El Gobierno no tiene claridad de dónde saldrán los recursos que se necesitan para completar el proyecto de ampliación de la ruta 32, entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón, con todas las obras de seguridad vial que requiere ese corredor de 107 km.
Ni siquiera se sabe, exactamente, cuáles son esas obras que garantizarían el tránsito de vecinos de cantones como Pococí, Siquirres, Matina, Guácimo y Limón; cuánto cuestan o si se podrán ejecutar en su totalidad.
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Así lo admitieron la tarde de este martes, Nogui Acosta y Luis Amador, ministros de Hacienda y Obras Públicas, respectivamente, ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Ambos fueron citados a ese foro legislativo para dar su criterio sobre el proyecto de ley presentado por el gobierno anterior para financiar las obras complementarias, valoradas en aquel momento en $150 millones.
Para Acosta, lo más recomendable es desechar ese proyecto porque “no tiene sentido”, ya que no se tiene claridad de los alcances de las obras que se requieren, ni de dónde provendrán los recursos. Además, en su criterio, el hecho de que se planteara excluir esa partida de la regla fiscal, no implica que no afecte el déficit fiscal.
Adicionalmente, dijo, se debe considerar que existe un tope de endeudamiento al que el país se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que en caso de que se planee buscar créditos externos, estos también deberán ser sometidos a un delicado análisis.
Amador, al ser consultado sobre las alternativas que el país tiene, manifestó que la intención es tener en un plazo de cinco meses los estudios de preinversión que determinarán cuáles son las obras que hacen falta y su costo.
Según dijo, los trabajos que fueron enlistadas por los vecinos y la unidad ejecutora tienen un costo superior a $192 millones y no los $150 millones calculados por el anterior gobierno. Eso incluye al menos 64 pasos peatonales, siete retornos, aceras, ciclovías, bahías para autobuses y otras intervenciones de seguridad vial.
No obstante, de acuerdo con el jerarca, si se quitan los pasos a nivel y se reducen esas obras al mínimo, la suma podría recortarse hasta llegar a $5 millones, con los que apenas se podría abrir la ruta con las condiciones básicas para los usuarios.
Pese a que el plazo para que la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) entregue la ampliación de la vía vence en febrero próximo, el ministro afirmó que actualmente el proyecto tiene un 73% de avance, por lo que se esperaría que haga falta un año para completarlo.
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Luis Amador advirtió de que, en caso de que se consigan los recursos y se opte por hacer las obras complementarias de mayor nivel, se debe tener en cuenta que eso va a tener un impacto “muy significativo” en expropiaciones, lo cual también extendería el tiempo de ejecución.
Postergar discusión
Acosta aseguró que hasta que se cuente con los estudios citados por Amador, se podría valorar cuál sería el mecanismo.
“Vamos a tener claridad en el momento en que sepamos cuánto nos cuesta”, afirmó.
Esta fue la razón por la cual consideró que lo mejor era desechar el proyecto y, cuando sepan lo que se necesita, discutir cuál será el mejor esquema de financiamiento.
El ministro de Obras Públicas sí expuso algunas de los escenarios contemplados hasta ahora, entre los que destacó la posibilidad de realizar las mejoras menores por $5 millones para lograr habilitar la vía; en una segunda fase, ejecutar obras complementarias, y en una tercera etapa, colocar peajes que permitan garantizar recursos para el mantenimiento y para construir mayores obras de seguridad.
“No es que queramos hacer lo más barato es que estamos viendo qué ocupamos para sacar lo que está actualmente y poner aquellas medidas que permitan protección a los ciudadanos que necesitan pasar de un lado a otro”, afirmó ante consultas de legisladores.
Reclamo de CHEC
Durante la audiencia, el ministro también reveló que actualmente el reclamo económico presentado por la empresa china asciende a $65 millones, de los cuales podrían rebajar unos $15 millones mediante contra reclamos.
Sin embargo, en caso de que no se logre un acuerdo sobre el resto de las pretensiones de la compañía, el Ejecutivo también deberá buscar de dónde pagar esos $50 millones.
En julio anterior, la unidad ejecutora del proyecto dio a conocer la existencia de un reclamo por $25 millones de parte de la empresa, asociado con incremento en el costo de los materiales.
CHEC alega que el contrato se comenzó a negociar en el 2010, por lo cual ha transcurrido una década desde que hizo la oferta, lapso durante el cual aumentaron los costos para completar el proyecto de la principal carretera que comunica con el Caribe.
El Estado además debe desembolsar $9 millones adicionales por diferencial cambiario, ya que una parte del crédito por $396 millones que otorgó el banco chino Eximbank a una tasa anual del 2% estaba en yuanes.
En total, el proyecto tiene un costo de $465 millones que se completan con una contrapartida estatal de $69 millones.