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Costa Rica experimenta una crisis educativa producto de rezagos históricos no atendidos y los efectos del llamado apagón educativo. Esta crisis se agravó entre los años 2022 y 2025 por una gestión educativa errática y sin rumbo claro del Ministerio de Educación Pública (MEP). Salir de esta situación y reconstruir nuestra educación para darle el lugar prioritario que siempre tuvo en la historia nacional es una tarea urgente e inaplazable. Este es el principal mensaje del X Informe del Estado de la Educación 2025.
Por “crisis educativa” se entiende una fuerte caída en los aprendizajes de la población estudiantil, por debajo de los estándares nacionales e internacionales. Su indicador más preocupante son jóvenes de 15 años que hoy leen y escriben como si estuvieran en tercer grado de la escuela.
No haber atendido oportunamente esta crisis, con la diligencia que se requería, tiene como resultado la graduación de generaciones pobremente educadas, con menores oportunidades para acceder a empleos de calidad o ingresar a la educación superior.
Esta situación reduce también el valor público de nuestra educación, es decir, la importancia social y cívica que la ciudadanía costarricense siempre le ha dado como principal herramienta para el progreso y la democracia. La pérdida de valor público tiene un alto costo: el país pierde oportunidades de desarrollo; se frustran los sueños y las aspiraciones de nuestra niñez y adolescencia; se profundizan las desigualdades sociales y se rompe la cohesión social.
Ante una crisis de este tipo, la reacción es clave: se puede evadir la realidad y fingir que todo está bien, o ser temerario y aplicar el “borrón y cuenta nueva” con el pretexto de que nada sirve. Otra forma de reaccionar es ponerse a trabajar en serio y pensar y ejecutar soluciones con sentido práctico. El X Informe adopta esta última forma de enfrentar la crisis y por eso tiene un enfoque altamente propositivo, con el cual invita a todos los actores sociales y políticos a involucrarse en las soluciones y a actuar con sentido de urgencia.
Seis temas claves para el próximo debate electoral
El Informe propone seis temas estratégicos cuya atención por parte del próximo gobierno permitirían mover la aguja y sentar las bases para que el país avance hacia una educación de calidad en los próximos años. La atención de estos problemas debe darse de manera simultánea, ordenada y con claridad respecto a los propósitos y resultados esperados.
El primer tema está relacionado con la inversión. Ante la peor caída de la inversión educativa registrada en los últimos 40 años, el Informe propone una estrategia de recuperación gradual de esta inversión educativa orientada a alcanzar un sistema educativo de calidad sustentado en cuatro pilares: cobertura con equidad, aprendizajes de calidad, buenos ambientes de aprendizajes y docentes idóneos.
Estos cuatro pilares se desagregan en 13 objetivos operativos, 90 metas específicas, 20 parámetros de logro y estimaciones de costo por año para cada meta hasta el 2040. Para cumplir con todos los objetivos, el cálculo total indica que el país debería invertir entre 0,11% y 0,34% adicionales del PIB entre 2026 y 2040. Son incrementos realistas y al alcance del país dentro del limitado marco fiscal que este experimenta.
Calculamos, por ejemplo, el costo de objetivos como aumentar a 1.000 el número de escuelas que imparten el currículo completo, dado que actualmente solo hay 315 en todo el país. Otros objetivos apuntan a aplicar las pruebas de idoneidad a personas que ingresan a la carrera docente, una ley aprobada desde el 2020 y que el MEP aún no implementa.
También, que todos los estudiantes en pobreza o pobreza extrema reciban la beca Avancemos o transformar 930 bibliotecas en Centros de Recursos para los Aprendizajes. En cada caso, se proponen metas de corto y largo plazo para que el MEP esté obligado a rendir cuentas sobre los avances.
El segundo tema es la atención de la crisis de aprendizajes mediante una estrategia nacional de nivelación de aprendizajes en primaria. Esta se centraría en la aplicación de estrategias didácticas específicas de enseñanza en Español y Matemáticas, apoyadas en la evidencia científica más robusta disponible, para potenciar habilidades claves como la comprensión lectora, la escritura creativa y el uso de las matemáticas para resolver problemas cotidianos.
Esta estrategia implicaría, además, reducir la pérdida continua de lecciones que hoy se dan en los centros educativos, incrementar de manera sustantiva los recursos didácticos en las aulas, combinando el uso de libros y tecnologías con un plan con objetivos precisos de acompañamiento y formación continua de los docentes por parte del MEP y las universidades.
El tercer tema estratégico se relaciona con el anterior y tiene que ver con reformar la macroevaluación educativa, herramienta indispensable para saber qué saben o no los estudiantes y tomar decisiones acertadas que orienten la mejora educativa. Ante un MEP incapaz de generar instrumentos de macroevaluación técnicamente robustos en los últimos años, la propuesta del Informe es clara: subir una grada en materia de calidad mediante la creación de una agencia nacional de evaluación independiente del MEP, como las que existen en otros países de la región y de la OCDE.
Sería un ente capaz de aplicar pruebas estandarizadas de calidad que brinde información robusta para apoyar la toma de decisiones del Consejo Superior de Educación y que le permita al MEP concentrarse en desarrollar estrategias de apoyo a los docentes y estudiantes para que mejore la calidad de los procesos de enseñanza en las aulas.
El cuarto tema propone fortalecer la rectoría del Consejo Superior de Educación para que pueda cumplir su mandato constitucional de definir políticas educativas que transciendan los gobiernos de turno. En la actualidad, el Consejo tiene un funcionamiento limitado para ejercer su rectoría por falta de autonomía financiera y funcional respecto al MEP, un reglamento desactualizado que limita sus acciones, y un equipo técnico limitado y poco especializado, que impide supervisar el seguimiento de los acuerdos y las políticas.
El Informe propone medidas específicas para fortalecer su independencia y capacidades tales como: garantizar la idoneidad técnica e independencia de sus miembros; autonomía presupuestaria, cambios en su gobernanza, mecanismos de rendición de cuentas y desarrollo de capacidades de evaluación de las políticas que aprueba mediante la agencia nacional de evaluación que estaría bajo su alero, pero con rango descentralizado.
El quinto tema tiene que ver con generar fuertes redes de apoyo local para mejorar la gestión de los centros educativos, especialmente los que están en los territorios más golpeados por el desempleo y el narcotráfico. El Informe muestra que, hoy, las redes son débiles o inexistentes, pese a que el CSE ha definido políticas para promover su creación.
Hablamos de asociaciones, instituciones públicas, empresas, gobiernos locales y otros grupos de las comunidades que trabajen juntos para apoyar, proteger y potenciar mejoras en la gestión y la calidad de las escuelas y colegios. Para lograr esto, el Informe propone medidas como: garantizar recursos y tiempo institucional de los actores educativos para el trabajo colaborativo; definir estructuras y objetivos claros de las redes, darles apoyo técnico, promover el liderazgo local y fortalecer las Direcciones Regionales del MEP para acompañar las redes y promover el diálogo de los actores locales.
El sexto y último tema tiene que ver con aumentar el logro universitario de las personas de 25 a 34 años. Hoy, la proporción de personas jóvenes adultas con estudios universitarios en el país es muy baja: de apenas 31,8%, mientras que, en los países de la OCDE, este porcentaje es de 47,6%. Dicha brecha, lejos de reducirse, se ha venido ensanchando y, si no hacemos nada, seguirá creciendo, al punto de que para el año 2034, habría 24 puntos de diferencia.
Que más personas logren acceder a la universidad es muy importante por los beneficios que esto da a los países en materia de crecimiento, desarrollo humano, innovación y mejoras salariales, como lo muestra el Estado de la Educación y lo ratifica también un informe de la OCDE recientemente publicado.
Frente a este desafío, la propuesta es muy concreta: subir a 50% el logro universitario de la población en los próximos 10 años, una meta ambiciosa pero inaplazable. No tenemos tiempo que perder. Para lograrlo, se propone un menú de medidas de corto y mediano plazo, entre ellas, aprovechar mejor los cupos universitarios, aumentar la generación de diplomados universitarios cortos pero de alta calidad, mejorar la reprobación universitaria y fijar metas de graduación en las universidades.
En resumen, hoy conocemos con detalle los alcances de la crisis educativa y también lo que hay que hacer para salir de ella con políticas precisas fundamentadas en la mejor evidencia científica disponible. El país tiene, además, importantes fortalezas históricas acumuladas, buenas prácticas y acuerdos nacionales en educación que el Informe detalla.
Una voluntad política responsable y constructiva es la palanca que necesitamos para hacer la diferencia y mejorar las oportunidades de miles de niños, niñas y adolescentes que hoy esperan ser el futuro de una nación próspera y no el residuo de la patria que los vio nacer.
isabelroman@estadonacion.or.cr
Isabel Román es la coordinadora de Investigación del Informe del Estado de la Educación, PEN-Conare.
