La brecha entre los salarios de los sectores público y privado alcanzó su punto máximo en julio, en medio de una de las coyunturas económicas más críticas en la historia del país.
En ese mes, justo cuando el sector privado había perdido casi 90.000 puestos de trabajo con respecto a la época prepandemia, el salario promedio en el Estado se alejó mucho más del que recibe el resto de la población asalariada.
Y la causa principal no fue una caída en las remuneraciones privadas, sino un incremento en los pagos para los empleados estatales.
El sueldo medio en el aparato público subió prácticamente a ¢1,2 millones en julio, mientras que en el sector privado era de poco menos de ¢558.000.
Eso significa que el sueldo promedio en el sector privado llegó a equivaler apenas un 46% del que se recibe en el Estado, creando una brecha de ¢642.000.
En marzo, al principio de la pandemia, el salario medio en el sector privado representaba un 56% del público: ¢600.000 frente a ¢1.070.000 mensuales.
Así se desprende de datos actualizados del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el cual recibe mensualmente los reportes de planillas de todo el país.
La diferencia es mucho mayor al comparar los datos del sector privado con los salarios de las instituciones autónomas, es decir, las que están fuera del Gobierno.
En ese caso, el salario promedio del sector privado llegó a representar apenas un 42% del público en julio: ¢558.000 frente a ¢1.322.000.
En ese mes, los salarios en las instituciones autónomas percibieron un fuerte incremento que, incluso, los alejó mucho más de los que perciben los funcionarios de los ministerios.
El sueldo promedio en el Gobierno era de ¢1.056.000, un 80% de lo que pagaron las autónomas.
En julio, el Sicere registró el salario promedio más alto desde el 2018 en instituciones como la CCSS, las universidades públicas, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), los bancos públicos y las municipalidades.
El sueldo medio alcanzó los ¢1.322.000 después de que el mes anterior, en junio, la cifra era de ¢1.132.000.
Ese comportamiento en las instituciones descentralizadas estuvo marcado por un fuerte incremento salarial en los sectores que el Sicere califica como “administración pública y defensa”.
Dentro de las 17 clasificaciones que registra el Sicere, la de “administración pública y defensa” pasó de un salario promedio de ¢1.226.000 a uno de ¢1.624.000 entre junio y julio.
Este sector reúne a 80.000 de los casi 145.000 empleados del sector público descentralizado, más del 55%.
Solo en julio, el Estado gastó un total de ¢128.700 millones en este grupo y, de este monto, poco más ¢31.500 millones obedecieron al incremento.
Las otras categorías mejor pagadas son la bancaria, la de electricidad, gas y agua, y la de enseñanza. Estas dos últimas más bien registraron una leve baja en julio.
Pero no solo gozan de buenos salarios. Estas secciones también poseen las cifras más altas de empleados descentralizados.
Este es el caso de la enseñanza, segunda categoría con mayor cantidad de empleados, donde laboran casi 25.000 personas, equivalente al 14% de toda la masa laboral de las instituciones autónomas.
La tercera casilla es ocupada por intermediación financiera, acaparando un 11% de los funcionarios.
Las secciones con menor cantidad de empleados son hoteles y restaurantes , y hogares privados con servicio doméstico, con 76 y 67 trabajadores respectivamente.
Explotación de minas y canteras registra cero funcionarios desde julio del 2020.
Al observar el comportamiento de los salarios en las instituciones autónomas desde el 2018, se nota que al menos una vez al año se registran picos inusuales.
En el 2019, por ejemplo, estos incrementos se presentaron en marzo y en agosto, con salarios promedio por encima de los ¢1,3 millones.
Después del mes de julio de este año, la brecha entre los salarios de los sectores público y privado regresó a los niveles prepandemia.
En setiembre, el sueldo privado promedio equivalía a un 50% del que pagan las instituciones autónomas y a un 54% del que paga el Gobierno, rangos muy parecidos al promedio del año pasado.
No obstante, la cantidad de asalariados en el sector privado se redujo en un 8%, mientras que en las autónomas creció en un 0,4% y, en el Gobierno, bajó en un 1,7%.
Se solicitó a Sicere la explicación del aumento salarial de los funcionarios de las instituciones autónomas, sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Por su parte el Ministerio de Hacienda indicó : “Por tratarse de instituciones autónomas el Ministerio de Hacienda no tiene acceso a esos sistemas de pagos, por lo que esta consulta debe realizarla en cada una de ellas”.
Estos datos no toman en cuenta la situación de los desempleados ni de los trabajadores informales que no cotizan para los seguros de Salud y de Pensiones de la CCSS.
Actualmente, el Congreso discute un proyecto de ley de reforma al empleo público.
Este proyecto busca terminar con las disparidades que se presentan en el sector público, donde una diversidad de pluses salariales aumenta los salarios de forma desordenada.
Recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que Costa Rica tiene una gran fragmentación en el sector público, con grandes diferencias salariales para un mismo puesto, al tiempo que contabilizó poco más de 200 tipos pluses salariales.
La reforma al empleo público pretende que se definan salarios globales para ocho grupos o familias de puestos en el sector público.
La medida se aplicaría para que, por un mismo trabajo, se pague un mismo sueldo, independientemente de la institución pública para la que se labore.
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