Los diputados aprobaron este martes, en segundo debate, el proyecto de ley que liberará a las municipalidades de la regla fiscal, pese a los criterios negativos de la Contraloría General de la República (CGR), el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Ministerio de Hacienda.
La iniciativa 21.922 fue avalada con 43 votos a favor y cinco en contra mientras que unos 40 alcaldes, funcionarios municipales y el sindicalista Albino Vargas realizaban una concentración en plena pandemia, con más de un centenar de personas, en las afueras del Congreso.
Bajo el argumento de que los ayuntamientos urgen de recursos para afrontar la crisis económica originada por la pandemia del coronavirus, el proyecto eximirá a los ayuntamientos, de forma permanente, de la regla fiscal.
La regla fiscal es un mecanismo, introducido en la reforma fiscal del 2018, para ponerle un freno al crecimiento del gasto corriente en todo el sector público, lo que incluye salarios, intereses y transferencias.
El proyecto aprobado este martes, además, les permitiría a los ayuntamientos romper temporalmente otros límites al gasto administrativo establecidos en legislación municipal.
Básicamente, podrán aumentar de un 40% a un 50% el porcentaje de ingresos ordinarios que pueden destinar a gastos administrativos y subir de un 10% a un 40% el porcentaje de recaudación del impuesto de bienes inmuebles destinado a ese tipo de gastos, durante los años 2020 y 2021.
La única salvedad que hicieron los diputados es que las municipalidades sí deben aplicar la regla fiscal con los recursos que les transfiere el Gobierno Central, los cuales deben destinarse a mantenimiento de vías y obras de desarrollo.
Los votos a favor del proyecto en segundo debate provinieron de estos legisladores:
Liberación Nacional (PLN): Ana Lucía Delgado, Luis Fernando Chacón, Carlos Ricardo Benavides, Silvia Hernández, Karine Niño, María José Corrales, Roberto Thompson, Paola Valladares, Daniel Ulate, Luis Antonio Aiza, Franggi Nicolás, David Gourzong y Aida Montiel.
Acción Ciudadana (PAC): Enrique Sánchez, Catalina Montero, Nielsen Pérez, Víctor Morales, Paola Vega, Carolina Hidalgo, Luis Ramón Carranza, Laura Guido y Welmer Ramos.
Restauración Nacional (PRN): Eduardo Cruickshank, Xiomara Rodríguez, Carlos Avendaño, Melvin Núñez, Floria Segreda, Mileidy Alvarado y Giovanni Gómez.
Unidad Social Cristiana (PUSC): Erwen Masís, Aracelly Salas y Shirley Díaz
Republicano Social Cristiano (PRSC): Otto Roberto Vargas y Dragos Dolanescu
Integración Nacional (PIN): Patricia Villegas
Nueva República (PNR): Carmen Chan, Harllan Hoepelman, Nidia Céspedes, Marulin Azofeifa e Ignacio Alpízar
Frente Amplio: José María Villalta
Independientes: Erick Rodríguez y Zoila Volio
Votaron en contra Yorleny León y Jorge Fonseca, del PLN; Jonathan Prendas, del bloque PNR; Pedro Muñoz y María Vita Monge, del PUSC.
En tanto, se salieron del plenario durante la votación Gustavo Viales, del PLN; Pablo Abarca, María Inés Solís y Óscar Cascante, del PUSC; Walter Muñoz, del PIN; y la independiente Ivonne Acuña.
¢90.000 millones más en gasto administrativo
Varios criterios, como el de la liberacionista Yorleny León, insisten en que no hay ninguna evidencia de que las alcaldías requieran la flexibilización aprobada en segundo debate, menos de forma permanente como lo hicieron los legisladores.
De acuerdo con un pronunciamiento emitido por la Contraloría, la semana anterior, el gasto municipal podría aumentar hasta en ¢90.000 millones con este proyecto.
El informe añade que el plan “lesiona el principio constitucional de responsabilidad fiscal” establecido en el artículo 176 de la Constitución.
Según el ente contralor, la aplicación de límites menos estrictos al gasto podría llevar un incremento significativo en los gastos administrativos municipales.
La entidad también considera que el proyecto va más allá de ser la supuesta “herramienta” para gestión financiera por el estado de emergencia y que contiene temas que van más allá de la necesaria atención de la pandemia.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, manifestó que se opone a la iniciativa porque si la indisciplina fiscal es perjudicial en tiempos normales, lo es mucho más en tiempos de crisis.
“Nos oponemos al proyecto”, dijo el jerarca, quien pidió al Consejo Fiscal pronunciarse sobre la propuesta.
El Consejo Fiscal, órgano asesor del Ministerio de Hacienda, aún no se ha pronunciado debido a la renuncia de uno de sus miembros.
Rodrigo Chaves expuso su posición el mismo día en que la calificadora de riesgo Fitch redujo la calificación de Costa Rica. El ministro dijo, ante esa noticia, que el cumplimiento de la regla fiscal era fundamental para asegurar la credibilidad de los inversionistas en la sostenibilidad fiscal del país.
Pese a la posición de Hacienda, fue precisamente a instancias del Poder Ejecutivo, bajo presión de los legisladores y alcaldías, que se pudo aprobar el proyecto en primer debate, en sesiones extraordinarias, el 30 de abril.
Además de Yorleny León, quien votó también el primer debate en contra, el liberacionista Jorge Fonseca anunció que cambiaría su voto, de favorable a contrario, en esta segunda votación.
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