EscucharEl 27 de abril, cuatro días antes de que finalizara su cuatrienio en el Congreso, los anteriores diputados aprobaron un proyecto de ley que excluyó de la regla fiscal a todos los recursos del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Esa Asamblea Legislativa liberó de esa norma —que busca contener el crecimiento del gasto público—, a todas las instituciones de bienestar social que reciben transferencias de Fodesaf, pero solo en lo que corresponde a la administración de esos recursos, no a su presupuesto como un todo.
A esa conclusión llegó la Procuraduría General de la República (CGR) tras interpretar el contenido de la Ley N.° 10234, la cual contiene la citada exclusión. Así se lo hizo saber a Jorge Luis Araya, director a. i. de Presupuesto Nacional, del Ministerio de Hacienda, quien consultó sobre si la liberación aplica solo a la presupuestación o también incluye a las instituciones que lo reciben.
En su pronunciamiento, el abogado del Estado aclaró que en esa legislación, se exime de la regla fiscal a todos los dineros que conforman el Fodesaf, que son de gasto corriente, no solo referente a su presupuesto.
Por consiguiente, el procurador Alonso Arnesto Moya, determinó el pasado 20 de julio, que las instituciones que reciben esos fondos, aún estando ellas mismas sujetas a un tope en su presupuesto, quedan eximidas de la regla.
Sin embargo, aclaró que la liberación es solo “en el acto concreto de presupuestar los recursos que les fueron asignados de dicho fondo y ejecutarlos para dar cumplimiento a los programas de desarrollo social que tienen encomendados a favor de las poblaciones más vulnerables”.
Entre los recursos exentos de la regulación están el 4% que Fodesaf gira al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el 8% para becas escolares del programa Avancemos y el 2,62% de la Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS), del Ministerio de Salud, de acuerdo con la legislación que distribuye esos dineros.
Lo mismo ocurre para el 2,59% del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y al 5,18% del Ministerio de Educación Pública (MEP) para el programa de comedores escolares, entre otras entidades.
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El tope
Solo para este año, Hacienda estableció un tope de 1,96% al crecimiento del Presupuesto Nacional, con relación al 2021. Los ingresos de Fodesaf, provenientes del aporte del 5% del patrono sobre el salario de cada trabajador, se estimaron en ¢408.027 millones.
No obstante, el monto global del fondo alcanzaría los ¢493.709,6 millones si se agrega las contribuciones de los regímenes especiales de pensiones, de acuerdo con la justificación de la Ley de Presupuesto Nacional del 2022.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, por su parte, aseguró que lo eximido de la regla fiscal, en cuanto al presupuesto de Fodesaf y su distribución para este año, sería de ¢621.897 millones.
“Según la regulación de Procuraduría General de la República todo está exento de la regla fiscal”, resaltó el jerarca.
En su explicación, la PGR argumentó que si la liberación aprobada por los diputados, el pasado mes de abril, solo incluyera el monto presupuestado, el ajuste carecería de sentido porque las instituciones sujetas al tope la regla fiscal no podrían utilizar los recursos.
La interpretación de la Procuraduría es coincidente con un informe de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), del Ministerio de Hacienda, en cuanto a que “todos los recursos que conforman el Fodesaf, sin diferenciar entre los órganos o entidades que se encargan de su distribución”, quedan excluidos del tope del gasto establecido por regla.
Acuerdo para eximir a Fodesaf
Los diputados anteriores incorporaron la exoneración en la Ley N°. 10234 para atraer inversiones de Zonas Francas fuera del Gran Área Metropolitana (GAM). La legislación se aprobó en definitiva el 27 de abril, cuatro días antes de finalizara el anterior cuatrienio constitucional del Congreso 2018-2022.
Como incentivo fiscal para la atracción de ese tipo de inversiones en la periferia del país, la legislación establece una exoneración total del aporte al Fodesaf para las empresas, durante los primeros cinco años de operación.
Para los años seis y siete, el pago asciende al 1% sobre el salario del trabajador y para el octavo al 2%. A partir del año nueve, las zonas francas amparadas con esta ley, pagarán el 5% como lo hace el resto de empresas que operan en el país.
Un acuerdo alcanzado por los anteriores diputados, en la recta final de la discusión, permitió liberar a todos los recursos del Fodesaf de la regla fiscal, como una forma de compensar lo que significaría la exoneración a las empresas en zonas francas fuera de la GAM.
Lo hicieron mediante moción presentada por varios diputados, encabezados por José María Villalta, del Frente Amplio, quien se incorporó al dictaminado en la Comisión de Gobierno y Administración, justo en abril pasado.
