A cambio, el contrato de concesión se extendería por 15 años más, a partir del vencimiento del actual. De esta forma, Globalvia operaría la carretera nacional hasta el año 2048.

El contrato vigente tiene una duración de 25 años y finaliza en el 2033.

La carta de entendimiento firmada este miércoles fija los términos y condiciones a partir de los cuales el Gobierno y la empresa a cargo de la ampliación negociarán todos los acuerdos de obras adicionales que, además, llegarán al Parque Metropolitano La Sabana en San José.

“Consideramos y propusimos al concesionario de que teníamos que hacer algunos cambios, si hay algo que motiva una concesión es que el monto de la tarifa que usted llegue a pagar, lo correlacione con que el problema de congestión ha sido solucionado”, dijo el secretario nacional de Concesiones, José Manuel Sáenz.

El funcionario insistió en que será a partir de los estudios que están en elaboración, que se determine el costo de las obras. Advirtió de que incluso podría ocurrir que, si el costo es muy alto, los requerimientos sean menores.

Lo que está claro es que, “definitivamente”, el proceso conducirá a una revisión en las tarifas vigentes cobradas a los conductores, pues de ahí se financiarán las mejoras en la vía nacional, advirtió el ministro de Enlace con el Sector Privado, André Garnier.

Por ahora, no hay elementos para estimar ni el aumento en los peajes ni de cuánto sería el aporte estatal para que el incremento no cause gran impacto.

Según Garnier, también está bajo análisis cuántos carriles adicionales se construirán en cada sección.

“Cuando tengamos las cifras de los costos, tendremos que manejar entre todas las variables, para definir cuánta obra tenemos que hacer. Hemos modelado escenarios donde tenemos aportes del Estado, valor de la obra y posible impacto en el peaje, pero esa modelación hay que hacerla cuando tengamos todos los números reales, trataremos de impactar la tarifa lo menos posible”, aseguró el ministro.

Inicialmente, el Gobierno calculó que el proyecto costaría $600 millones, sin embargo, el secretario nacional de Concesiones estima que sería menor.

Tanto Garnier como Sáenz garantizaron que las tarifas que se vayan a proponer se pondrán en conocimiento de la ciudadanía para recibir insumos. Esa socialización deberá darse antes de enviar la ampliación de contrato o adenda a la Contraloría General de la República, que está previsto para junio.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, calificó la necesidad de ampliar la obra como una “acción impostergable”.

Tres etapas

En abril del 2019, la empresa española Globalvia presentó un cronograma, según el cual, el proyecto se dividirá en cuatro secciones.

Sin embargo, la nueva propuesta divide el plan de intervención en tres etapas.

De esta forma, el primer tramo a intervenir irá desde el Gimnasio Nacional, en La Sabana, hasta la intersección de Siquiares, Alajuela, que según dijo el secretario de Concesiones es el más congestionado.

Las principales obras a desarrollar en esa etapa incluyen la construcción de un paso a desnivel frente al Gimnasio Nacional —donde comienza la carretera― para descargar el tráfico de la ruta 27 directamente sobre la avenida 10 y la ampliación entre el intercambio de Circunvalación y el peaje de Escazú, incluido el puente sobre el río Tiribí.

Además, contempla la construcción de un nuevo intercambio en Santa Ana con la Ruta 147, así como mejoras funcionales en el intercambio de Guachipelín y de Ciudad Colón, así como la ampliación de la vía entre la salida a Ciudad Colón hasta el intercambio de la Gúacima, Alajuela.

Esos trabajos comenzarían en el 2021.

La segunda etapa contempla dos tramos; uno entre el intercambio de Siquiares y el intercambio de Atenas, y otro entre Orotina y Caldera.

Según la propuesta, en esa vía se ampliará la ruta a dos carriles por sentido y se construirán dos nuevos puentes.

Además se ampliará la intersección del intercambio en Caldera.

La última sección en intervenir va desde Atenas hasta Orotina e incluye la construcción de al menos dos viaductos para dar solución a los problemas de taludes.

Otra de las novedades que incluirá el contrato de ampliación es que se encargará a la empresa la construcción y mantenimiento de los puentes mayores. Anteriormente, la construcción y mantenimiento de dichas estructuras fueron como aporte estatal.

Según los plazos dados a conocer este miércoles, en marzo la empresa presentará los estudios de tráfico de ingeniería y ese mismo mes se ratificará el anteproyecto.

A partir de ahí, se trabajará en el modelo económico del cual surgirán los montos necesarios de inversión para la obra, tarifas de peaje y necesidades de aporte estatal, para posteriormente, en junio, solicitar la adenda ante la Contraloría.

En setiembre del 2018, el Gobierno anunció que se destinarían ¢2.000 millones para que el CNC comience las expropiaciones en al menos 79 hectáreas de terrenos necesarios.

Necesidad temprana

La urgencia de ampliar la ruta 27 fue detectada desde el 2014, cuando la vía tenía apenas cuatro años de operación. Ese mismo año esa posibilidad fue planteada por la concesionaria.

En ese momento, el tráfico promedio diario de vehículos por el peaje de Escazú era de 102.000.

A la fecha y luego de haber consumido el 40% del plazo de la concesión, la empresa ya ha recaudado el 55% de lo estimado para cubrir su inversión por conceptos de peajes.

Esta obra cobra mayor relevancia con las intenciones de modernizar puerto Caldera, terminal que presenta un grave rezago e impide el atraque de grandes embarcaciones.

Con el arribo de buques portacontenedores más grandes, también aumentaría el tránsito de furgones por esta vía.

Colaboraron Juan Diego Córdoba y Juan Fernando Lara S.