Diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Acción Ciudadana (PAC), así como la independiente Zoila Rosa Volio, presentaron en la corriente legislativa un texto sustitutivo que excluye a los funcionarios actuales de la reforma al empleo público.
El texto, negociado con el Poder Ejecutivo, fue presentado en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, y mantiene la idea inicial del Gobierno de aplicar un salario global solo para futuros servidores públicos.
Con esa decisión, se pretende que los nuevos empleados públicos reciban un salario competitivo por sí solo, sin necesidad de los pluses salariales que disparan el gasto público mientras pasan los años.
El nuevo texto cubriría a las empresas públicas en competencia, como el ICE, el INS y los bancos públicos, los cuales estaban excluidos en la versión original.
La moción de texto sustitutivo fue presentada esta tarde en el último día establecido para presentar mociones de fondo a la iniciativa, antes de que sea sometida a votación por el fondo en comisión para, luego, pasar al plenario.
La votación de esta nueva redacción se realizaría el próximo 20 de octubre.
Firmaron la nueva redacción de la iniciativa de ley los liberacionista Luis Fernando Chacón y Jorge Fonseca; junto al rojiamarillo Víctor Morales Mora, quien preside ese foro de diputados.
Volio, quien hace una semana había valorado la posibilidad de abrir la discusión de incluir a los actuales funcionarios públicos dentro de la reforma, también dio su respaldo a la nueva redacción.
“Nos hemos inclinado en respaldar la propuesta inicial planteada, en el sentido de que el salario global se aplique a los funcionarios de nueva contratación sin incluir a los trabajadores que hoy ya están en la administración publica prestando sus servicios”, justificó Morales.
El presidente de la comisión aseveró que, para tomar esa decisión, se tomaron en cuenta consideraciones jurídicas en el campo laboral, más allá de lo constitucional donde, según dijo, le parece que no está la discusión.
Sin embargo, en la comisión no mencionó cuáles serían esas valoraciones. “De modo que el texto sustitutivo que estamos respaldando este grupo de diputados y en el marco de esas reflexiones, está colocado en la línea de mantener la nueva propuesta de salario global para las contrataciones nuevas”, añadió Morales.
Posteriormente, tras consulta de La Nación, el rojiamarillo aseveró que, si se incluye a los actuales funcionarios en el salario global, se estaría exponiendo al Estado a eventuales demandas laborales, porque, según indicó, se estarían variando condiciones contractuales.
“Es lo que en derecho se llama ius variandi abusivo”, afirmó. Esa misma justificación la ha dado el liberacionista Chacón y el restauracionista Carlos Avendaño, sin explicar de qué jurista viene ese criterio.
Morales dijo que la discusión en ese aspecto de la iniciativa de ley queda abierta, dado que otros diputados como el socialcristiano Pablo Abarca, presentaron mociones y otra propuesta de texto sustitutivo que sí incluiría en la reforma a los actuales funcionarios.
También, agregó Morales, es probable que los diputados que acordaron este texto sustitutivo presenten mociones que habiliten la posibilidad de que los actuales trabajadores públicos puedan emigrar al salario global.
Morales también explicó que la nueva redacción es el resultado de un ejercicio de “análisis y discusión” que un grupo de legisladores realizó durante las dos últimas semanas.
Mencionó que parte de los cambios negociados contempla la inclusión en la reforma a las empresas públicas en competencia, dado que la versión inicial del Gobierno las excluye.
Entre ellas, mencionó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y a los bancos públicos.
Además, expuso que se dejan clara las funciones de Mideplán, la cual se convirtió en el ente rector del empleo publico con la reforma fiscal del año 2018.
“Había preocupación de que Mideplán se convertiría en un superministerio. Eso se fue aclarando, afinando para que se ajustara a lo que es el espíritu. La intención no es que Mideplán andará girando órdenes de cómo se nombra un oficinista en el Poder Judicial o en las universidades públicas que son autónomas. No es ese el ánimo”.
"Esa rectoría puede expresarse en instrucciones y directrices, pero si se trata de instituciones que gozan de autonomía institucional, no se tocan más que lineamientos generales para que las instituciones se organicen de acuerdo con sus propios procedimientos. ", subrayó.
El diputado de la bancada oficialista dijo que, en la negociación, participaron las ministras de Planificación y de Educación Pública, Pilar Garrido y Giselle Cruz.
Destacó que la propuesta es innovadora, concibe al sistema de empleo público único que se articula a través de ocho familias de trabajadores. Indicó que replantea mecanismos de evaluación, reclutamiento, capacitación y remuneración.
Sin embargo, el diputado Abarca objetó el nuevo texto y llamó a sus colegas a aprovechar la coyuntura actual de crisis fiscal del país para incluir a los actuales funcionarios públicos dentro de un salario global, lo cual en su criterio generaría un importante ahorro a las finanzas públicas.
Abarca presentó otro texto que sí incluye en la reforma a los actuales funcionarios públicos.
“Si estamos planteando en un texto sustitutivo que exista la aplicación para los trabajadores actuales, pero sin violar las condiciones que tienen hoy, no hay peligro de indemnización”, aseveró.
Abarca indicó que una forma de inclusión sería establecer la posibilidad de que, en seis meses, los funcionarios actuales que tengan un salario inferior al global puedan emigrar voluntariamente.
“La ley de reforma fiscal también le otorgó la orden a la administración pública para que todos los contratos tengan plazo y se terminen. Y es clara en que, si en los seis meses la persona no emigra, cuando se acabe el contrato que mantiene su actual salario pasará al salario global”, aseveró.
Abarca añadió que, para aquellos que tengan un salario superior al global, se les podría congelar y solo se les actualizaría por el costo de vida.
“No estamos en posición antagónica. Este no es un tema para hacer feos, es un tema de que aprovechemos la oportunidad histórica trascendental para Costa Rica y que no la desperdiciemos por pendejadas. Hay que tomar las decisiones que este país requiere”, pidió.
Pedro Muñoz, también diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), afirma que el nuevo texto del PLN y PAC debilitan al Servicio Civil y le transfiere atribuciones al Mideplán, “y por otro lado le impide a los trabajadores actuales pasarse al salario global”. señaló Muñoz.