EscucharLos diputados alcanzaron, este martes por la tarde, un acuerdo que finalmente allanó el camino al proyecto de ley que busca promover la instalación de zonas francas fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).
El consenso implicó quitar el muro de 127 mociones que impedía el avance del expediente y aprobarlo en primer debate, pero bajo el acuerdo de que se aprobará una modificación este jueves, luego de devolver la iniciativa a la etapa anterior al primer debate, lo que reglamentariamente se conoce como retrotracción.
El objetivo del proyecto es generar una decena de nuevos incentivos para que empresas en régimen de zona franca se instalen en zonas rurales, costeras y fronterizas, a fin de generar mayores oportunidades de empleo a los habitantes de estas regiones.
Sin embargo, legisladores como José María Villalta, del Frente Amplio, la independiente Paola Vega y los oficialistas Welmer Ramos y Luis Ramón Carranza, tenían dudas sobre los efectos de esos incentivos en el financiamiento de instituciones del sector social.
El proyecto exonera a las empresas que se instalen fuera de la GAM del pago de cargas sociales que nutren al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Esa exoneración del pago para nuevas empresas es total durante los primeros cinco años, y parcial durante el segundo quinquenio. Las compañías tendrían que empezar a pagar a partir del año 10.
La exoneración recae, por ejemplo, sobre el pago establecido en la ley del Fodesaf que obliga a los patronos públicos y privados a destinar, para ese fondo, un monto equivalente al 5% del total de sueldos y salarios que pagan mensualmente.
La posición de Villalta y Vega era que exonerar el pago para el Fodesaf debilitaría el fondo. La congresista puntualizó que temían que empresas ya existentes buscaran migrar para evadir esas obligaciones que hoy tienen.
“Logramos cerrar ese portillo, de manera que el incentivo sea solo para empresas absolutamente nuevas y arreglamos el escalonamiento y la gradualidad con que se le dejaría de pagar al Fodesaf”, indicó.
En tanto, el liberacionista Carlos Ricardo Benavides explicó que los impulsores del proyecto defendían que se trata de recursos que hoy no recibe el Fodesaf y que recibirá a partir del quinto año, parcialmente, y en su totalidad a partir del décimo.
Finalmente, el acuerdo con el frenteamplista es que esa carga social pueda estar exonerada durante un quinquenio, que se pague un 1% durante tres años y, a partir del octavo, se pague la mitad, o sea, un 2,5%. A partir del año 10, la carga ya se pagaría en su totalidad: un 5%.
Además, se permitirá que la presupuestación y ejecución de los recursos del Fodesaf sean excluidos de la regla fiscal. Vega mencionó que esto permitirá la ejecución de recursos de manera más eficiente, y eso resuelve los problemas de una “eventual afectación del fondo”.
En el caso de los oficialistas, parte de su reclamo era que el proyecto promueve la competencia desleal entre las empresas en régimen de zona franca y las de régimen tradicional, además de que consumirían recurso humano.
En ese sentido, el acuerdo entre promotores del proyecto y Carranza fue que se establezca el deber de la Comisión de Promoción de la Competencia de mantenerse vigilante para que no se desmejoren las condiciones de las partes.
Los incentivos
El proyecto plantea crear nuevas categorías de empresas en régimen de zona franca, que serían servicios de salud humana (odontológica, oftalmológica y cirugía estética), insumos (agrícolas, pecuarios y pesqueros) y parques sostenibles de aventura.
Además, se introducen exenciones tributarias adicionales para sectores como agroindustria, alimentario, manufactura liviana, infraestructura turística y servicios, siempre que cumplan con el requisito de inversión inicial de $250.000 fuera de la GAM.
Benavides enfatizó que el proyecto representa un antes y un después en inversión para las zonas más alejadas de la GAM, que han estado abandonadas y no han recibido inversión de zonas francas.
El verdiblanco enfatizó que el proyecto se fundamenta en amplios estudios de la Agencia Costarricense de Promoción de Inversiones (Cinde) y de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).
“Una vez que se apruebe, las costas, las fronteras y las zonas rurales más alejadas, pasando por Limón, Guanacaste y Puntarenas pueden incorporar nuevas empresas”, comentó.
Pablo Abarca, jefe de la Unidad Social Cristiana (PUSC), dijo que el plan sería un primer paso sustancial para atender la disparidad de desarrollo que existe en zonas alejadas del Área Metropolitana.
“Lo que pretende es una acción afirmativa en incentivar inversión en esas zonas, incentivos que podrían sustituir las falencias estructurales, como fibra óptica o infraestructura general, pero que generan oportunidades de empleo, que han sido de una u otra forma imposibles de concretar”, dijo el socialcristiano.
