 de la actual Ley contra la Delincuencia Organizada y alegó que eso “jurídicamente no permite la realización de intervenciones telefónicas ni la ampliación de medidas cautelares de prisión preventiva por medio de un procedimiento especial”.
La verdiblanca arguyó que el proyecto es inconstitucional porque “plantea la retroactividad de la aplicación del proceso penal, lo que puede afectar derechos previamente adquiridos por las personas imputadas”.
Los alegatos de Delgado sobre el artículo 2 obedecen a lo siguiente: en el 2017, los diputados aprobaron una ley para crear la Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado, la cual derogaba los artículos 2, 3, 6 (parcialmente) 7 y 9 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, pues ya no iban a ser necesarios.
Originalmente, la ley 9481 entraría a regir en octubre del 2018, pero como no hubo presupuesto para ello, los diputados aprobaron otro proyecto para aplazarla hasta el 14 de octubre del 2019.
Luego, una vez más, el Congreso postergó la aplicación de la norma en forma indefinida por la persistencia de problemas presupuestarios, pero la nueva postergación rigió a partir del 30 de octubre del 2019.
Según la diputada Delgado, existió un plazo de 16 días (entre el 14 y el 29 de octubre del 2019) en que la Ley 9481 se hizo efectiva y, por ende, derogó el artículo 2.
Por ello, ella insiste en que se debe restituir el artículo 2, pero los demás diputados sostienen que ello implicaría reconocer la derogatoria y poner en riesgo casos de crimen organizado.
La liberacionista dijo que la quieren silenciar y “continuar aceptando el error que quiere perpetuar el Poder Judicial”.