Con 36 votos a favor y cuatro en contra, los diputados aprobaron este martes la ley de generación distribuida, la cual permitirá a los consumidores producir su propia electricidad e inyectar los excedentes a la red nacional para obtener créditos aplicables en sus recibos de energía.
El plan aprobado en primer debate solo permite utilizar esta figura con recursos generados a partir de fuentes renovables, como el sol o el viento. La venta de excedentes se daría solo si hay una justificación motivada y razonada técnicamente.
El nuevo esquema estará abierto tanto para clientes empresariales como residenciales. “Yo, usuario o consumidor, decido si produzco mi propia electricidad o si se la compro al operador”, explicó la diputada liberacionista Paola Valladares, impulsora del proyecto.
La congresista añadió que su legislación busca, en primera instancia, dar seguridad jurídica a los consumidores, pues,en la actualidad, la generación distribuida se rige por el reglamento del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
La justificación de la iniciativa, al citar cifras recopiladas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), dice que ,para finales del 2017, existían en el país cerca de 670 abonados productores de energía, los cuales generaron un total de 6,2 Gigawatts hora (GWh).
La cifra se triplicó en el 2018 (18,7 GWh) y en el 2019 alcanzó los 35 GWh, con casi 1.800 generadores distribuidos.
La legisladora explicó que el plan ayuda en la transición de la generación de electricidad a partir de megaconstrucciones -como las hidroeléctricas- hacia un sistema de pequeñas unidades, el cual ahorraría los costos. Esas pequeñas unidades podrían ser paneles solares o aerogeneradores de energía eólica.
“Es un servicio que no precisamente lo tiene que dar el Estado a través de su monopolio. Esto es importantísimo”, subrayó.
Añadió que su plan reactiva la economía, al quitar el tope del 15% actual para generadores privados. Con la nueva legislación, los distribuidores de cada circuito podrán definir qué porcentaje de energía pueden producir sus clientes.
“Con el tope actual, se ha limitado al sector productivo. Si tengo un hotel y está topado el porcentaje de generación habilitado, ya no puedo optar por usar paneles solares y seguiría pagando mucho de consumo eléctrico, cuando hay muchos ejemplos sobre cómo el uso de paneles disminuye la tarifa.
“Esto, al final, se traduce en reactivación económica. Una pequeña, mediana empresa y sector industrial reduce sus costos de operación, tendrá mayor flujo de caja, generará mayor empleo y mejores precios al usuario final, dependiendo de la actividad a la que se dedique”, resaltó la legisladora.
A nivel de gobernanza, la nueva legislación deja en el Minae la rectoría ambiental y energética, como ocurre ahora. La Aresep funge como ente regulador y el ICE recibe competencias sobre generación distribuida.
La ley se aprobó luego de que los congresistas Paola Vega, independiente; José María Villalta, del Frente Amplio, y Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC), retiraran las 32 mociones de reiteración que se le habían presentado al texto en el plenario.
Los diputados, en sesiones anteriores, habían evacuado 26 de esas mociones de ajuste, de las 58 presentadas. La votación en segundo debate la fijó la presidencia legislativa para el jueves 21 de octubre.
El proyecto solo permite utilizar esta figura con recursos generados a partir de fuentes renovables, como el sol o el viento. (cortesía CCGD)
