“La rebaja refleja mayores riesgos (…), por un calendario de amortización abrupto y restricciones de endeudamiento, en un contexto de contracción económica causada por los efectos de la pandemia de coronavirus”, afirmó Fitch en su comunicado.

Fitch destacó que la crisis sanitaria llega en un momento en que el país tiene un estrecho margen para enfrentarla debido al rápido crecimiento de la factura de los intereses y la carga ascendente de la deuda pública.

“El Gobierno dependerá del desembolso de préstamos multilaterales este año para asegurar el financiamiento del presupuesto. Sin embargo, el acceso incierto al mercado externo junto con un mercado interno de capitales que se ha vuelto costoso plantea riesgos financieros”, destacó la calificadora estadounidense.

El pasado 30 de abril, el Gobierno anunció que prevén finalizar este año con un déficit de 8,6% del PIB. Pero su financiamiento implicará la aprobación de una seria de créditos externos que requieren de autorización del Congreso.

Entre los empréstitos destacan uno con el Fondo Monetario Internacional, por $508 millones; con el Banco Mundial, por $500 millones; y con el Banco Centroamericano de Integración Económica, por $250 millones.

Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, aseguró que en parte, la rebaja en la calificación del país se ve influenciada en la la incertidumbre que genera la aprobación de los préstamos de organismos internacionales, dada la percepción de diferencias entre el Gobierno y los legisladores sobre dichos empréstitos.

“Sería útil que las diputadas y los diputados disipen las dudas sobre la responsabilidad que tiene el país de cumplir con todos sus compromisos con las familias, las empresas, los proveedores y las instituciones del Estado”, afirmó el jerarca en un comunicado de prensa.

Chaves también enfatizó que el cumplimiento de la regla fiscal es fundamental para asegurar la credibilidad de la sostenibilidad fiscal del país.

Fitch incluso advirtió de que el país enfrentaría resultados económicos y fiscales débiles este 2020 y en el 2021, en el caso de una segunda oleada de infecciones y nuevas medidas de confinamiento.

La nota de riesgo otorgada por Fitch a Costa Rica se considera de grado especulativo, es decir, que el riesgo de incumplimiento de las obligaciones del deudor es significativamente alta, según la metodología de la agencia estadounidense.

LEA MÁS: Gobierno proyecta bajar histórico déficit a 8,6% del PIB, pero requiere aprobación de nuevas leyes

Golpe a producción

El comunicado de la agencia prevé que el producto interno bruto (PIB) del país se contraiga 4% debido a la fuerte caída de los ingresos de los hogares y las empresas, lo cual afectará la demanda interna y elevará el desempleo.

“La demanda externa es altamente vulnerable dada la interrupción esperada del turismo y la contracción económica de los socios comerciales, particularmente los Estados Unidos, que es el destino del 40% de las exportaciones de bienes de Costa Rica”, recalcó la agencia calificadora.

Tal contracción generará un golpe a las finanzas públicas, lo cual implicará que crezca la necesidad del uso de la deuda para financiar el pago de intereses, como el gasto presupuestado para atender a los más afectados por la pandemia sanitaria.

“Fitch estima necesidades de financiamiento soberano de casi el 13% del PIB para 2020 (3,8% del PIB en pagos de deuda y 9% del PIB para financiamiento presupuestario). Además permanecerá por encima del 12% de la producción en 2021 y 2022, debido al aumento de las amortizaciones”, afirmó la agencia.

Para el economista José Luis Arce, la reducción en la calificación refleja la precaria situación fiscal del país agravada por el shock pandémico y sobre todo, la extrema vulnerabilidad del financiamiento en el sentido de depender de un conjunto de préstamos externos en negociación.

“La calificación castiga fuertemente elementos cualitativos especialmente en el plano político en el sentido del pésimo track récord que tenemos para alcanzar acuerdos que contribuyan a corregir la situación”, destacó el especialista.

Consultado sobre cómo evitar que otras calificadoras de riesgo (Moody’s o Standard & Poor’s) sigan los pasos de Fitch, el economista manifestó que la clave es que el Gobierno tenga un conjunto de medidas de ajuste fiscal que contribuyan a crear la confianza de que, después de la crisis sanitaria, las finanzas gubernamentales serán sostenibles en el mediano plazo.

“Eso requiere al menos tres cosas: un ajuste significativo y no cosmético al gasto público, aumentar temporalmente la carga tributaria y mostrar una estrategia de financiamiento transparente y consistente, para el 2020 y especialmente para 2021 y 2022”, indicó.

Sobre el impacto que esta rebaja de Fitch pueda tener en los precios de los bonos costarricenses, Freddy Quesada, gerente del puesto de bolsa INS Valores, consideró que no genera implicaciones adicionales a las ya conocidas por los efectos de la pandemia.

“Los bonos de Costa Rica presentan ajustes importantes hacia la baja, como también los tienen otros países de similar calificación. La deuda externa ya presenta ajustes importantes y mostraba precios acordes con la calificación de riesgo”, indicó.

Dado que la mayor parte del financiamiento de Gobierno para el 2020 se obtuvo de préstamos externos con organismos multilaterales, Hacienda no presionaría las tasas de interés internas hacia arriba, de momento, destacó Quesada.

Para el especialista, el reto del Gobierno será en el financiamiento de los gastos el próximo año, pues habrá mayores vencimientos de deuda, comparado con el 2020, y será muy probable la necesidad de acudir a los mercados internacionales donde el costo del endeudamiento podría ser mayor.

Colaboraron los periodistas: Esteban Ramírez y Patricia Leitón.