La presidenta electa, Laura Fernández, asumirá el poder este 8 de mayo manteniendo más de la mitad del gabinete de Rodrigo Chaves y dando continuidad al proyecto político que este inició en el 2022.
Fernández llega a Casa Presidencial con una amplia bancada oficialista y altas expectativas ciudadanas, pero también con un escenario marcado por la presión fiscal, tensiones institucionales y problemas estructurales.
Entre los desafíos que heredará la próxima administración figura la discusión sobre si se deberán aplicar nuevas reformas tributarias o una mayor contención del gasto.
Pero también gravitan en el ambiente otros temas sensibles como la crisis de seguridad, la presión sobre el régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), el rezago en infraestructura y movilidad, el deterioro educativo y la relación del Ejecutivo con el Poder Judicial.
La Nación conversó con especialistas, académicos y representantes de distintos sectores para analizar los principales retos que marcarán el próximo cuatrienio de la administración Fernández.
El desafío cíclico de las finanzas públicas
El déficit fiscal del Gobierno Central representó un 3,4% del producto interno bruto (PIB) al cierre del 2025, mientras que la deuda pública cerró en un 60,4% de la producción, lo que colocará a la administración Fernández Delgado bajo el escenario más estricto de la regla fiscal a partir del 2027.
Una disminución en los ingresos fiscales, más el aumento del precio internacional del petróleo por la guerra en Oriente Medio, colocan a la presidenta en un escenario de incertidumbre.
A esto se suman factores registrados en los últimos meses como la apreciación del tipo de cambio y la inflación negativa o cercana a cero.
Estos factores limitan el crecimiento del PIB nominal y de los ingresos fiscales, manifestó Daniel Ortiz, economista y director de la firma Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa).
“Los desafíos que está heredando Fernández tienen que ver mucho con una coyuntura fiscal tal vez menos boyante de la que tuvo don Rodrigo al inicio de su administración”, señaló.
Ortiz explicó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya planteó las opciones a las que puede recurrir el Poder Ejecutivo, entre las que se incluyen una posible reforma fiscal.
Sin embargo, para el economista esto no parece ser prioridad de la nueva administración, y lo ideal sería que los ingresos fiscales aumenten por la vía del crecimiento económico.
Si los ingresos no crecen, el gobierno podría recurrir a recortar el gasto público, una medida que, al igual que una reforma fiscal, acarrea grandes implicaciones políticas y sociales.
“El reto de cada administración es a dónde prioriza el gasto y a dónde lo recorta”, apuntó Ortiz.
Fernández tendrá a su favor el hecho de que un 73% de las necesidades de financiamiento de este año ya están captadas, por lo que su administración recibe una posición de liquidez y financiamiento más robusta, para enfrentar sus obligaciones.
Seguridad: la preocupación más urgente
La mañana del jueves 7 de mayo, Costa Rica contabilizaba un total de 268 homicidios en este 2026. Se trata de 45 casos menos que el año anterior a la misma fecha, pero el ritmo de estos hechos de sangre sigue siendo superior al del 2021, último año en que se registraron menos de 600 asesinatos.
El gobierno de Fernández deberá combatir grupos narcotraficantes que se han afianzado en la economía costarricense, mientras las luchas territoriales mantienen a los barrios con temor y bajo control criminal.
Algunos de los retos principales serán modernizar las fuerzas policiales, que se quedan atrás ante la sofisticación del crimen organizado, así como retomar la prevención por medio de la inversión pública en las comunidades y la población joven que puede verse seducida ante la falta de oportunidades.
“Costa Rica ha sido ejemplo en materia preventiva durante décadas, pero se ha utilizado la excusa de no financiar esa parte o de financiarla con lo mínimo indispensable para que aparezca el indicador, pero sin la seriedad del caso”, criticó Rodrigo Campos,criminólogo de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
El experto consideró fundamental que se impulsen programas de empleo, artísticos y de deporte, así como la atención de la población adicta a las drogas. No obstante, recalcó que para concretar tales esfuerzos se deben girar los fondos necesarios.
En la lucha frontal contra el narcotráfico, Campos aseguró que se debe priorizar la persecución de los grandes capitales.
“Tenemos indicadores serios, preocupantes, que nos prenden luces rojas, porque no sabemos de dónde sale el dinero que mueve partes de la economía. Ni siquiera está en agenda perseguir esos capitales de dudosa procedencia”, aseguró.
IVM llega antes de tiempo a su punto crítico
El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), es una de las mayores “bombas de tiempo” que recibirá la nueva gobernante.
Por primera vez en su historia, el sistema tuvo que utilizar en el 2025 fondos de su reserva para cubrir el pago de pensiones a jubilados, un escenario que los estudios actuariales proyectaban para el 2041, pero que se adelantó 16 años, según el Comité de Vigilancia del IVM.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, advirtió de que la reserva del fondo de jubilaciones se reducirá en un 30% en un plazo de cinco años, es decir, a inicios de la década de 2030.
Rafael Vanegas, presidente del Comité de Vigilancia del IVM, indicó que algunos supuestos actuariales estarían influyendo en este agotamiento, entre ellos el desequilibrio estructural entre el porcentaje de cotización al régimen (prima vigente), los beneficios concedidos a los pensionados y las obligaciones futuras.
El régimen también comenzó a depender del uso de los intereses generados por sus inversiones. En el 2024, la Gerencia de Pensiones utilizó esos intereses para cubrir el pago a los jubilados. El resultado, advirtió el Comité de Vigilancia, es que el régimen dejó de capitalizar recursos, lo que limita su capacidad para enfrentar el pago futuro de pensiones.
Este uso recurrente de los intereses de la reserva, la insuficiencia de los aportes, la deuda acumulada del Estado y la falta de decisiones oportunas sobre las finanzas del IVM, son factores que, según Vanegas, han acelerado el deterioro de la sostenibilidad del régimen.
Frente a este escenario, la Gerencia de Pensiones planteó en forma reciente un paquete de 20 reformas estructurales para que la Junta Directiva de la CCSS las valore con carácter de urgencia. La decisión quedó en manos del gobierno entrante.
Entre los planteamientos figuran: reducir el monto de la pensión, aumentar el número de cotizaciones para jubilarse por vejez y rebajar un 5% de la pensión a los beneficiarios para que cubran su Seguro de Salud.
Infraestructura: reto clave en medio de restricción del gasto
En infraestructura y movilidad, la nueva administración enfrentará un rezago estructural que, según la Cámara Costarricense de la Construcción, el país arrastra desde hace décadas por bajos niveles de inversión pública, problemas de planificación y restricciones fiscales.
Alfredo Volio, presidente de la Cámara, advirtió de que Costa Rica, como país en vías de desarrollo, debería invertir cerca del 5% de su producto interno bruto (PIB) en infraestructura pública para mantenerse al día. Sin embargo, en los últimos años la inversión ha rondado apenas el 1%.
El entorno fiscal restrictivo y la contención del gasto público que enfrentará la administración de Fernández durante tres de sus cuatro años de gestión (2027-2029) afectarían la inversión en obra pública, construcción y proyectos de infraestructura.
Ante esas limitaciones, Volio sostuvo que el país deberá apostar por alianzas público-privadas para impulsar grandes obras y atraer inversión extranjera en infraestructura pública. Indicó que Costa Rica mantiene desde hace aproximadamente 30 años una ley de concesiones vigente, pero apenas se han ejecutado cuatro concesiones.
Por otra parte, aseveró que otro de los principales pendientes del país es contar con un sistema de transporte público “digno”, pues señaló que el colapso vial no se resolverá únicamente ampliando carreteras si no se mejora la movilidad urbana y multimodal.
Mencionó como proyectos prioritarios Barranca-Limonal, la ampliación de la ruta 1, la renegociación de la ruta 27, la carretera a San Carlos y la conclusión de la ruta 32, incluyendo el paso de montaña por el Parque Nacional Braulio Carrillo.
Volio afirmó que Costa Rica necesita urgentemente un puerto en el Pacífico en óptimas condiciones y calificó como una “tristeza absoluta” el deterioro de la infraestructura educativa.
Educación: el desafío de revertir años de deterioro
Respecto al sistema educativo costarricense, Fernández lo recibirá golpeado por rezagos estructurales, caída en la inversión y una profunda crisis de aprendizaje que, según el Informe Estado de la Educación 2025, amenaza con consolidar “generaciones perdidas” y profundizar problemas como la desigualdad, la inseguridad y la informalidad laboral.
Para Isabel Román, directora del Programa Estado de la Nación (PEN), la presidenta se enfrenta a un “doble problema estratégico”: atender los efectos de la crisis educativa y, al mismo tiempo, preparar a las nuevas generaciones para desafíos como la inteligencia artificial (IA), la productividad y la competitividad global.
La investigadora advirtió de que Costa Rica “no puede permitirse más generaciones mal educadas”.
“No queremos un país con lo que se ha llamado un bajo equilibrio de desarrollo: un país que genera mano de obra mal educada, con bajos niveles de productividad y condenado a bajos salarios y empleos informales de mala calidad”, señaló.
Román también cuestionó que la educación se haya convertido en una “variable de ajuste fiscal”, luego de que la inversión educativa registrara una de las mayores caídas de las últimas décadas.
A su criterio, el nuevo gobierno tiene la oportunidad de retomar una ruta de recuperación progresiva y avanzar en reformas como la creación de un Centro Nacional de Evaluación Educativa; recuperación gradual de la inversión educativa con metas y métricas claras; e implementar de estrategias de nivelación de aprendizajes en primaria para reducir rezagos.
Además, consideró que se debe fortalecer la gobernanza y el diálogo para mejorar el sistema educativo; redes de apoyo comunitario para centros educativos ubicados en zonas afectadas por violencia y narcotráfico; y aumentar el porcentaje de graduados universitarios para apuntalar la innovación, la investigación y la competitividad del país.
Gobernar con 31 votos: el reto de construir acuerdos
Aunque el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) cuenta con mayoría absoluta de 31 diputados en el nuevo Congreso, necesitará negociar con la oposición para aprobar leyes que requieren 38 votos, como reformas constitucionales y la aprobación de deuda externa a través de, por ejemplo, los eurobonos.
Con Rodrigo Chaves como ministro de la Presidencia, la oposición augura un cuatrienio de encontronazos, similar al periodo 2022-2026, cuando el oficialismo tenía menos opciones de negociación con una fracción compuesta inicialmente por solo 10 diputados.
No obstante, el politólogo Daniel Calvo consideró que el control total del Directorio legislativo le permitirá al PPSO ofrecer ventajas administrativas a los opositores para que acojan las propuestas del Poder Ejecutivo.
“El oficialismo tiene una caja de herramientas muy amplia. Pueden controlar permisos, viajes, número de plazas”, señaló.
Calvo afirmó que, por ejemplo, el oficialismo podría ofrecer tres asesores más para un diputado, u ofrecerle ser el representante del Congreso ante el foro de presidentes legislativos de Centroamérica y el Caribe.
Las negociaciones podrían incluir también, obras de infraestructura en las provincias que representan los legisladores a cambio de votos que la presidenta Fernández considere fundamentales.
Relación con el Poder Judicial
Un posible foco de tensión para el próximo gobierno será su relación con el Poder Judicial y los eventuales intentos de impulsar cambios en la elección y funcionamiento de magistrados, luego de los constantes y duros cuestionamientos lanzados por el expresidente Rodrigo Chaves hacia ese poder de la República.
Al contar con mayoría absoluta, el Pueblo Soberano podría tener un mayor margen de negociación en procesos como la elección de magistrados propietarios y suplentes, cuyos nombramientos se definen en la Asamblea Legislativa.
No obstante, las bancadas de oposición marcaron una línea roja al señalar que no respaldarán reformas que debiliten derechos fundamentales, la separación de poderes o instituciones como la Corte Suprema de Justicia.
En ese contexto, al contar con 31 votos y la posibilidad de impulsar reformas a leyes ordinarias, uno de los escenarios que se le abre al PPSO sería promover cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial y, específicamente, al mecanismo con que se conforman las listas para elegir magistrados suplentes.
Actualmente, esa ley establece, en el artículo 62, que la Corte Suprema de Justicia debe elaborar nóminas con candidaturas para posteriormente remitirlas a la Asamblea Legislativa, donde finalmente se eligen los jueces suplentes.
Sin embargo, el abogado constitucionalista Marvin Carvajal advirtió de que, si el Poder Judicial considera que los cambios afectan su organización o funcionamiento interno, la reforma requeriría 38 votos, debido a la protección constitucional (artículo 167) que tiene ese poder de la República frente a las reformas impulsadas desde el Congreso.