El préstamo por $550 millones provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la construcción de un tren eléctrico no está atado a un proyecto específico.
Es decir, si el actual gobierno no logra dejar licitado el plan que impulsa, la siguiente administración podría diseñar su propio proyecto y financiarlo con los mismos recursos, siempre y cuando sea un tren de pasajeros sostenible.
Esa es una de las consideraciones que hace a los diputados el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, para el debate de aprobación o rechazo de dicho crédito.
“El empréstito está ligado a un destino en el sentido de que son recursos que deben destinarse a una finalidad concreta (la construcción de un tren sostenible), pero no está a atado a un proyecto, pues eso está apenas por definirse”, señala el análisis realizado por Servicios Técnicos.
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Esa unidad además recuerda a los congresistas, que los elementos que se proponen por los estudios de factibilidad son apenas sugerencias para incorporarlos en el diseño; sin embargo, aún no son propuestas definitivas.
“No existe todavía un diseño de un proyecto específico a financiar, sino que el concurso público futuro estará orientado precisamente a escoger al concesionario que deberá realizar las siguientes etapas del proyecto.
“La anterior afirmación conviene aclararla previamente porque resulta esencial en gran medida para valorar la oportunidad de la aprobación legislativa de este empréstito”, dice el informe.
Los resultados de los estudios de factibilidad demuestran que el tren eléctrico tendría una demanda de 200.000 pasajeros diarios entre semana, en el escenario conservador.
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Eso representa un incremento de 1.500% de usuarios en comparación con el limitado sistema ferroviario actual.
El tren eléctrico metropolitano tendría un trazado de 84 kilómetros entre 15 cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM).
Para su operación se contemplan cinco líneas: Atlántico-Paraíso, Atlántico-Alajuela, Atlántico-Ciruelas, Alajuela-Ciruelas y Ciruelas-Coyol.
Además, tendría 46 estaciones para pasajeros, de las cuales se pretende que 10 sean intermodales, es decir, llegarían autobuses, taxis y otros modelos de transporte hasta esas paradas.
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Para cumplir con las frecuencias de viajes de cada cinco minutos en horas pico y cada 10 en horas valle, para las primeras tres líneas se necesitarían 78 trenes tipo tram o ligeros.
También, se requiere desnivelar 72 cruces (hacer pasos elevados o subterráneos), algunos de los cuales ya existen, pero a una sola vía.
De acuerdo con esos estudios previos, la inversión ascendería a $1.550 millones, de los cuales el Estado aportaría una tercera parte.
Se estima que el subsidio anual a la tarifa sería de unos $95 millones.
No obstante, ambas cifras dependerían del diseño final que el gobierno presente a licitación, como lo señala Servicios Técnicos a los congresistas.
“Está claro que los estudios previos que se han desarrollado a la fecha sirven para tener una estimación general de costos ante el eventual proceso licitatorio que se avecina, pero el proyecto definitivo solo será el que realice el concesionario escogido a ese efecto, y será entonces también cuando se tenga un monto definitivo de la totalidad de costo de las obras en su integralidad”, señala el documento de Servicios Técnicos.
Actualmente, el proyecto de ley de contrato de préstamo con el BCIE para la construcción del tren eléctrico avanza en la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa.
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Los diputados tienen pendientes audiencias con especialistas que se han pronunciado a favor o en contra del proyecto, así como la intervención del ministro de Hacienda, Elian Villegas, para que detalle de dónde saldrían los recursos para pagar los aportes estatales.
Para que el proyecto avance, de esa comisión debe resultar, al menos, un dictamen afirmativo de minoría.
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Una vez en el plenario, la iniciativa necesitaría los votos de 38 diputados como mínimo.
De acuerdo con el Poder Ejecutivo, la única forma de financiar esa obra es con la inyección inicial de $550 millones. De lo contrario, los aportes anuales a la operación se dispararían a cifras que las finanzas públicas no podrían sostener.