Cinco megaproyectos de infraestructura vial y transportes que el gobierno de Rodrigo Chaves prometió llevar adelante durante su gestión, ni siquiera han comenzado, cuando falta un año para que finalice la presente administración.
Algunas de esas obras ya venían encaminadas desde el gobierno pasado, pero las actuales autoridades decidieron modificar los planes o incluso iniciarlos de cero, lo que resultó en más atrasos y sobrecostos.
La ampliación de la ruta 27, el corredor vial San José-San Ramón, la vía a Cartago, la carretera a San Carlos y el tren eléctrico metropolitano representan la mayor inversión en infraestructura de la última década. Sin embargo, no verán la luz antes del 8 de mayo del 2026.
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Este es el estado de situación de cada uno de esos megaproyectos y las razones por las que no se ha logrado concretar su ejecución.
Tren eléctrico metropolitano
Apenas dos meses después de haber asumido su cargo, el presidente Rodrigo Chaves anunció que sepultaría el plan del tren eléctrico metropolitano impulsado durante la gestión de Carlos Alvarado, para el cual ya se tenía un financiamiento aprobado por $520 millones del Fondo Verde del Clima con condiciones de crédito especiales.
En ese momento, se anunció la intención de retomar otro proyecto promovido por el expresidente Luis Guillermo Solís (2014-2018), que había sido descartado porque era más caro.
La promesa inicial era que para mediados del 2024 se tendría lista la etapa de preinversión y que un año después estaría lista la licitación. Casi tres años después del anuncio, la propuesta final no ha sido presentada.
En febrero pasado, durante la presentación del proyecto en una actividad de la Unión Europea, Álvaro Bermúdez, jerarca del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), aseguró que se encontraban en los últimos detalles del estudio de factibilidad y aseguró que aún cuentan con el crédito del Fondo del Clima, así como del Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Europeo.
La promesa de Bermúdez fue que el proyecto llegaría a la Asamblea Legislativa durante el primer semestre del 2025.
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Sin embargo, bajo ese nuevo cronograma el plan del nuevo tren ni siqueira lograría completar la etapa de licitación antes de que finalice el actual gobierno.
Ruta 27
Frenar la negociación con la concesionaria a cargo de la ruta 27 para ampliar esa vía también fue una de las primeras acciones del actual gobierno.
En junio del 2022, Lus Amador, entonces jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), aseguró que buscaría otras alternativas de financiamiento para evitar la extensión del contrato con Globalvia. Los planes incluyeron desde financiamientos provenientes de Arabia Saudí, hasta fondos de pensiones, sin que ninguno llegara a concretarse.
Un año después, el gobierno reconoció que romper con la concesionaria elevaría aún más el costo de la ampliación, pues se debía pagar a la empresa al menos $350 millones por la finalización anticipada del contrato y a eso debía sumarse el costo de las obras.
Pasó un año más, para que el siguiente titular del MOPT, Mauricio Batalla, anunciara, en junio del 2024, que habían retomado las negociaciones con Globalvia.
A la fecha, el estado de dichas conversaciones es incierto y tampoco hay claridad sobre cuándo podrían verse obras.
El actual ministro de Obras Públicas, Efraím Zeledón, aseguró a inicios de mes que ahora están concentrados en la aplicación de multas que por años no se han podido cobrar a la concesionaria.
Por su parte, la secretaria técnica del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Paula Reyes, afirmó que están en proceso de contratación de una firma consultora que valide la información técnica, financiera, legal y ambiental planteada por la empresa en su propuesta.
Una vez que se logre un acuerdo (si se da), la eventual ampliación del contrato deberá ir a refrendo en la Contraloría General de la República, para posteriormente poder iniciar obras. Debido a lo anterior, resulta poco probable que la ampliación de la ruta quede, al menos, con orden de inicio en el actual gobierno.
San José-San Ramón
Otra de las medidas anunciadas en el primer año del gobierno fue la decisión de romper el Fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR), para ampliar la ruta 1 entre San José y San Ramón. La promesa de ese momento fue que para el 2025 iniciarían las obras.
Ese corredor representa una de las vías más congestionadas de la Gran Área Metropolitana (GAM), pero el plan para lograr la ampliación esperada hace más de dos décadas no parece tener el mismo sentido de urgencia de los usuarios que a diario pierden horas en la ruta.
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Tras romper con el Fideicomiso, el MOPT sometió el proceso a una nueva fase de estudios (a pesar de que ya existían), y además debió buscar financiamiento para la obra.
En noviembre anterior, se anunció que ya se cuenta con un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y se presentó la propuesta de ampliación, que mantiene los mismos carriles que habían sido planteados en el anteproyecto elaborado por el BCR, el mismo costo de peajes e incorpora algunas mejoras en los intercambios.
Sin embargo, el crédito de $770 millones debe pasar por la Asamblea Legislativa (a donde aún no ha llegado), antes de que se inicie el proceso de licitación. A lo anterior se suma que el proyecto tiene más de 300 expropiaciones pendientes.
Según un cronograma presentado en diciembre anterior, la pretensión del Ejecutivo es iniciar el proceso de licitación en el 2026. La orden de inicio se daría en el 2027 y la construcción abarcaría un plazo de 5 años, para dar paso a la fase de operación y mantenimiento, entre el 2032 y el 2056.
San José-Cartago
La propuesta de iniciativa privada para ampliar la vía entre San José y Cartago fue presentada desde el 2019 y pasó más de dos años en estudios. A mediados del 2023 fue rechazada, porque a criterio de las autoridades presentaba incumplimientos en aspectos financieros, técnicos, legales y ambientales.
En esa oportunidad, el entonces ministro Luis Amador prometió llevar adelante un proyecto propio, pero este ni siquiera llegó a ser presentado.
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En agosto del año pasado, se anunció que se había retomado la propuesta original, luego de que la empresa presentara un recurso contra la decisión del Consejo Nacional de Concesiones.
Ahora, dicho Consejo prevé que la licitación podría quedar publicada antes de que finalice este año, si la iniciativa privada presentada por la constructora MECO supera una última fase de revisión, que será realizada por una firma consultora cuya contratación no se ha completado.
Aunque la propuesta fue presentada por MECO, cualquier empresa podría participar en la licitación internacional. La elaboración del cartel y posterior proceso licitatorio podría tomar un año, por lo que no se verían obras antes del 2027.
Carretera a San Carlos
Durante el discurso de los primeros 100 días de gobierno y en el Plan Nacional de Desarrollo presentado en diciembre del 2023, el presidente Chaves prometió que la carretera por la que los sancarleños han esperado más de 50 años estaría completamente lista al finalizar su mandato.
Actualmente, el gobierno mantiene la promesa de iniciar obras en sitio en la punta sur de esa vía (entre la Bernardo Soto y Sifón de San Ramón).
No obstante, el tramo central podría enfrentar un nuevo tropiezo pues solo la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) ofertó para construir esa sección. Si la firma no cumple con los criterios técnicos contemplados en el cartel, el concurso debería iniciar de nuevo.
Otro de los riesgos que enfrenta el proyecto es que no se tiene certeza sobre si los recursos disponibles serán suficientes para completar la vía.
Parte de las razones que ahuyentaron a otras firmas de participar en el proceso es la complejidad y alto costo de las obras que quedaron pendientes, tras la paralización del proyecto y los riesgos geológicos que hay en ese tramo, el cual quedó con un avance del 60% tras consumir $188 millones como parte del contrato anterior.
Tiempo perdido
Tan valiosas como las horas que pierden a diario los usuarios atrapados en presas, así califican expertos en ingeniería el tiempo deperdiciado durante estos tres años, en los que el país dejó pasar la oportunidad de invertir miles de millones de dólares en infraestructura y solventar importantes atascos viales.
Olman Vargas, vocero de la Cámara de Consultores en Ingeniería, asegura que el actual gobierno dejó perder una “oportunidad de oro” en cuanto inversión de obra pública.
“Pudo haber llegado a invertir hasta $2.500 millones si sumamos los costos de todos los proyectos y tenía posibilidades de financiarlos, algunos por créditos con financiamiento externo, otros como el de la 27 por parte del mismo concesionario, otros como el fideicomiso. Se tenían diferentes esquemas de financiamiento, pero al final se paró todo”, afirmó.
Según Vargas, las obras realizadas y las que se terminaron llegarían apenas a un 10% de esa inversión estimada.
”Este pudo haber sido un gobierno con una posibilidad histórica de desarrollo de infraestructura vial. No lo quiso así, por las razones que fuera. Mucho tuvo que ver con que no estaba de acuerdo con cómo se estaban desarrollando algunos de los proyectos.
“No le gustó a la administración como se habían desarrollado anteriormente, pero bueno, le es muchísimo más caro al país haber perdido estos 4 años“, agregó.
A modo de ejemplo, el ingeniero citó casos como el del Fideicomiso anulado por supuestos sobrecostos o la ampliación de la ruta 27, cuya negociación había quedado con un 80% de avance en la gestión de Carlos Alvarado.
“Ya tenía un diseño, ya tenía costos que se estaban definiendo en la negociación y el gobierno actual cerró completamente la posibilidad de negociar con la empresa hasta recientemente que tuvieron algunos acercamientos.
“Pero, a este momento, no hay ningún avance significativo y, más bien, ya empezamos a perder la posibilidad real de negociar con el concesionario porque ya no son muchos los años que le queda a la concesión”, agregó.
Por su parte, Mario Durán,ingeniero civil y consultor en transporte urbano del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, agregó que las decisiones del exministro Amador, en casos como la ruta 27, la ruta 1, la vía a Cartago y el tren eléctrico, tuvieron consecuencias muy importantes, porque son la causa de que a la fecha esos proyectos no hayan “salido del papel”.
“Si se hubiera aprovechado con una evaluacion más rápida y si se hubiera ajustado ya estaríamos con contratistas empezando obras. Es un impacto negativo para la infraestructura vial del país y para los ciudadanos, máxime con los niveles de congestión”, afirmó.
Según su criterio, otro de los pecados de la actual administración es la falta de socialización de los proyectos, lo que, según dijo, responde a la intención de evitar ser cuestionados por decisiones poco sustentadas. Además, consideró que se ha “desperdiciado” dinero en consultoras externas, que no son sometidas a ninguna supervisión.
“Con la falta de transparencia para que no me critiquen, que no me digan que está mal hecho, porque me va a atrasar. Y esas consultorías de afuera que nadie las revisa,
Durán señaló que esa falta de transparencia provocará que las cosas que puedan avanzar durante el último año sean frenadas cuando la nueva administración haga el debido proceso de revisión y detecte los aspectos mal hechos que requieren corrección. Advirtió de que si para esa fecha ya hay empresas contratadas "entonces todo va a salir más caro”.