Rodolfo Méndez advierte que irá ‘hasta últimas consecuencias’ en disputa con Globalvía por peajes

La disputa por los ingresos provenientes de los peajes que se cobran en la ruta 27, será llevada por el Gobierno “hasta las últimas consecuencias”.

Con ese énfasis lo manifestó este jueves el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, en relación con el proceso judicial que enfrenta al Estado con Globalvia, empresa que administra la carretera San José-Caldera.

“En todo contrato siempre hay divergencias entre las empresas y la Administración no es de extrañar que la haya en el caso de la ruta 27. Lo importante es que la Administración está en firme que eso está mal hecho y que lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

Esa fue una de las respuestas del jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a consultas sobre el el informe presentado por la empresa supervisora del contrato de concesión, el cual criticaba la práctica de Globalvia de descontar de forma unilateral lo que estima que dejan de percibir por concepto de evasión en las estaciones de peaje, es decir, de conductores que no pagan.

Esas diferencias están siendo discutidas desde mediados del año pasado en el Tribunal Contencioso Administrativo.

Méndez Mata, sin embargo, dijo que el lío judicial no impide avanzar en las negociaciones para la ampliación del contrato con esa empresa, sin descartar que el tema sea tratado en las negociaciones.

“Cuando se está hablando de entrar en una negociación adicional es perfectamente entendible que las partes traten de encontrar modificaciones al contrato, no es de extrañar que esos temas se ventilen ahí”, expresó.

Sus declaraciones se dieron durante la inspección a los trabajos para la nueva intersección de Guadalupe, sobre la carretera de Circunvalación.

El ministro defendió el plan de continuar la relación con Globalvía para modernizar la ruta, pues, según dijo, así lo determinó un análisis realizado antes de comenzar las conversaciones con la firma.

Ese estudio pretenía determinar cuál era la mejor opción para concretar las mejoras que requiere la carretera, cuya demanda superó su capacidad desde hace seis años. De todos los escenarios posibles, continuar con Globalvía resultó la mejor alternativa.

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Días atrás, el secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones, José Manuel Sáenz, confirmó a La Nación la existencia del proceso judicial cuya demanda fue interpuesta por la empresa española.

Sáénz explicó que el tema ha provocado varias llamadas de atención a la concesionaria desde el 2018.

Según el documento elaborado por el consorcio supervisor, conformado por las firmas Getinsa-TPF Ingeniería, la empresa Globalvia continúa “descontando” de sus ingresos las sumas que alega corresponden a la evasión en el cobro en las distintas estaciones de peaje.

Esa “manipulación de los ingresos de forma arbitraria por parte de la empresa podría traer consecuencias negativas para el Estado”, advirtió el estudio.

Señala además que esos montos que Globalvia descuenta por la evasión son parte de los riesgos operativos del contrato de concesión. Por tal razón, califica la acción como indebida e infundada contractualmente.

El secretario de Concesiones dijo que el tema es “trazable” y que ese dinero no se pierde, porque en la cuenta que lleva la Administración lo consideran como parte de los ingresos; sin embargo, la decisión final ahora está en manos de los jueces.

La concesionaria respondió a esas acusaciones con un Campo Pagado que se publicó el 16 de enero en la versión impresa de La Nación.

En este, indicaron que el informe emitido por la supervisora Getinsa, “forma parte del normal desarrollo del contrato de concesión”

. Sin embargo, añade, “dicho documento también contiene una serie de interpretaciones y afirmaciones que no compartimos y rechazamos, ya que nos resultan equivocadas y en algunos casos incluso irresponsables”.

La representante de la concesionaria, agregó en ese escrito que las diferencias de criterios que surjan durante la vida del contrato de concesión, cuentan con un procedimiento administrativo para el tratamiento de las controversias. Considera que las discrepancias no suponen una “manipulación arbitraria” , pues están siendo discutidas en las instancias correspondientes.

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El contrato de concesión vigente con Globalvía vence en el 2033 y actualmente el Gobierno negocia una adenda para completar las labores de ampliación que requiere la ruta, pues al poco tiempo de inaugurada resultó ineficiente para la cantidad de tráfico que transita a diario por esa vía.

Ese proceso se encuentra actualmente en la etapa de elaboración de estudios de factibilidad, de los cuales surgirá el modelo financiero que, entre otras cosas, permitirá determinar los futuros montos de peaje que se requerirán para financiar las mejoras.