El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, manifestó la noche de este martes, luego del encuentro que sostuvo por más de tres horas con los representantes de los gremios de los taxistas, que se mantiene la discusión sobre la forma en que opera la plataforma Uber en el país, por lo que se les entregó un documento con tres puntos.

“Hemos concluido una reunión larga con los representantes de las organizaciones de los taxistas y les hicimos entrega del documento emitido por el Consejo de Gobierno. Este fue discutido y analizado. La pretensión del Gobierno es que una vez reconocido el hecho que tenemos una legislación que regula todos los servicios del transporte en general bastante anticuada, es indispensable trabajar en una nueva ley”, manifestó Méndez a las 8:55 p.m.

Añadió que "se le formula al gremio de los taxistas trabajar en una propuesta que luego pueda llegar a la Asamblea Legislativa para transformar el sistema, reconociendo todos los problemas y buscando una solución a los problemas de hoy en día”.

"Nosotros no tenemos otra potestad que aplicar la ley como se ha venido haciendo a lo largo del tiempo. La problemática es una ilegalidad evidente y reconocida por el mismo Gobierno. Las acciones a disposición permiten que el servicio siga operando como lo ha estado haciendo. Es parte de la situación que hay que resolver” , aseveró el ministro.

“Los operativos de Tránsito se mantienen, es la norma que le corresponde al Poder Ejecutivo, mientras se profundiza en la problemática y se le encuentra a través de una nueva legislación una solución. El plazo nos lo tenemos que imponer nosotros mismos. Es indispensable un plazo ya que hay una afectación socioeconómica”, explicó el jerarca.

Por su parte Rubén Vargas, representante de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), expresó que se sintieron satisfechos por el documento que les entregó el Gobierno, aunque insisten en que hace falta un punto más que adicionarle.

“Creemos que le hace falta al mismo un punto más, por lo que estamos solicitándoles a los señores del Consejo de Gobierno una adición al documento ya presentado, y que se incluya un cuarto punto, en el cual se inste directamente a la empresa que brinda el transporte ilegal el cese de operaciones. Y no solo a ella, sino a todas las otras empresas que están emergiendo”, aseveró Vargas.

“Aquí se nos entrega un documento por parte del Consejo de Gobierno en donde se ratifica que todo lo hemos venido manifestando nosotros en los últimos tres años se da como cierto. Todas las violaciones al ordenamiento jurídico salen confirmadas ahí. Desde el pronunciamiento de la Aresep hasta el que efectuó el presidente Carlos Alvarado”, dijo el dirigente de los taxistas.

"Estamos solicitando que en el próximo Consejo de Gobierno se le notifique a Uber que tiene que cesar las actividades. Sabemos que con el cierre de la empresa pirata, automáticamente el trabajo del taxista debe aumentar, ya que estamos perdiendo un 80% del transporte. Queremos que la respuesta sea brindada el próximo martes. Si no, veremos qué va a pasar”, manifestó Vargas.

El encuentro comenzó pasadas las 5:30 p. m. en el despacho del ministro en Plaza Víquez, mientras fuera del edificio se mantuvo hasta las 8:30 p.m. un nutrido grupo de taxistas que esperaron la resolución.

El representante agregó que ellos cuentan con plataformas idénticas a las de Uber, pero que el único problema que tienen es que no poseen la tarifa que tiene Uber.

Hace 45 días

La última manifestación protagonizada por los taxistas tuvo el lugar el pasado 3 de julio. En esa ocasión, ese gremio exigió una vez más que el Gobierno “expulsara” definitivamente a la empresa Uber del país. Tras esas protestas, el Ejecutivo se comprometió a ejercer un mayor control de transporte ilegal y buscar soluciones definitivas.

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La misma semana en que se dieron los bloqueos, el presidente de la República, Carlos Alvarado, había advertido de que la respuesta al tema de servicios de taxi debía pasar también por una regulación que surgiera de la Asamblea Legislativa.

Durante una reunión entre representantes de taxistas y autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Gobierno anunció que entre enero y julio de este año se multó a 2.549 conductores por brindar servicio público informal. Además, 350 casos fueron trasladados a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Desde su llegada, en agosto del 2015, Uber ha ido en crecimiento, al punto de sumar ya más de 22.000 choferes en Costa Rica, de los cuales 10.000 están a tiempo completo, siendo esta su única forma de ingresos. Para unos 14.000 es su principal o única fuente de empleo.

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Por otra parte, se calcula que el gremio de taxistas y porteadores asciende a unos 12.500 conductores. Ellos reclaman que la diferencia tarifaria y otras características propias del servicio han incidido en que sus ingresos se redujeran en más de un 50%.

Los taxistas formales también alegan que ellos deben asumir costos como revisión técnica dos veces al año, canon al Consejo de Transporte Público (CTP) y otro a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), impuesto sobre la renta, seguros obligatorios y la afiliación a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

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Según la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), los taxis rojos movilizaban, a julio del 2017, a alrededor de 661.000 pasajeros por día. El vocero de Uber para Costa Rica, Andrés Echandi indicó semanas atrás a La Nación, que su empresa atendió un promedio de 738.000 personas en los últimos tres meses.