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La creciente incursión del narcotráfico en Costa Rica implica también su establecimiento en la economía nacional.
Con el paso de los años, en cada vez más sectores económicos se cuelan inversiones de grupos criminales que buscan la forma de lavar las millonarias y súbitas ganancias de la venta de droga, en su mayoría cocaína.
Un ejemplo reciente es el Caso Fénix, el cual dejó 10 condenados a prisión y fue calificado por el Ministerio Público como el caso de lavado más grande en la historia de Costa Rica, por la magnitud de la organización asentada y la cantidad de dinero que manejaba por medio de una hacienda ganadera en Pérez Zeledón, una venta de llantas, lubricentros, verdulerías, bares y restaurantes.
José Miguel Gómez, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), afirmó a La Nación que otras actividades que la institución ve con preocupación son el sector agropecuario, subastas, spas, centros de bienestar, gasolineras, barberías y venta de vehículos de lujo.
“No estamos diciendo que todas las actividades que nosotros mencionamos sean siempre utilizadas para estas actividades ilegales. Aquí lo que nosotros decimos es que existe un riesgo mayor. Eso es lo que hay que dejar claro, porque la actividad per se no es ilícita", aclaró.
Detalló que el riesgo es alto en negocios en los que se manejan grandes cantidades de dinero en efectivo, como en las subastas ganaderas, los préstamos gota a gota y la lotería ilegal.
El ICD identifica, además, los sectores con reportes de operaciones sospechosas (ROS), los cuales son brindados por las entidades del sistema financiero, que están obligadas a alertar cuando alguna transacción se sale de lo común.
Según datos del 2025, la actividad con más ROS fueron los servicios administrativos combinados, con 74 reportes, y la venta de automóviles y vehículos de motor ligero, con 31. Aparecieron también 19 reportes de transacciones que involucraban a amas de casa.
El aumento de ROS en los últimos años es considerable, al pasar de 416 reportes en el 2019 a 904 el año anterior, un aumento del 117% en solo seis años.
En el 2019, las actividades identificadas con más reportes fueron el alquiler de bienes inmobiliarios (15), agentes de la propiedad inmobiliaria (15), servicios administrativos combinados (13) y la venta de automóviles (13).
Estas alertas no son señal definitiva de que hubo lavado de dinero. El ICD analiza cada caso y los envía al Ministerio Público, para que se inicien las investigaciones, de ser necesario, con el fin de averiguar el origen de las transacciones irregulares.
¿Cómo lavan el dinero?
Gómez explicó que los principales ingresos para los grupos narcotraficantes vienen del narcomenudeo, en los puestos de venta ubicados en los barrios donde los compradores adquieren las sustancias ilícitas. Esas transacciones siempre, en su gran mayoría, se concretan con dinero en efectivo.
Si una organización generó, por ejemplo, ¢20 millones en un día y planea comprar algún bien con ese dinero, gastar esa suma millonaria de repente llamaría la atención de las autoridades, por lo que necesitan simular un origen legal.
“¿Cuál es el mecanismo más sencillo? Bueno, por ejemplo, se pueden utilizar estas llamadas ventas de lotería ilegal", indicó.
De esta forma, la banda empieza a ingresar a la economía nacional lo que generan con la venta de lotería, cuyos premios pueden ser otorgados con el dinero ilícito.
Este fue el mecanismo que habría usado una organización detenida en el Caso Tómbola, por sospechas de tejer una red de hasta 200 puntos para venta de lotería en la zona norte del país, lo que le habría permitido consolidar una operación millonaria que experimentó un crecimiento acelerado en bienes, propiedades y vehículos de lujo.
Volviendo al caso hipotético, con ¢20 millones en efectivo una banda podría también participar de una subasta ganadera, obtener cuatro cabezas de ganado que luego le podrían generar ganancias al aprovechar su carne.
Con esas ganancias, ya ingresadas a la economía nacional, la organización puede adquirir bienes de más valor, como propiedades y negocios, para seguir expandiendo sus operaciones; de allí cuán vital es para una banda criminal que existan actividades poco reguladas con amplio uso de efectivo.
Recurren usualmente a la figura del testaferro, para que sus propiedades no aparezcan todas a nombre de una misma persona o sociedad y levanten menos sospechas. En el Caso Fénix, cuatro de los imputados fueron supuestos testaferros, pero solo uno resultó condenado.
Para Gómez, es fundamental que las personas involucradas en este tipo de transacciones alerten a las autoridades si sospechan que el dinero proviene del narcotráfico. Por ejemplo, el dueño de una propiedad debería encender las alarmas si le ofrecen ¢50 millones en efectivo.
Es vital la fiscalización, además, de los notarios que emiten las escrituras de estos traspasos.
“Ahora estamos trabajando también de la mano de la Dirección Nacional de Notariado. ¿Por qué? Porque todas estas negociaciones bilaterales tienen que pasar por un profesional del derecho, que es el que da veracidad a los actos contractuales entre las partes", indicó Gómez.
No es extraño que notarios estén vinculados a operaciones criminales, como el Caso Venus 2.0, en el cual uno de estos profesionales “brindaba apoyo en la adquisición de propiedades, asesoría y logística, facilitando el funcionamiento de la organización”, según el Ministerio Público.
Destaca también el Caso Castillo de Naipes, en el que un notario público apellidado García Barquero, de 47 años, fue detenido como sospechoso de legitimación de capitales provenientes de una red de explotación sexual que mutó hacia el narcotráfico.
Incluso, el 26 de marzo, el abogado y notario Carlos Manuel Solórzano Campos, alias Chanchita o Wakanda, fue detenido como extraditable, en Corredores, al ser requerido por una Corte de Texas, Estados Unidos, por presunto tráfico internacional de drogas.
