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La crisis educativa en Costa Rica se profundizó durante esta administración, según expone el Décimo Informe del Estado de la Educación (EE), presentado en agosto, documento que señala cuatro malas decisiones políticas recientes.
Tales decisiones “están vulnerando logros históricos de la educación”, según palabras de Isabel Román Vega, coordinadora del estudio.
“La administración Chaves Robles (2022- 2026) tenía la responsabilidad de iniciar la resolución de la crisis educativa, pero no logró hacerlo”, afirma, entretanto, el capítulo dos del informe.
El documento atribuye este resultado a un estilo de gestión caracterizado por la ausencia de una estrategia clara para tratar los problemas que se arrastraban desde hace muchos años, así como a la “ineficiencia” para aprovechar las fortalezas del sistema con el fin de implementar soluciones rápidas a la crisis detonada por los apagones educativos de entre el 2018 y el 2021.
Para Leonardo Sánchez Hernández, jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), la crisis que señala el informe tiene raíces estructurales que anteceden “a esta administración”.
“Fenómenos como los resultados de (las prueba) PISA 2022 reflejan trayectorias iniciadas desde 2012, mucho antes de nuestras decisiones”, defendió el ministro.
La portada del Décimo Informe del Estado de la Educación, que cuenta con seis capítulos, expone una hoja arrugada, manchada y que parece haber pasado por un triturador. La imagen representa, según Isabel Román, las decisiones equivocadas en materia educativa que se han tomado en los últimos años, la desarticulación de programas estratégicos y, sobre todo, la ausencia de una directriz clara, ya que la ruta de la educación que la ahora exministra Anna Katharina Müller prometió, no se presentó en sus casi tres años de gestión.
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“El Décimo Informe constató que la crisis educativa se profundizó en los últimos años. En 2023 dijimos que había dos factores importantes que la habían generado: los rezagos educativos de larga data no resueltos y un apagón que generó varias interrupciones del ciclo lectivo entre 2018 y 2022. Hoy decimos que se sumó un tercer factor”, añadió Román a La Nación.
Con el tercer factor la investigadora hace referencia a “una gestión educativa errática y sin norte que profundizó los problemas”.
Cuatro malas decisiones políticas
Román profundizó en las acciones negativas recientes que perjudican la educación costarricense.
- En primer lugar mencionó que el país “se dio el lujo” de no tener plan educativo nacional entre 2022 y 2025. Fue hasta junio, cuatro meses después de asumir su puesto como ministro de Educación, que Leonardo Sánchez presentó por primera vez durante esta administración una hoja de ruta en la que incluye 11 ejes prioritarios.
Con respecto a la ausencia de un plan nacional entre el 2022 y el 2025, Sánchez alegó que entre el 2023 y 2024 existió un documento oficial y público. El ministro se refiere a las 56 diapositivas con las que la exministra Müller presentó la ruta de la educación, propuesta de la que nunca se conoció un documento que precisara las metas, la metodología, el fundamento técnico, el cronograma y el presupuesto.
Según el ministro, a partir de junio, la labor “se consolidó” con su plan de trabajo.
- Isabel Román agregó al listado de malas decisiones de este gobierno un segundo error: los cambios persistentes de planes para resolver el apagón educativo.
“En 2021 el MEP planteó el Plan Integral de Nivelación Académica (PINA). En 2022, cambia el PINA por los diagnósticos institucionales de las Pruebas Nacionales Comprensivas y Estandarizadas (que el informe calificó de baja calidad técnica). En 2025, la responsabilidad del diagnóstico es de la persona docente, sin herramientas pedagógicas de apoyo”, explicó Román.
El ministro comentó que el MEP no ha improvisado y resaltó que el primer eje de su plan de trabajo, publicado en junio, está dedicado a la recuperación y fortalecimiento de aprendizajes. Destacó medidas que, según él, se han implementado desde el 2022 y continúan poniéndose en práctica como los materiales pedagógicos y formación docente, así como una estrategia nacional de nivelación en Matemáticas y lectoescritura.
Señaló el Plan de Recuperación de Aprendizajes 2023 y la aplicación de las Pruebas Comprensivas 2023–2024 en primaria y secundaria, “con devolución regional para planes remediales”.
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Sobre estas pruebas, el informe subraya que los instrumentos utilizados como estrategia de nivelación, no se tradujeron en acciones concretas para nivelar al estudiantado. Tampoco las consideran como herramientas útiles para guiar la práctica pedagógica en el aula. Este año, cuando Leonardo Sánchez asumió como ministro, las pruebas comprensivas se eliminaron; según el EE, esto ocurrió luego de identificar debilidades en su calidad técnica y falta de alineación con el currículo.
Según Sánchez, las acciones del MEP “colocan la recuperación como prioridad nacional, pasando de respuestas coyunturales a un sistema estructurado, técnico y permanente”.
No obstante, el EE señala que la inestabilidad y continuidad de liderazgo del MEP explican por qué en Costa Rica todavía no se consolida una estrategia nacional de nivelación de los aprendizajes. Desde el 2022, el Ministerio de Educación ha tenido: dos ministros, dos viceministros administrativos y cuatro viceministros académicos.
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- En el informe se explica cómo la eliminación de dos programas educativos empeoraron la crisis.
Prescindir del Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie) es la tercera mala decisión que señala el informe y que explica Isabel Román, pues en el 2023 el MEP rompió el convenio de tres décadas con la Fundación Omar Dengo (FOD) y miles de equipos de cómputo pasaron casi dos años embodegados.
“En 2024, el MEP tiene serias debilidades para implementar el nuevo programa, como lo constata la Contraloría General de la República (CGR). Se desmanteló una política pública, sin una alternativa de igual o mejor alcance”, dijo Román.
El ministro defendió que la decisión de sustituir el Pronie por el Programa Nacional de Formación Tecnológica (PNFT) representó un salto de calidad.
“Pronie nunca fue un currículo formal, no tenía cobertura universal ni evaluación sistemática. El PNFT, aprobado por el Consejo Superior de Educación, es institucional, curricular y evaluable, con presencia en más de 4.400 centros educativos, desde preescolar hasta secundaria, y forma a los estudiantes en programación, robótica, inteligencia artificial y análisis de datos (...)”, alegó Sánchez.
Sin embargo, aun con el cambio que defiende el jerarca de Educación, en los centros educativos existe una inmensa brecha tecnológica. En marzo, La Nación informó que 224.896 estudiantes están excluidos de clases de Formación Tecnológica, pues no cuentan con docentes de informática educativa.
Casi una cuarta parte de los 933.272 escolares y colegiales matriculados este 2025, tienen un acercamiento tecnológico por medio de sus docentes de materias básicas.
Para el 2026, el MEP planea contratar profesores de Informática para cubrir unos 250 centros educativos: actualmente hay 2.477 escuelas y colegios que no tienen un profesional en esta área. En algunas instituciones ni siquiera hay equipo: en noviembre del 2024, el MEP confirmó que en 193 centros educativos no había computadoras.
- La cuarta mala acción está relacionada con un segundo programa eliminado, “sin criterio técnico”, señala Isabel Román. Se trata del de Afectividad y Sexualidad Integral, anulado luego de que Müller llevara la propuesta ante el Consejo Superior de Educación (CSE).
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“El nuevo programa que lo reemplazó abandona temas sin proponer contenidos alternativos en materia de sexualidad. La Defensoría de los Habitantes dice que esta decisión viola derechos humanos y los mismos departamentos del MEP afirman que carece de aval técnico y que es socialmente excluyente”, afirmó la coordinadora del informe.
Para el ministro, con el cambio la educación sexual se fortaleció dentro del Programa de Educación para la Paz y la Convivencia, que fue aprobado por el Consejo Superior de Educación. El ministro comentó que el programa incluye el eje Creciendo con plenitud: sexualidad, educación y bienestar, que, dice, aborda temas de consentimiento, diversidad, anticoncepción, prevención del embarazo, violencia y derechos humanos.
“A diferencia del programa anterior, que alcanzaba a menos del 8% del estudiantado y carecía de evaluación rigurosa, la nueva propuesta amplía cobertura, integra la dimensión socioemocional y asegura mecanismos de seguimiento continuo”, aseguró Sánchez.
Fotografía de la situación educativa
La Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica (UCR) reconoció el informe como una “radiografía precisa de la compleja situación educativa” de Costa Rica y considera que hace un llamado impostergable a la acción.
Asimismo, resaltó que su valor está en ser una plataforma de investigación, un espacio de encuentro para el diálogo informado y una herramienta en la toma de decisiones para la sociedad y el gobierno.
“La Facultad de Educación comparte la profunda preocupación por la crisis educativa que se ha agravado en los últimos años, producto de decisiones políticas erradas, inacción y desarticulación institucional, así como rezagos estructurales”, dice un comunicado difundido la semana anterior.
Reconstrucción educativa
Si bien el informe del Estado de la Educación reclama la profundización de la crisis, la portada también hace un llamado a actuar y por eso la tapa tiene tiras de papel agrupadas y unidas con cinta adhesiva que simbolizan “el esfuerzo que Costa Rica tiene que hacer” para recuperar lo que se ha venido desechando los últimos años: ideas, oportunidades y capacidades institucionales, según explicó la coordinadora.
“El punto central es que no podemos sentarnos a llorar sobre la leche derramada, sino que tenemos que sentarnos a reconstruir. (...) La recuperación comienza con lo que aún se puede rescatar”.
Las cintas adhesivas que figuran en la portada notifican la urgencia de las reparaciones que requiere la educación costarricense.
Isabel Román subrayó que la reconstrucción educativa no empezará de cero, pues el país aún conserva fortalezas históricas acumuladas.
“Para que sean un buen punto de apoyo, lo fundamental es la estrategia y voluntad política. Por eso ese informe apela a proponer un conjunto de salidas de la crisis”, comentó Román.
