En distintas comunidades de Costa Rica, el autobús simplemente dejó de pasar. En los últimos diez años, más de 100 rutas fueron abandonadas o canceladas, de acuerdo con el Consejo de Transporte Público (CTP), lo que ha limitado el acceso al transporte público para miles de personas.
Ahora, un proyecto de ley −expediente 25.404− plantea que el Estado intervenga y asuma la operación de esas rutas cuando no resulten atractivas para las empresas concesionarias.
La iniciativa, propuesta por Rocío Alfaro, diputada del Frente Amplio (FA), busca garantizar el acceso al transporte público como un derecho esencial, especialmente en zonas rurales donde se concentra la mayor parte de las rutas desatendidas.
El proyecto fue presentado el pasado 13 de febrero, por lo que se encuentra en su fase inicial, a la espera de que el Directorio Legislativo defina la comisión que se encargará de su estudio.
Según el texto, actualmente existen 416 líneas de autobús en el país, pero al menos 106 han sido abandonadas, lo que equivale a cerca de una cuarta parte del total.
De esas, el 95% se ubican en zonas rurales, lo que ha profundizado las brechas de acceso al servicio en regiones como la Huetar Norte y Chorotega.
Según estimaciones de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans),un 85% de la población costarricense utilizaba los buses en el año 2000; para 2025, la cifra cayó al 45%.
¿Qué cambiaría con el proyecto?
El proyecto plantea una reforma para que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tenga la obligación de garantizar el servicio en estos casos. Así como evitar que comunidades queden sin acceso al transporte público.
En concreto, establece que, si una ruta no se concesiona o es abandonada, el Estado deberá operar el servicio.
Además, la prestación se haría a precio de costo, manteniendo condiciones como horarios, tarifas, recorridos y frecuencia.
La propuesta también refuerza el papel del MOPT en la planificación y regulación del transporte, incluyendo la potestad de fijar itinerarios, condiciones y tarifas en función del interés público.
Críticas al modelo actual
El proyecto parte de un diagnóstico crítico del sistema actual de transporte público en autobús, al que califica como “obsoleto” y con fallas en la fiscalización.
Entre los principales problemas señalados están las unidades deterioradas o con vida útil vencida, el incumplimiento de los horarios del servicio, la falta de accesibilidad (Ley 7600), sobrecarga de pasajeros y la debilidad en la supervisión del CTP.
Además, el texto advierte de que el CTP presenta posibles conflictos de interés, al incluir representación de empresarios del sector, lo que estaría influyendo en decisiones que priorizan intereses comerciales sobre los de los usuarios.
En ese contexto, la iniciativa también propone modificar la integración del Consejo de Transporte con cambios que incluyen: eliminar vínculos de miembros con empresas del sector transporte, incorporar la representación de los usuarios e incluir a actores institucionales y de las municipalidades del país.
Con estas acciones el proyecto buscaría reducir los conflictos de interés y fortalecer la toma de decisiones en favor del servicio público.
¿Por qué los autobuseros abandonan las rutas?
En términos generales, los autobuseros justifican la decisión del abandono de rutas debido a que el negocio dejó de ser rentable, sobre todo después de la pandemia de la Covid-19.
Las razones varían, pero coinciden en factores como la disminución de la demanda, la obsolescencia de los esquemas operativos, el rezago en las tarifas y la competencia con plataformas informales.
La falta de modernización del sistema de transporte público también provoca que cada vez menos personas lo utilicen y busquen alternativas: recurren a otras plataformas de transporte o se endeudan para adquirir motocicletas y automóviles. En la mayoría de los casos es su única opción, ya que no es factible caminar kilómetros a diario.
Por otra parte, para la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), los motivos del abandono de las rutas también se debe a la falta de un esquema operativo actualizado y adaptado a las necesidades de las comunidades, junto con tarifas que no han sido revisadas en los últimos 15 años. Estas fueron las principales causas identificadas en un estudio que realizó el ente regulador.
El análisis revela que el 95% de las rutas abandonadas se encuentran en zonas rurales. Por ejemplo, en las regiones Chorotega y Huetar Norte, se ubican la mitad de las rutas en estado de abandono.
En la Chorotega, las principales razones son la poca frecuencia en el servicio y el mal estado de los buses; mientras que en la Huetar Norte el abandono se relaciona con deficiencias en las vías.
Además, el 67% de las rutas carece de operador asignado y esquema operativo vigente, lo que impide a la Aresep fijar una tarifa.
Por otra parte, en algunas rutas, un 29% de los recorridos coincide parcialmente con otras rutas activas, ofreciendo una alternativa parcial a las comunidades sin transporte.