Juan Fernando Lara. 5 junio
Vista de una sección del Parque Nacional Manuel Antonio localizada cerca del sector de playa Espadilla en Quepos, Puntarenas. Fotografía: Alejandro Gamboa Madrigal
Vista de una sección del Parque Nacional Manuel Antonio localizada cerca del sector de playa Espadilla en Quepos, Puntarenas. Fotografía: Alejandro Gamboa Madrigal

En un intento por armonizar protección del ambiente con actividades comerciales, el Gobierno emitirá este miércoles un decreto que permitiría realizar actividades recreativas, comerciales y científicas en zona marítimo terrestre (ZMT) donde exista patrimonio natural del Estado.

Las áreas bajo esa categoría la componen áreas silvestres protegidas y aquellos terrenos boscosos de dominio público con una extensión de al menos tres hectáreas.

El decreto reforma tres artículos del Reglamento a la Ley Forestal para introducir las figuras de contratos y permisos de responsabilidad ambiental en ZMT.

Pamela Castillo Barahona, viceministra de Ambiente, explicó que con esta normativa se regularán compromisos ambientales en esos terrenos.

Contratos

Con los contratos, por ejemplo, se podrían solucionar problemas que enfrentan tanto personas físicas como jurídicas a las que una municipalidad les dio la concesión en un terreno que luego se clasificó como patrimonio natural del Estado.

En esos casos, se dará un año a partir del decreto para que los concesionarios firmen su contrato de responsabilidad ambiental con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). Esa figura jurídica les permitirá realizar actividades en la porción del terreno que es patrimonio natural del Estado.

Este contrato se anexa al que ya tienen por la concesión otorgada por la municipalidad y regirá por el mismo plazo. El resto del terreno se regirá por la concesión, explicó la funcionaria.

Las actividades que se podrían realizar incluyen investigación, capacitación y ecoturismo incluido senderismo, caminos rústicos, canopy, zona de campamentos, plataforma de observación en árboles, puentes colgantes, áreas para descanso y almuerzo e incluso albergues y cabinas o edificaciones dedicadas al ecoturismo, estaciones biológicas o ciclismo recreativo.

“Los criterios de estas actividades se verán con mucho detalle antes de otorgar el contrato. Nuestra tesis con esto es que, a más seguridad jurídica, mayor conservación. Si se le permite a alguien usar un patrimonio natural de Estado con el cual se identifica, del cual se beneficia y que siente como su responsabilidad, pues más lo cuidará”, señaló.

Castillo agregó que los contratos persiguen otorgar derechos y responsabilidades que deben cumplirse, de lo contrario habrá penalidades. El contrato plantea cobrar 1% de canon por el valor de las estructuras desarrolladas. La mitad irá a las arcas del Sinac y la otra a la municipalidad que haya otorgado la concesión.

Permisos

El otro instrumento jurídico que se crea es el permiso ambiental, dirigido a particulares que no tienen concesión. Estos permisos se extenderán por períodos de 15 a 25 años.

La viceministra recalcó que bajo ninguna circunstancia esta autorización genera un derecho de propiedad sobre el terreno en patrimonio natural, solo autoriza realizar actividades.

“Con estas reformas queremos contribuir a que comunidades en ZMT con patrimonio natural, tengan acceso a préstamos para desarrollar alguna actividad ya que, aunque nunca tendrán titulo habilitante, al menos sí más seguridad jurídica”, explicó.

Castillo es la primera en reconocer que estos instrumentos alivian, en parte, problemas heredados de la práctica hace años por la cual terceros con intereses comerciales elaboraban planes reguladores en la ZMT.