Editorial: Retos de la educación: reconstruir con diálogo y transparencia

Otro paso fundamental para mejorar la calidad de la enseñanza pública es la implementación de pruebas de idoneidad para docentes, las cuales son obligatorias desde la reforma al Estatuto de Servicio Civil en 2020. Sin embargo, el MEP no ha dado una fecha para su aplicación. No podemos permitirnos más dilaciones en un proceso relevante para seleccionar a los mejores educadores.

Además, se necesita un sistema robusto de capacitación y acompañamiento docente en el cual se dé apoyo a los maestros con el fin de que puedan formar e inculcar valores a una generación que crece en medio de confusiones de la era de la información, la inteligencia artificial y las redes sociales.

A ello se suma otro enorme reto: la existencia de un sistema de evaluación carente de sustento técnico. La prueba estandarizada del MEP, aplicada desde 2023, diluye información sobre el rendimiento real de los estudiantes al compensar malas calificaciones en una materia con mejores notas en otras. Esto encubre deficiencias y distorsiona los resultados, como lo investigó y denunció La Nación con base en datos y análisis de expertos. Es necesario comprender que lo que ahora camuflan las evaluaciones queda al desnudo cuando los estudiantes ingresen a la educación universitaria y se refleje su rezago en Matemáticas, Ciencias, comprensión de lectura, inglés y otros campos.

En aras de fortalecer la calidad, el MEP debe implementar un sistema de evaluación con instrumentos probados y confiables, que permitan un análisis realista del estado de la educación. Evaluar no es una cuestión de colores (rojo, verde o azul), sino de indicadores claros, medibles y comparables.

La no inclusión de las universidades en la planificación educativa también es otro error grave. Estas instituciones poseen el conocimiento y la experiencia para aportar en el diseño de una ruta de mejora. Es imperativo que el MEP escuche a expertos y docentes para definir políticas efectivas y evitar improvisaciones.

Leonardo Sánchez ha dado un paso en la dirección correcta al abrir el diálogo con el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y los sindicatos. Pero no basta con reuniones iniciales. Se necesita un compromiso real del gobierno para respaldar estos esfuerzos y convertirlos en acciones concretas en medio de otro gran problema: el presupuesto del MEP para este año es el más bajo en la última década, un 4,9% del PIB, cuando la Constitución establece un mínimo del 8%. La reducción de recursos es un golpe a la calidad educativa y un obstáculo para cualquier reforma significativa.

Revertir la crisis educativa requiere no solo de diálogo y planificación, sino también de un financiamiento adecuado. Sin recursos suficientes, cualquier propuesta difícilmente se convertirá en realidad y en ese sentido se requiere negociación y, sobre todo, convencer a los educadores que trabajan en el aula, porque son ellos quienes tienen la posibilidad de convertir una estrategia en resultados.

También es necesario que los ciudadanos comprendamos que el país vive la peor crisis educativa en 40 años, como lo advirtió el Estado de la Educación. El rezago académico es evidente. Para salir de este túnel, es vital abandonar las respuestas simples a problemas complejos. La solución está en la planificación rigurosa, el diálogo basado en evidencia y el compromiso con una educación de calidad. Los costarricenses no podemos darnos el lujo de seguir viendo improvisación.