El Estado deberá firmar en setiembre nuevos contratos de concesión con los autobuseros, pero hay poca información sobre las negociaciones que se sostienen con los empresarios.
Eduardo Brenes, viceministro de Transportes, aseguró que están en un proceso para evaluar la capacidad de los autobuseros.
¿Cuáles autobuseros están compitiendo por los contratos de concesión? ¿Cuáles son los parámetros de evaluación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)? ¿Quién ejecuta la valoración? ¿Qué mecanismos de control pueden ejercer los usuarios en el desarrollo de ese proceso?
Para responder esas preguntas, La Nación solicitó copias de los expedientes de renovación, pero Brenes los negó al alegar que contienen “información técnica y privada”.
La tesis expuesta por el viceministro es que esos datos serán públicos hasta que cada autobusero interesado obtenga una nota. ¿Cuándo ocurrirá eso?
“En los próximos meses”, dijo el funcionario.
Esta renovación de concesiones es de particular importancia por las implicaciones que tendrá para el plan de sectorización, proyecto que pretende reducir el número de rutas que ingresan al centro de San José y así agilizar los recorridos de millones de usuarios.
El Estado tiene más de 20 años sin lograr ese cambio.
¿Quiénes están interesados en operar las 17 rutas troncales que establece ese proyecto? ¿Cómo lo harán? Eso tampoco se conoce, pues los planes operativos contratados en 2020 al consultor Leonardo Castro, por ¢300 millones, aún no están listos.
–Usted indica que en los últimos años se dieron avances en materia de transporte público, como reducir el número de rutas o que los operadores de algunas rutas se transformaron en empresas formales, pero la sectorización como tal no ha avanzado.
– No, eso no se ha dado y ese es el reto que tenemos ahora con la consolidación de la renovación de concesiones, con una aclaración (...) El tema de transporte público no es una simple consultoría, no es un documento, es un proceso en el que intervienen muchas partes del MOPT, muchas partes fuera del MOPT, el sector empresarial, el marco jurídico y todo lo que involucra el tema urbano; ese es el sistema de transporte público.
– ¿Y el usuario?
– Exacto. Ahora, la sectorización, como tal, se ha consolidado en el hecho de que, al día de hoy, hay muchos menos empresarios en esas áreas (12 sectores), antes había más de 200, ahora son 38 y que, en alguno de esos sectores, el operador ya es uno, en otros hay cuatro, cinco o seis.
“Esos cuatro, cinco o seis, por ley, decreto o lo que sea, están obligados a consorciarse para manejar un solo plan operativo. Por ejemplo, usted y yo somos empresarios de un sector, usted tiene 20 buses y yo tengo 25, el plan operativo lo que hace es definir cómo operamos siendo un solo consorcio.
– El decreto para establecer la sectorización de autobuses se firmó en el año 2000 ¿Cuáles son las razones por las que el país no ha logrado ese cambio en más de 20 años?
– Porque progresivamente, en los diferentes gobiernos, no ha habido un interés de coger el proyecto como algo en tiempo y espacio, porque esto no es algo de una sola administración, este es un proyecto que puede llevar varios años.
“Yo siempre pongo el ejemplo del sistema de salud, si hace 70 años creamos el sistema de salud y si no lo hubiéramos mejorado constantemente, creando hospitales, clínicas y todas esas cosas, no tendríamos los indicadores de salud que tenemos.
“En el transporte público no ha sido así. Entonces, una política pública que se resquebraja de gobierno en gobierno no puede tener continuidad y, por lo tanto, un producto.
– ¿Esa situación no es consecuencia de que los autobuseros estén sentados en la misma mesa del ente que los regula?
– Esa es una política que en algún momento se tomó, las juntas directivas están conformadas por sectores públicos y privados, lo que estamos haciendo, en este momento, está debidamente aprobado por la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público.
– Usted dice que hay una cuota de responsabilidad de los gobiernos por no empujar la modernización del transporte público, pero ¿cuál es la cuota de responsabilidad de los autobuseros?
– Primero que todo hay que entender que el sistema de transporte público en Costa Rica no tiene un solo colón de subsidio, usted se va a todos los países en el mundo y el transporte público es una política pública y se contempla como un sistema que, al ser implementado, mejora las condiciones de habitabilidad, ambientales, de movilidad de la gente… mejora todo.
“Entonces, hay países que subsidian hasta un 60% del costo de transporte público (...) Nosotros como país nunca hemos llegado a tener un subsidio.
– Pero vuelvo a la pregunta ¿qué cuota de responsabilidad tienen los empresarios autobuseros de que sectorización u otros procesos de modernización no se concreten?
– Pero… ¿quién administra el sistema de transporte?
– Ellos son parte de la estructura que administra el sistema…
– No, una cosa es tener un voto (en la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público) y otra cosa es tener una administración.
– Es cierto que ellos tienen un voto, pero usted y yo sabemos que ellos tienen una cuota de poder mayor en el Consejo de Transporte Público…
– Usted tiene todo el derecho enfocarlo por ahí y yo no le voy a restar razón, pero nosotros lo estamos viendo desde la responsabilidad del Ministerio, con la responsabilidad de los rectores del sistema de transporte y con espíritu de querer impulsar, no solo el transporte público, sino una ciudad decente.
– Replantearé la pregunta ¿Para usted los autobuseros no tienen cuota de responsabilidad?
– Yo diría que hay una imagen con respecto al empresariado que los ha colocado en esa negatividad y si usted se pone en el papel de ellos, en el que a usted se le exige de todo como empresario y el Estado no le da nada, dígame si usted no desarrollaría algunos mecanismos de organización y de defensa.
“Aquí (Costa Rica) la mayoría de las empresas son medianas y pequeñas. Son muy poquitas, como 10 o 20 empresas, las que pasan de cierta cantidad de buses; el grueso de empresarios son pequeños y medianos y ese es el concepto social con que nosotros estamos manejando el transporte público.
“El Gobierno podría decir: ‘a partir del 2021 se acaban las concesiones y va una licitación internacional’, que venga un gran empresario de algún lado y nos dé el servicio de transporte público, eso es una posición.
– Usted dice: ¿Qué hace usted si es un empresario y le exigen y le exigen? Pero a ellos nadie los obligó a asumir el rol de empresarios autobuseros?
– No, no, por supuesto. Yo no los voy a defender, ni los voy a atacar, sencillamente es el empresariado con el que estamos trabajando, tenemos que empezar a generar ese cambio y ellos, lo que yo siento que hacen, algunas veces, es sentirse abrumados porque las inversiones son muy grandes.
“Veamos el transporte eléctrico, la ley reciente de incentivos al transporte eléctrico dice que cada dos años el empresario tiene que cambiar de flota un 5%, bueno, ellos (los autobuseros) no están luchando contra eso, ellos van con la modernización”.
– Si tenemos empresarios pequeños y medianos que, según usted, no pueden cumplir o se sienten abrumados ¿Por qué no apostar por la licitación internacional y exigir parámetros de cumplimiento como lo hacen decenas de países? ¿Eso se ha valorado?
– Sí, pero repito: es un cambio; es una cirugía mayúscula (...) Al menos para este periodo ya no hay tiempo, pero hacer una licitación de esa naturaleza yo diría que se lleva tres años en esa gestión, lo otro es que cualquier gobierno tendría que sopesar el riesgo de perder un empresariado nacional que tiene 40 o 50 años modernizándose poco a poco.
– ¿40 o 50 años modernizándose poco a poco o 40 o 50 años dando un mal servicio de transporte público?
– Es que el servicio público no lo puede medir solamente desde la culpabilidad de los empresarios, vea la infraestructura y el trazado urbano ¿Cuánto tarda una unidad de transporte público en recorrer una vía nuestra sin condiciones adecuadas? ¿Un empresario internacional con toda la plata del mundo estaría dispuesto a traer 2.000 o 3.000 buses? ¿Operaría en esta ciudad? ¿Le podríamos dar garantías para operar en esta ciudad con la infraestructura que tenemos?
– Con todo respeto, yo lo escucho hablar y percibo que pone mayor enfoque en los empresarios ¿Eso ha sido así históricamente? ¿Se ha dejado a los usuarios de lado?
– Yo creo que la percepción suya es un poquito equivocada, yo no le guardo ninguna consideración a los autobuseros, como no se la guardo a ningún sector en particular.
“Precisamente, para pensar en el usuario tenemos que pensar en la capacidad institucional, en la capacidad de infraestructura y en la modernización de las unidades y eso no lo hace el usuario, eso lo hace el empresario y la institución.
– ¿Cómo podemos hacer para conocer los expedientes de renovación de concesiones de rutas de bus? ¿Dónde están?
– Usted no los puede conocer porque es información técnica y privada, estamos en un proceso de análisis de la capacidad empresarial. Entonces, yo sé que el empresario Eduardo Brenes, por poner un ejemplo, en algún momento obtendrá una nota para pasar o quedarse y se puede quedar, en ese momento se tiene que dar a conocer el expediente porque ya forma parte de una vivencia pública, ya sería un tema analizado por el Consejo de Transporte Público, ya se aprobó o se rechazó y entra en las actas de conocimiento público.
– ¿Cuándo sabremos esas notas para saber quién pasó y quién se quedó?
– De acuerdo al cronograma, en unos tres meses eso tendría que estar resuelto.
– ¿Por qué esos expedientes, según usted, no son públicos?
– No es una licitación.
– Es un proceso de concesión de un servicio público ¿Por qué no está la información disponible para consulta de cualquier ciudadano?
– Es un proceso de concesión que tiene sus mecanismos establecidos por ley para hacer las evaluaciones, al final se obtiene una nota y se firma un contrato.
– ¿No habla eso mal de la transparencia con que se maneja el transporte público en el país?
– Puede ser, puede ser que usted lo vea así, nosotros no lo vemos así, eso son dos opiniones (...) Si es público o no es público, yo no lo sé, tendrá que hacerle una consulta a la Sala Constitucional y ellos dirán, la pregunta que uno se hace es si eso le hace un bien o un mal al sistema de transporte público.