Aarón Sequeira. 27 noviembre, 2018
Welmer Ramos (izquierda) y Eduardo Cruickshank (derecha) firmaron el proyecto junto a José María Villalta (fuera de foto). Junto a ellos, en la imagen, Víctor Morales Mora. Foto: Rafael Pacheco

Los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos impulsaron un proyecto de ley para eliminar el privilegio que infla los salarios de los médicos y demás profesionales en ciencias de la salud del sector público.

Se trata de la figura del enganche salarial, contenida en la Ley de Incentivos Médicos, la cual exige aumentar los salarios de estos funcionarios cada vez que el Gobierno le otorgue un incremento a cualquier otro empleado incluso por incentivos. Esta norma aplica para todo el sector público, no solo para los médicos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

El texto que eliminaría esa obligatoriedad fue dictaminado positivamente la semana pasada después de que lo presentaron los diputados Welmer Ramos, del PAC; Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional, y José María Villalta, del Frente Amplio, a inicios de setiembre.

Este es uno de los cinco proyectos pactados entre las fracciones parlamentarias para complementar la reforma fiscal pues, durante su trámite, los diputados decidieron desechar una propuesta de Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), para eliminar ese enganche salarial en esta iniciativa.

El desenganche salarial modifica la redacción del artículo 12 de la Ley de Incentivos Salariales para los Profesionales en Ciencias Médicas, a fin de eliminar la norma que actualmente permite que, cuando haya aumentos en cualquiera de los gremios del sector público, también los médicos reciban un incremento.

La redacción actual del artículo 12 de la ley 6836 dice así:

"Cada vez que se efectúe un aumento general de salarios para los empleados o funcionarios públicos del Gobierno Central, incluso por incentivos generales o aumentos de carácter general, que no se integren a la base salarial, las personas profesionales en Ciencias Médicas, con grado académico de Licenciatura o uno superior, tendrán como mínimo un aumento porcentual, igual al porcentaje en que aumentó el salario promedio de los empleados y funcionarios públicos.

“Sin embargo, por ningún motivo el salario total promedio de los profesionales en Ciencias Médicas podrá ser inferior al salario total promedio de otros profesionales del Gobierno Central o de las instituciones autónomas, en escalafones equivalentes; se entiende que no se considerarán los ingresos que perciban los notarios por dicho trabajo o función.”

Con el nuevo proyecto, la nueva redacción del artículo 12 de la ley 6836 quedaría de esta forma:

“El salario total promedio de los profesionales en ciencias médicas con grado académico de licenciatura o uno superior no podrá ser inferior al salario total promedio de otros profesionales del Gobierno central o de las instituciones autónomas en escalafones equivalentes; se entiende que no se considerarán los ingresos que perciban los notarios por dicho trabajo o función.”

Aunque el desenganche había sido incluido dentro de la reforma fiscal, gracias al voto del presidente de la comisión fiscal, Welmer Ramos, la presión del gremio médico y varios criterios técnicos lo llevaron a reconsiderar su planteamiento y, finalmente, voto por revisar la decisión y finalmente se desechó la propuesta de Pedro Muñoz.

El criterio aportado por los técnicos parlamentarios indicaba que haber introducido el desenganche habría generado problemas, no por desvincular los aumentos entre los médicos y los empleados públicos, sino porque también se eliminaba otro enganche salarial que se genera entre los salarios de los médicos públicos y los privados.

La propuesta dictaminada en Jurídicos evita hacer ese otro desenganche y solamente se centra en desligar los incrementos de los funcionarios con los salarios de los profesionales en Ciencias Médicas.

Para Welmer Ramos, el avance del proyecto es prueba del consenso logrado para alcanzar la sanidad de las finanzas públicas. También, destacó que la iniciativa busca eliminar lo que considera “un privilegio injustificado y un mecanismo salarial oneroso para el Estado".

El oficialista alega que es necesario que los beneficios concedidos a los gremios estén más acordes con la realidad económica del país y la equidad entre actividades laborales.