Escuchar40 diputados aprobaron en segundo debate, este martes, el proyecto de ley que establece penas de hasta 35 años de cárcel para los crímenes que se cometan motivados por el odio, en particular a raíz de prejuicios relacionados con la etnia, religión u orientación sexual de la víctima.
Se trata del expediente 21.652, del congresista Enrique Sánchez Carballo, del Partido Acción Ciudadana (PAC). El plan conlleva un incremento de hasta 17 años en las penas contra quienes cometan homicidios por este tipo de prejuicios.
Dentro del concepto de crimen de odio, también se describen los cometidos por motivos de nacionalidad, opinión política, situación migratoria, identidad o expresión de género, discapacidad o características genéticas.
Actualmente, los asesinatos que alguien comete a raíz de estos prejuicios son calificados como homicidios simples, porque existe un vacío en el Código Penal sobre la tipificación de esos hechos.
La reforma legal eleva su tipificación para denominarlos como “homicidio calificado” y que, en consecuencia, los culpables puedan recibir penas de entre 20 y 35 años, y no de 12 a 18 años, como lo establece hoy la ley.
El cambio se realiza al añadir un inciso 11 en el artículo 112 del Código Penal.
Sánchez destacó que, con esa ley, Costa Rica se convierte en el país 49 de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que reconoce y penaliza con la sanción más grave de su legislación los homicidios que se cometan por odio.
“Este es un compromiso que el país venía arrastrando desde hace muchísimos años en las evaluaciones que cada cuatro años se realizan en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, dijo el oficialista.
Sánchez enfatizó que estos asesinatos no son iguales a cuando se derivan de un robo, una riña o una disputa. Sostuvo que existe una saña diferente cuando el acto es cometido por un credo, o contra una mujer trans o un migrante en condición irregular.
“Las poblaciones altamente vulnerabilizadas tienen que tener una protección especial cuando son agredidas o asesinadas, como ha ocurrido en muchos lugares y sigue ocurriendo hoy”, mencionó el congresista.
El frenteamplista José María Villalta comentó que la reforma fortalece la legislación costarricense y podría contribuir a erradicar ese tipo de crímenes del suelo costarricense.
“El derecho penal está reservado para las conductas más graves y, sin duda alguna, qué puede ser más grave que el homicidio, privar a alguna persona de su vida, pero sobre todo cuando la agresión está motivada por el odio por su pertenencia a algún grupo de la sociedad, alguna minoría, o por sencillamente expresar sus opiniones”, indicó Villalta.
