El fiscal general de la República, Carlo Díaz, advirtió a los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa de la urgencia de aprobar la reforma a la Ley de Jurisdicción Especializada para evitar que jefes del crimen organizado queden libres.
Díaz explicó, en conferencia de prensa este jueves, que de no reformarse la ley, el Poder Judicial no tendría la posibilidad de ampliar los plazos de prisión preventiva, lo que es necesario porque las investigaciones sobre este tipo de criminalidad son complejas.
El fiscal general aseguró que, en junio próximo, muchos de los cabecillas de las organizaciones criminales podrían quedar libres y, luego de haber perdido los terrenos donde tenían control de la criminalidad, eso podría desatar una ola de homicidios.
De hecho, advirtió que las proyección es que a final de año el recuento de homicidios llegue a 800 o 900.
“Tenemos grupos criminales en prisión y estas personas, ya en libertad, van a tratar de recuperar los terrenos perdidos y esto va a aumentar los homicidios, que ya son bastante altos”, puntualizó.
Carlo Díaz agregó que, si esos cabecillas quedan libres en junio, “imagínese o haga la multiplicación de los homicidios que se darían”.
La reforma fue defendida por Carlo Díaz y Patricia Solano, magistrada presidenta de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia. El plan se encuentra en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso.
La presidenta de ese órgano, la diputada Gloria Navas, enfatizó que ella tiene nueve legisladores en ese foro, de todas las fracciones, de acuerdo en promover el avance de esa ley, con un procedimiento más rápido y ágil, porque “es fundamental que entre en vigencia”.
Navas destacó que es fundamental la reforma para ampliar los plazos de prisión preventiva, así como los plazos para realizar el debate y para dictar sentencia y para la deliberación.
La diputada recordó que el juicio a la narcotraficante conocida como “La reina del Sur” duró un año y se tuvo que realizar en un salón del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Precisamente, Patricia Solano enfatizó que el Poder Judicial viene trabajando con el presupuesto ordinario y así se pudo hacer la remodelación del edificio de los tribunales del Primer Circuito Judicial de San José, que albergará la Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado.
La jefa de Liberación Nacional, Kattia Rivera, dijo que los voceros de las fracciones legislativas pidieron luz a las autoridades judiciales sobre los proyectos que necesitan total prioridad.
“Ya nos dijeron que es el 23.090 y por qué. La tarea de cada uno es llevarlo a su fracción, hacer el análisis y la afectación que se podría generar por el asunto de los tiempos, y a partir de ahí seguir construyendo con la agenda”, puntualizó.
Sobre la oposición de los liberacionistas Carolina Delgado y Danny Vargas a ese proyecto, Rivera dijo que los legisladores miembros de la Comisión de Seguridad, Dinorah Barquero y Alejandra Larios, han dicho abiertamente que ellos sí están a favor.
“Ahora, vamos a hacer un diálogo interno en la fracción para que ellos nos argumenten por qué están presentando más mociones”, dijo.
La jefa del partido de gobierno, Pilar Cisneros, negó que haya acuerdos todavía, porque viene Semana Santa, y los partidos no se han puesto aún de acuerdo, sino que se trató de plantear varias rutas.
“Una es que Liberación trate de convencer a Carolina Delgado y a Danny Vargas para que retiren algunas de las 400 y pico de mociones; otra es la de Fabricio Alvarado, que una vez se cumpla el plazo del proyecto, ya solo se tendrían que aprobar o rechazar las mociones”, apuntó.
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Cisneros alegó que ya el Poder Ejecutivo decidió empezar las sesiones extraordinarias con el plan sobre jornadas laborales flexibles, por lo que se tendría que negociar cuál será la prioridad.
También, adujo que ella no está de acuerdo en dejar de lado el plan de jornadas flexibles por los proyectos de seguridad.
“Hay empresas internacionales a la espera de esa reforma para venirse o ampliar operaciones. Urge generar nuevos puestos, eso es la urgencia”, puntualizó.
Daniela Rojas, jefa de la Unidad Social Cristiana (PUSC), también dijo que no se ha definido nada, más que la discusión de posibilidades, aunque ella enfatizó que su bancada está totalmente a favor del 23.090.
El frenteamplista, Jonathan Acuña, celebró el avance que se tuvo respecto a la idea de impulsarlo, por la urgencia que planteó el fiscal general.
