Aunque la construcción del tren eléctrico metropolitano forma parte de su agenda de recuperación económica, el gobierno decidió no convocar a sesiones extraordinarias del Congreso el préstamo por $550 millones para financiar el comienzo de las obras.

Elizabeth Briceño, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), reconoció que en este momento no existe consenso con las bancadas legislativas para avanzar con la iniciativa, por lo que el proyecto retomará su curso normal más adelante.

Además, afirmó que tanto el Consejo Económico como el equipo de Salud del Poder Ejecutivo priorizaron otros temas para esta convocatoria.

“Evidentemente había que buscar una agenda de consenso sobre la cual todas las fracciones legislativas estuvieran dispuestas a trabajar muy duro en materia de covid-19 y creímos conveniente que el tren todavía no entre, sino que podría esperar para futuras convocatorias.

“Hay que concentrarse en la pandemia, en cómo sacar adelante al país. Hay temas importantes y duros, por ejemplo las reformas al empleo público y al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), que son temas que tienen que pasar ya.

“Por supuesto que no podemos desconocer esa realidad, de que es lo prioritario en este momento”, afirmó Briceño.

Críticas al tren

Para que el tren eléctrico pueda avanzar a la etapa licitatoria, los diputados deben aprobar primero el préstamo por $550 millones aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La empresa concesionaria aportaría otros $1.000 millones.

Se requerirá de un dictamen afirmativa del préstamo por parte de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa. Posteriormente deberá recibir los votos de 38 diputados como mínimo.

Aunque los diseños del proyecto no estarán listos hasta la etapa licitatoria, algunos legisladores critican elementos técnicos recomendados por los estudios de factibilidad, como el cambio del ancho de vía al estándar internacional, o dejar a nivel de vía algunas de las intersecciones con carreteras.

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No obstante, el mismo Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa previno a los legisladores que los elementos que se proponen en esos análisis son apenas sugerencias para incorporarlos luego en el diseño final.

“No existe todavía un diseño de un proyecto específico a financiar, sino que el concurso público futuro está orientado, precisamente, a escoger al concesionario que deberá realizar las siguientes etapas del proyecto.

“La anterior afirmación conviene aclararla previamente, porque resulta esencial en gran medida para valorar la oportunidad de aprobación legislativa de este empréstito”, señala un informe de esa unidad.

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Al respecto, la presidenta ejecutiva de Incofer celebró que existan opositores y cuestionamientos pues, según sostuvo, eso permite revisar, ratificar lo que se dijo o ampliar el panorama para mejorar. “El proyecto gana y si el proyecto gana, gana el país”, afirmó Briceño.

De acuerdo con el gobierno, si los congresistas no aprueban el préstamo, el proyecto quedaría archivado, pues el costo que el Estado tendría que pagar anualmente como subsidio sería mucho más elevado si no hace una inyección de capital.

Pablo Abarca, uno de los congresistas más críticos con el plan del Ejecutivo para construir un sistema de transporte público sostenible, celebró que el gobierno no convocara la iniciativa.

Según el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) la propuesta tiene falencias.

“Me parece muy oportuno que el Poder Ejecutivo priorice y que entienda que el proyecto del tren debe trabajarse muchísimo y que así, tal cual, no tendría apoyo”, afirmó Abarca.

David Gourzong, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), afirmó que la decisión del gobierno de no convocar la iniciativa a las sesiones extraordinarias fue oportuna.

“Es un proyecto importante para el país, pero las condiciones en que están planteado merece una revisión por los momentos difíciles que pasamos en materia financiera”, afirmó el legislador verdiblanco.

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El subsidio, presente en los sistemas ferroviarios de transporte público del mundo, se estima en unos $95 millones anuales.

El costo de ese aporte a la operación es una de las principales críticas de los opositores al proyecto.

Sobre cómo se financiará esa inversión en el transporte público, Briceño afirmó que el ministro de Hacienda, Elian Villegas, explicará el plan del gobierno cuando sea convocado a la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, donde se discute el futuro del proyecto.

De construirse, el tren eléctrico movilizaría a unas 200.000 personas cada día laboral a lo largo de 84 kilómetros de la Gran Area Metropolitana (GAM).

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Los pasajeros podrían tomar o bajarse del transporte público sostenible en 42 estaciones ubicadas en 15 cantones del centro del país.

Agenda prioritaria

Durante el periodo de sesiones extraordinarias de agosto, el Poder Ejecutivo puede definir la agenda y orden de prioridad de los proyectos que se discuten en el Congreso.

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Para esta oportunidad, luego de un acuerdo con los jefes de fracción, el Poder Ejecutivo convocó una lista de 26 proyectos de ley.

Además de la reforma al empleo público, que introduciría salarios sin pluses en el sector estatal, y de la iniciativa para modernizar el INA, el Ejecutivo convocó el proyecto para permitir las jornadas de cuatro días de trabajo de hasta 12 horas por tres de descanso.

También incluyó una iniciativa que trasladaría ¢21.000 millones no reclamados hace 10 años de las cuentas del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), para entregarlos en pensiones a adultos mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad.

Asimismo, se convocó el plan ‘Pagar’, el cual propone destinar al pago de la deuda unos ¢226.000 millones de superávits de 11 instituciones públicas, entre otras propuestas.