El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, anunció este viernes su oposición al proyecto de ley que liberaría a las municipalidades de aplicar la regla fiscal.
Bajo el alegato de que así les ayudarán a los gobiernos locales a afrontar la pandemia del covid-19, los legisladores aprobaron la reforma aunque, a última hora, aclararon que la liberación de la regla fiscal solo aplicaría para los ingresos propios de las municipalidades y no para los provenientes del Gobierno Central.
“Nos oponemos al proyecto. La indisciplina fiscal en tiempos normales es perjudicial para el país, con mucha más razón en tiempos de crisis”, escribió el ministro Chaves en su cuenta de Twitter.
“Ayer le solicité al Consejo Fiscal pronunciarse sobre el proyecto de ley que busca permitir a las municipalidades no cumplir con el tope de gasto establecido por ley, con la regla fiscal”, agregó.
El Consejo Fiscal es una instancia técnica e independiente, creada por decreto en marzo pasado, que emite criterios sobre el desempeño de la situación fiscal del país.
Está integrado por el abogado Allan Saborío y los economistas José Luis Arce y Boris Segura.
“El Ministerio de Hacienda comparte el criterio de la Contraloría General de la República y del Banco Central de Costa Rica”, agregó el ministro Chaves.
El mismo día que los diputados aprobaron ese proyecto de ley, esas dos entidades lanzaron advertencias.
El BCCR calificó el proyecto de perjudicial para la salud de las finanzas públicas, al señalar que se fundamenta en una premisa contraria a la lógica y la intuición económica.
“El razonamiento es que, ante la emergencia sanitaria y la correspondiente caída en la actividad económica y en los ingresos de las municipalidades, lo que procede es aumentar los gastos municipales. Es decir, el proyecto se funda en el argumento de que, en respuesta a la eventual reducción en los ingresos de las municipalidades (…) es preciso aumentar sus gastos. Eso, por supuesto, iría en perjuicio de la salud de las finanzas públicas”, destacó el BCCR en su comunicado.
A su vez, la contralora general, Marta Acosta, declaró que no hay ningún sustento técnico ni datos certeros que justifiquen eximir a los gobiernos locales de la disciplina fiscal.
Este plan todavía no ha sido aprobado en segundo debate.
El proyecto también les permitirá a las municipalidades aumentar de un 40% a un 50% el porcentaje de los ingresos ordinarios que pueden destinar a gasto administrativo.
A la vez, permitiría cuadruplicar el porcentaje de la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles que se destina a gastos administrativos. Se rompe el tope del 10% y se establece hasta un 40% durante los años 2020 y 2021.
