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El jefe de la fracción del PUSC, Pablo Abarca, sostuvo que la iniciativa permitirá a contribuyentes y municipalidades superar el cobro de las deudas en medio de la crisis económica y sanitaria generada por la pandemia.
Los diputados aprobaron este lunes, en segundo debate, un proyecto de ley que autoriza a los ayuntamientos y los concejos municipales de distrito a perdonar las deudas que tengan sus contribuyentes por el pago de impuestos y otras cargas relacionadas con los servicios municipales.
La iniciativa, firmada por Pablo Abarca, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), junto con 13 diputados, establece que el perdón total o parcial será autorizado a los contribuyentes sobre los recargos, intereses o multas que adeuden al gobierno local respectivo.
La votación en segundo debate recibió el apoyo de los 42 congresistas presentes en la sesión del plenario.
La condonación solo será efectiva en el caso de que los sujetos pasivos paguen la totalidad del principal de su deuda, o bien hagan un arreglo de pago según lo permite la ley aprobada. Las gestiones las tendrá que hacer el contribuyente ante la administración tributaria del municipio.
El beneficio se autoriza por una sola vez, a raíz de los efectos que ha tenido la pandemia del covid-19 en las finanzas de los contribuyentes municipales.
La iniciativa aprobada le otorga a los ayuntamientos y los concejos municipales de distrito la definición de las condiciones para implementar el perdón de los recargos, intereses y multas, de acuerdo con un estudio técnico y un plan de condonación que deberán elaborarse.
El proyecto establece un periodo de nueve meses a partir de la publicación del expediente para que los contribuyentes puedan formalizar los arreglos de pago con su administración municipal respectiva.
Una vez hecho el arreglo de pago, el contribuyente tendrá hasta 24 meses para concretar la cancelación de la deuda principal que tenga pendiente por concepto de impuestos y tasas.
También podrán acogerse a ese beneficio aquellos contribuyentes que se encuentren en etapa de cobro judicial, pero antes deberán cancelar los honorarios del abogado externo, los gastos de perito en que haya incurrido la municipalidad y las costas procesales.
El proyecto establece que no se podrá otorgar la condonación en los casos en que exista una denuncia o una situación denunciable ante el Ministerio Público, por presuntas irregularidades o delitos.
Tampoco se autoriza la condonación a los recargos, intereses o multas por el impuesto de construcción, multa de parquímetros o por infracción a la Ley de regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico.
El diputado Pablo Abarca aseguró que el plan permitirá a los costarricense y a las municipalidades mejores oportunidades para superar el cobro de ese pago.
“La crisis en que hemos estado todos metidos, de gente sin empleo o con negocios cerrados, requiere este tipo de herramientas para que todos podamos salir adelante”, aseveró el jefe del PUSC.
La iniciativa se tramitó de forma acelerada en el plenario, luego de que se dispensó de los trámites legislativos.
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