19 municipalidades usaron ley de emergencia para disparar gasto administrativo
Cartago, Montes de Oro, Curridabat y otras no tuvieron caída en ingresos por pandemia, pero, usaron ley que los excluyó de regla fiscal para aumentar gasto administrativo, revela Contraloría
En octubre de este año, los alcaldes liderados por Johnny Araya, alcalde de San José y presidente de la UNGL, se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa para exigirles a los diputados que le quitaran dinero al Conavi y se lo diera a las municipalidades, para el mantenimiento de vías cantonales. Foto: Cortesía Municipalidad de San José.
Las municipalidades de Cartago, Curridabat, Montes de Oro, Golfito, Mora, Turrialba, San Carlos y Upala figuran entre las 19 que aprovecharon una ley de emergencia –aprobada por los diputados con el fin de enfrentar la crisis de la pandemia– para aumentar los gastos de administración, revela un informe de la Contraloría General de la República (CGR).
La que disparó más sus costos administrativos con base en esa ley es la de Cartago, que usó ¢775 millones. Le siguen la de Montes de Oro, en Puntarenas (¢175 millones); Golfito (¢132 millones); Guácimo (¢121 millones) y Curridabat (¢86 millones), entre otras. Quienes pagaron la factura fueron los habitantes de esos cantones, con el Impuesto a Bienes Inmuebles o los superávits acumulados.
La Ley #9848, aprobada por 40 legisladores en mayo del 2020, dos meses después de que entró el virus a Costa Rica, la propuso María José Corrales, del Partido Liberación Nacional (PLN) con el fin de liberar a gobiernos locales de la regla fiscal.
Su intención era que los 82 municipios, ante una supuesta caída en ingresos debido a la crisis económica por la covid-19, tuvieran fondos para garantizar la continuidad de servicios como agua, seguridad, cementerio, recolección y tratamiento de basura.
Sin embargo, ninguna de esas 19 municipalidades vieron disminuidos sus ingresos. Todo lo contrario, entre 2020 y 2021 registraron números por encima del presupuesto proyectado, determinó la Contraloría. ¿Por qué entonces se aprovecharon de la ley? Porque ninguno de los legisladores pensó en poner restricciones o condiciones para aplicarla, dice el informe.
Incluso, la CGR cuantifica el monto aprovechado: “a pesar de que no tuvieron una afectación a sus ingresos, emplearon dichos mecanismos por una suma de ¢2.686 millones –en 2021– (¢1.762,4 millones en el 2020), lo cual representa un 74% del total de recursos que se usaron” el año pasado. Al desglosar esos ¢2.686 millones, salta a la vista que es más el gasto administrativo (¢1.600 millones) que lo invertido en servicios (¢1.086 millones).
A quien verdaderamente sí favoreció la ley fue a 16 municipalidades en el 2021, pues sus ingresos fueron menores a lo presupuestado, dice el informe.
Además, revela cuán positivas estuvieron las finanzas municipalidades en general en el primer y segundo año de pandemia: “Los ingresos reales a nivel del sector municipal presentaron un incremento del 7,76% respecto al 2020, pasando de ¢725.460 millones en el 2020 a ¢781.9242 millones en el 2021, para una diferencia de ¢56.464 millones”. Esa mejora, dice, podría ser producto de las moratorias y arreglos de pago que permitió esa ley a los contribuyentes.
Alcaldes y funcionarios municipales se manifestaron en mayo de 2020 frente al Congreso para exigir la aprobación de la ley que los liberó de la regla fiscal y permitió el aumento en gasto. (Aarón Sequeira)
La Contraloría también hace un llamado de atención a los diputados para que, al redactar proyectos de ley, impongan límites que impidan lo sucedido con estas 19 municipalidades, que no tenían razón para aumentar gastos administrativos y, aún así, lo hicieron. En ese sentido, instó al Congreso a tener en cuenta “los riesgos que implica el permitir a una institución el aumentar sus gastos administrativos sin establecer los criterios técnicos necesarios para su uso”.
Y agrega que este tipo de legislaciones tan flexibles más bien propician “una deficiente gestión financiera”.
Desde que el plan que llevó a emitir la Ley #9848 fue propuesto, la Contraloría advirtió de sus consecuencias negativas. “No se encuentra la motivación para aumentar los gastos administrativos o generales en la atención de la emergencia, siendo que la prioridad sería orientar los recursos hacia los servicios de atención y en menor grado en partidas asociadas a gastos administrativos o generales, respecto de las cuales incluso podría presentarse un ahorro debido a las medidas de distanciamiento social y teletrabajo”, dijo la entidad en abril de 2020. Sin embargo, los diputados desoyeron su mensaje y cedieron ante las presiones de los alcaldes.
La Municipalidad de Cartago, que con ¢775 millones es la que más recursos tomó para cubrir los gastos administrativos, los financió con ¢771 millones de superávits y el resto de ingresos por impuesto de bienes inmuebles. No tenía necesidad de hacerlo porque logró cumplir en un 101% los objetivos de recaudación propuestos en el presupuesto 2021.
La Nación buscó la reacción del alcalde de Cartago, Mario Redondo, pero al cierre de edición no había logrado una respuesta. No obstante, en abril del 2020, cuando los diputados discutían el plan, declaró ser “resistente” a la ampliación del gasto municipal. “Por lo general, yo soy resistente a liberar límites de gasto, entonces no estoy convencido aún de que eso sea necesario y conveniente. Por el contrario, creo que este es un momento para que las municipalidades se reinventen y que disminuya el gasto administrativo y se hagan mucho más eficientes”.
Por su parte, María José Corrales defendió en ese momento su proyecto al aducir que “es necesario flexibilizar el sistema de gastos municipales ante la imperativa necesidad de asumir los gastos que se asocian a la emergencia”.
Ella previó que la recaudación de tributos bajaría por la covid-19, con lo cual los ayuntamientos tendrían que asumir gastos adicionales para atender la crisis.
María José Corrales, diputada del PLN, propuso la ley al suponer que los ingresos municipales caerían por la crisis de la pandemia. Su plan no incluyó límites a municipios que sí lograran sus proyecciones. (Jeffrey Zamora R)
