El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) utilizará la totalidad de los intereses generados por las inversiones del fondo de pensiones para cubrir el pago de beneficios a 376.885 jubilados durante este 2024.
“El año pasado usamos el 75% de los intereses (¢188.800 millones). Este año estimamos que será el uso total de los intereses que son bastantes, más de ¢200.000 millones anuales para cubrir la parte que Hacienda no pasa“, recalcó el jerarca. El monto por utilizar llegaría a ¢222.728 millones.
Barrantes añadió que, además de los menores aportes estatales, también incide la incorporación de nuevos pensionados debido a un efecto demográfico. Entre 2023 y enero pasado se sumaron 5.000 nuevos jubilados que pagaron para adelantar su retiro y así evitar reglas más estrictas de jubilación en el IVM que entraron en vigor el 11 de ese mes.
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Hasta octubre, el principal fondo de pensiones básico de Costa Rica contaba con los 376.885 beneficiarios, lo que representa un incremento del 5,8% con respecto a los 355.969 registrados en el mismo periodo de 2023, según datos de la CCSS. El aumento más significativo se observó en los jubilados por vejez, que pasaron de 206.047 personas en octubre del 2023 a 220.858 en el mismo mes de este año, un aumento del 7,1%.
La Caja previó aportes del Estado por ¢300.571 millones para este año, pero Hacienda solo reservó ¢229.000 millones, es decir, dejó un hueco de ¢71.571 millones.
En 2025, la situación se repetirá. Hacienda presupuestó ¢290.073 millones en aportes estatales con respecto a los ¢351.752 millones necesarios, lo que provocará un déficit de ¢61.679 millones, según estimaciones de la CCSS, administradora del IVM. De acuerdo con el artículo 73 de la Constitución Política, la contribución del Estado, al igual que la de patronos y trabajadores, es “forzosa”.
A octubre, las ganancias de las inversiones de la reserva generaron ¢204.660 millones, de los cuales el 72% corresponde a la adquisición de títulos valores al Ministerio de Hacienda por parte de la Caja.
Hacienda alega que los beneficios están sobredimensionados
Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda, cuestionó que la institución aseguradora cobre al Gobierno Central pensiones otorgadas que carecen de respaldo presupuestario. “Se trata de pensiones para las cuales las personas no cotizaron lo suficiente y están sobredimensionadas”, apuntó.
El ministro expresó el interés del Gobierno en analizar las finanzas de la Caja, no desde el punto de vista de la deuda, sino para buscar soluciones futuras de financiamiento del IVM.
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“El régimen fue muy dadivoso durante mucho tiempo (en la entrega de beneficios) y esas personas van a vivir por muchos años. Por lo tanto, se va a tener que actuar en la edad de pensión, cantidad de cuotas o, eventualmente, en la tasa de reemplazo (monto de pensión)”, afirmó Acosta.
Según él, el Poder Ejecutivo, como patrono, cumple con sus contribuciones. No obstante, los estados financieros del fondo dicen lo contrario. En los aportes estatales, la deuda alcanzó un saldo de ¢719.229 millones en octubre, lo que representó un aumento del 45,3% respecto a los ¢494.866 millones registrados en el mismo mes de 2023.
La última Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), al 31 de diciembre de 2022, concluyó que el régimen enfrenta un déficit actuarial de ¢74,6 billones, lo que compromete su capacidad para financiar las jubilaciones futuras. De hecho, las dificultades para cumplir con las obligaciones comenzarán en 2047.
En el estudio se advierte de que, sin ninguna nueva reforma, el fondo de pensiones entrará en una fase crítica a partir de 2035, cuando los ingresos por cotizaciones no serán suficientes para cubrir los egresos del fondo. Actualmente, cotizan en este sistema 1.740.935 trabajadores, 77.752 patronos y el Estado.
Mayor presión
La información financiera del IVM refleja que el régimen enfrenta una situación cada vez más ajustada. A octubre de este año, los ingresos ascendieron a ¢1.628.424 millones por contribuciones y ganancias de inversiones de la reserva, mientras que los egresos totalizaron ¢1.612.456 millones, dejando un excedente de ¢15.968 millones. El 96% del gasto correspondió al pago de pensiones y al subsidio del seguro de salud, asumido por el fondo.
A finales de 2023, la situación fue diferente, ya que las cotizaciones e intereses sumaron ¢1.831.184 millones frente a egresos por ¢1.712.278 millones, lo que dejó una diferencia de ¢118.906 millones. Este superávit se explica por los ¢100.000 millones excepcionales provenientes del adelanto de jubilación de 5.000 personas.
Barrantes enfatizó que ese dinero extra se diluyó este año con el pago a los nuevos beneficiarios y al resto de pensionados. “Las personas que adelantaron su retiro tenían salarios altos, lo que generó pensiones elevadas. Por lo tanto, lo que ingresó se gastó con el incremento de la planilla durante el año”, explicó.
Agregó que la reforma aplicada en enero pasado permitirá frenar la aceleración en el número de pensionados en los próximos años, aunque el efecto se observará de manera más clara en 2025 y 2026. Los cambios vigentes eliminaron el adelanto de retiro para los hombres, quienes ahora solo podrán jubilarse a los 65 años, mientras que para las mujeres la edad mínima subió de 60 a 63 años.
