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El ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, manifestó la tarde de este jueves su oposición a construir el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, que el ICE pretende levantar en Buenos Aires de Puntarenas.
Según el jerarca, no existen estudios u otras valoraciones de impacto social y económico que justifiquen la declaratoria de conveniencia nacional dada al proyecto hace una década.
Esta es la respuesta del jerarca a los magistrados de la Sala IV, cuando tuvo que referirse a la acción de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo número 34.312 del 13 de febrero del 2008, el cual declaró de conveniencia nacional e interés público la megaobra que requiere ocupar territorios indígenas.
La acción se tramita bajo el expediente 18-005745-0007-CO y se le dio curso desde el 17 de abril. La gestión plantea una serie de cuestionamientos al proyecto por eventuales daños ambientales y patrimoniales.
"Luego de hacer una análisis jurídico de la demanda, concordamos con la persona que presenta esta acción de inconstitucionalidad. Una declaratoria de conveniencia nacional o interés público primero requiere un análisis de costos y beneficios. Tal declaración oficial, por lo tanto, exige un análisis objetivo. Que un proyecto lo impulse una entidad del Estado, no lo hace de interés público automáticamente", recalcó la tarde de este jueves Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Ambiente y Energía.
Estas declaraciones de "interés público" y "conveniencia nacional" en proyectos desarrollados por entidades públicas, añadió, requieren una demostración económica de su conveniencia en la cual se cuantifique, en términos económicos, costos ambientales y sociales del proyecto por desarrollar.
Una declaratoria de conveniencia nacional es, además, una de las excepciones que permitiría cambiar el uso de suelo y la corta de árboles en zonas de protección, prohibida por la Ley Forestal Nº 7575.
Su postura llega en momentos en que los jerarcas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) manifiestan la posibilidad de hacer la millonaria obra para dar servicios de respaldo energético a la región y menos para necesidades energéticas del país, aún cuando su financiamiento también vendría de las tarifas eléctricas locales.
En su contestación por escrito, Rodríguez recordó a los magistrados que la figura de conveniencia nacional no aplica para cualquier situación o proyecto.
"Únicamente para aquellos casos en los que se logre demostrar que los beneficios sociales sean mayores que el costo socioambiental, no obstante, no consta en este despacho los estudios y valoración social y económica que así lo justifiquen, lo anterior sin dejar de lado, que el proyecto se realiza sobre territorio indígena", expresó el ministro.
"Con esto, no solo le estamos dando la razón al accionante sino que queremos dejar un precedente importante", enfatizó el jerarca de Energía.
El proyecto El Diquís pretende la construcción de una planta de 650 megavatios (MW), el doble que la hidroeléctrica Reventazón en Siquirres, Limón. Su costo a diciembre de 2015 se estimaba en $3.694 millones.
Su embalse anegaría tierras indígenas: 10% del territorio China Kichá (104 hectáreas) y 8% de tierras térrabas (726 hectáreas). Por esa causa, se requiere de una consulta indígena que aún no se realiza, pues hasta este año se aprobó el mecanismo para efectuarla.
A pesar de las complicaciones, el ICE ha insistido en la necesidad de construir la hídrica.
Inicialmente era para atender la demanda eléctrica interna, pero desde el mes pasado, argumentó que en realidad se convertiría en “una gran batería de respaldo” para proyectos de energía limpia en Centroamérica.
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“Diquís no la estamos planteando para generar corriente eléctrica. Eso es muy importante. El valor estratégico que posee es que tendría una gran potencia de generación junto a un gran embalse. Es la gran batería que va a tener el sistema eléctrico centroamericano para permitir la integración de fuentes renovables variables; ese es el futuro”, expresó entonces Javier Orozco, director de Planificación y Desarrollo Eléctrico del ICE.
En el mismo sentido se pronunció Irene Cañas, nueva jerarca del Instituto, quien en entrevista con este medio, el 9 de mayo, declaró que El Diquís podría construirse bajo un esquema de servicios auxiliares de respaldo energético para Centroamérica, una vez analizados sus posibles beneficios.
“No necesariamente el costo de El Diquís se iría a las tarifas de los costarricenses porque pueden aparecer posibilidades de vender servicios a Centroamérica y definir cómo se reconocerían”, expresó en aquella ocasión.
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El reclamo
La acción de inconstitucionalidad que originó la consulta al ministro Rodríguez fue presentada por un indígena y alega que el decreto viola el principio de irreductibilidad del bosque, contemplado en diversas normas de índole legal.
Bajo este argumento, no es posible permitir la tala de árboles y la eliminación de zonas de protección, así como tampoco la inundación de territorios indígenas.
La denuncia agrega que los territorios indígenas son creados por medio del legislador, razón por la cual, solo por esa vía se puede modificar el destino de esos suelos.
“La inundación del bosque supone la pérdida del conocimiento originario asociado con éste, lo que viola el Convenio No. 169 de la Organización del Trabajo”, indica la acción.
Además, el accionante alega que se estaría dejando de lado la Ley de Patrimonio Arqueológico, Ley No. 6073, la cual incluye dentro de éste a los inmuebles producto de las culturas indígenas.
