En una sesión que se extendió por más de cinco horas, los diputados aprobaron este jueves un proyecto que libera parcialmente a las municipalidades de la aplicación de la regla fiscal, bajo el alegato de que así les ayudarán a afrontar la pandemia del covid-19.

La regla fiscal es el mecanismo, establecido en la reforma fiscal, que le pone un límite al crecimiento del gasto corriente del sector público, lo que incluye salarios, pago de servicios y transferencias, por ejemplo.

El proyecto aprobado este jueves también les permitirá a las municipalidades aumentar de un 40% a un 50% el porcentaje de los ingresos ordinarios que pueden destinar a gasto administrativo.

A la vez, el texto autorizará que los ayuntamientos cuadrupliquen el porcentaje de la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles que se destina a gastos administrativos. Se rompe el tope del 10% y se establece hasta un 40% durante los años 2020 y 2021.

El proyecto municipal recibió el aval de 41 legisladores. Solo tres votaron en contra: Pedro Muñoz y María Vita Monge, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y de Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Horas antes de la votación, el Banco Central (BCCR) emitió un comunicado en el que calificó el proyecto de perjudicial para la salud de las finanzas públicas, al señalar que se fundamenta en una premisa contraria a la lógica y la intuición económica.

“El razonamiento es que, ante la emergencia sanitaria y la correspondiente caída en la actividad económica y en los ingresos de las municipalidades, lo que procede es aumentar los gastos municipales. Es decir, el proyecto se funda en el argumento de que, en respuesta a la eventual reducción en los ingresos de las municipalidades (…) es preciso aumentar sus gastos. Eso, por supuesto, iría en perjuicio de la salud de las finanzas públicas”, destacó el BCCR en su comunicado.

También, luego de ser juramentada en el Congreso para un segundo periodo de ocho años, la contralora general, Marta Acosta, declaró que no hay ningún sustento técnico que justifique eximir a los gobiernos locales de la disciplina fiscal.

Acosta aseguró que no hay datos certeros, ni siquiera en manos de la Contraloría General, que respalden el beneficio de quitar los topes de gasto a los ayuntamientos de forma permanente.

Pese a estos criterios y ante la presión de alcaldes en el Museo de los Niños, los diputados siguieron adelante con el proyecto, incluida la decisión de eximir a las municipalidades de la regla fiscal de forma definitiva.

No obstante, a última hora hicieron un ajuste en el texto, en el que aclararon que la liberación de la regla fiscal no aplica para los recursos que el Gobierno Central les transfiere a los ayuntamientos.

A favor y en contra

Los congresistas hablaron tanto a favor como en contra de la decisión de liberar a las municipalidades.

La liberacionista Yorleny León, por ejemplo, aseguró que el proyecto merecía una discusión más a fondo y manifestó que ella, como presidenta de la Comisión de Gasto Público, cree en la “importancia de la regla fiscal para el país”.

“Me resulta incoherente apoyar una ley que atenta contra lo que hemos defendido a un altísimo costo. No contamos con elementos técnicos que nos permitan decirle al país por qué las municipalidades deban quedar fuera de la regla fiscal”, aseguró.

León añadió que la decisión de los legisladores traiciona el espíritu con que se aprobó la reforma fiscal en diciembre del 2018 y enfatizó que la Sala Constitucional nunca tuvo reparo en que se aplique la regla fiscal a las municipalidades

Ella también culpó al Gobierno de la aprobación de ese proyecto, porque fue el Poder Ejecutivo el que lo convocó y puso en la agenda parlamentaria.

Al contrario de León, la verdiblanca Paola Valladares -quien era funcionaria de la Municipalidad de Turrialba- sostuvo que es una necesidad apoyar desde el plenario a los gobiernos locales por los “momentos de crisis que están pasando”.

Según Valladares, la pandemia ha hecho que descienda la recaudación de impuestos municipales. De igual forma, los liberacionistas Silvia Hernández, Daniel Ulate y Roberto Thompson hablaron en favor de la iniciativa.

Al igual que en el PLN, en la Unidad también hubo choque de criterios. Erwen Masís (exalcalde de San Mateo) defendió la iniciativa y dijo que a las municipalidades hay que apoyarlas, porque podrían tener problemas para pagar sus planillas este y el otro año.

“Efectivamente, se levantan restricciones de orden fiscal, que puedan compensar problemas con otros programas financieros municipales. Se requiere ese tipo de flexibilidad por este y el próximo año”, adujo Masís.

En tanto, su compañero Pedro Muñoz criticó la propuesta y dijo que el texto final no fue consultado a la Contraloría ni al Banco Central.

“Muy bonitas y muy floridas las palabras que le dijimos a la contralora el día que la elegimos, pero esas palabras el viento se las llevó”, afirmó Muñoz.

María Vita Monge, también del PUSC, sintonizó con Pedro Muñoz y enfatizó en las críticas de la contralora y el BCCR.

Permisos de la ley

Sobre el rompimiento de los topes al gasto administrativo, el proyecto impide que los recursos se puedan utilizar para la creación de nuevas plazas municipales.

Lo que sí les permite es usar dichos recursos en la prestación de servicios municipales como agua, cementerios, seguridad y gestión de residuos.

Por otra parte, se eximirá a las municipales de menor calificación, en el Índice de Gestión Municipal del año 2018 de la Contraloría, de pagar cualquier rubro a Radiográfica Costarricense (Racsa) por la capacitación, implementación y uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

El texto original pretendía eximir a las municipalidades de hacer sus compras por SICOP, pero esa parte se eliminó.

La iniciativa también establece que los municipios no tendrán que transferirle al Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda el 1% de lo recaudado por el impuesto de bienes inmuebles, sino la mitad durante dos años: el 2020 y el 2021.

Lo mismo sucede con la obligación de transferirle el 3% a la Junta Administrativa del Registro Nacional de la Propiedad, pues el proyecto reduce esta obligación de cada municipalidad a la mitad, igualmente por dos años.

El proyecto también autoriza a los bancos públicos a readecuar las deudas de las municipalidades y los concejos municipales de distrito, siempre que demuestren afectación financiera por la pandemia de covid-19.

Entre los permisos que establece la ley, por dos años, se avala que los ayuntamientos usen los recursos del superávit libre y específico para garantizar la continuidad de los servicios municipales en los cantones, pero no para nuevas plazas.

Lo que no se gaste en garantizar la continuidad de los servicios, se podrá usar para otros servicios municipales y gastos administrativos, pero no plazas.

En el caso de las transferencias del Gobierno Central, también se permite que los gobiernos locales puedan usarlos para los servicios municipales de agua, seguridad, gestión de residuos y cementerios, además de gastos administrativos.