Juan Fernando Lara Salas. 29 junio
Cultivo de piña para exportación en la zona de Pital de San Carlos. El Minae emitió una orden para alejar este tipo de producción de zonas silvestres protegidas y fuentes de agua. Foto: Cortesía de Cruz Roja Costarricense para LN.
Cultivo de piña para exportación en la zona de Pital de San Carlos. El Minae emitió una orden para alejar este tipo de producción de zonas silvestres protegidas y fuentes de agua. Foto: Cortesía de Cruz Roja Costarricense para LN.

La contaminación de fuentes de agua por siembra de piña y otros productos llevó al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) a emitir, la semana anterior, una directriz para impedir la proliferación de estos cultivos en Áreas Silvestre Protegidas (ASP).

La directriz No-0006-2020, del 26 de junio anterior, prohíbe el establecimiento de cualquier monocultivo en estas áreas con excepción de plantaciones forestales.

Quedan así prohibidas las siembras de piña, banano, arroz, pastos y palma aceitera; entre otros.

La directriz abarca desde reservas forestales, zonas protectoras, Parques Nacionales y reservas biológicas hasta refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales.

El documento ordena a toda dependencia del Minae y órganos bajo su rectoría abstenerse de promover cualquier tipo de conciliación u otra medida alterna de solución de conflictos en caso de procesos penales o administrativos, cuando se trate de delitos o faltas ligadas a monocultivos y la contaminación resultante de esa actividad.

“En cada denuncia que se presente se deberá incluir claramente la oposición institucional, desde el inicio, a cualquier medida alterna de conciliación, a efectos de que así conste a la Procuraduría General de la República en su labor atinente”, precisa el documento suscrito por el jerarca del Minae, Carlos Manuel Rodríguez.

La directriz cita un informe sobre contaminación de aguas subterráneas y superficiales en el Caribe norte, emitido por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) sobre prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de piña.

Además, incluye hallazgos de otro análisis sobre contaminación de aguas que hicieron el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el SFE, entre 2018 y 2019.

Esas investigaciones descubrieron contaminación por plaguicidas como Bromacil, Carbaril, Carbofuran, Clorpirifos, Diazinon, Diuron, Malation y Propiconazol, todos asociados a monocultivos, en fuentes de aguas como, por ejemplo, en el río Toro y afluentes, y en el río Tres Amigos y afluentes que alimentan zonas silvestres protegidas.

La directriz indica que, por medio del proyecto Monitoreo del Cambios del Uso de la Tierra en los Paisajes Productivos (Mocupp) del Minae, se estimó que para el 2018, el país contaba con 65.670 hectáreas (ha) sembradas de piña.

Su siembra se localiza principalmente en la región Huetar Norte, la cual aporta el 67% de la cobertura nacional. Destaca dentro de esta zona, el distrito de Pital (San Carlos) con 7.510 hectáreas.

Mientras, la región Huetar Caribe aporta el18% del área sembrada; la Brunca, el 14%; y la región Pacífico central, el 1%.

La nueva directriz ordena al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (Sinac) combatir en forma activa estas actividades agrícolas, para lo cual le pide establecer una estrategia para la atención, denuncia y eliminación de invasiones por monocultivos en las ASP.

Por ejemplo, se instruye al Sinac para que todas sus Áreas de Conservación (responsables de administrar zonas silvestres estatales) coordinen con el Ministerio Público, para dar especial atención de las denuncias interpuestas por delitos ligados a monocultivos e invasiones, dejando clara la oposición a cualquier medida alterna de resolución de conflictos.

Además, a la Dirección de Aguas del Minae se le ordena que rechace concesiones o permisos de cualquier índole para proyectos productivos en monocultivo dentro de ASP.

El ministro Rodríguez recalcó que, frente a evidencia creciente, el Estado debía tomar “acciones inmediatas” en cumplimiento a obligaciones impuestas por las Convenciones Internacionales ratificadas por Costa Rica para que un probable uso de agroquímicos y desechos, ligados a prácticas de monocultivo, no impacte humedales o la salud de las personas.

“Esta directriz busca frenar toda autorización, permiso, licencia o viabilidad ambiental a actividades de este tipo en zonas protegidas. En estas áreas, cuando es propiedad privada, sí se permiten actividades agropecuarias que son de bajo impacto, pero los monocultivos son de uso intensivo de área, agua y químicos y eso es incompatible con la finalidad de nuestras áreas silvestres productivas”, precisó Rodríguez.