EscucharEn ocho meses del nuevo Gobierno el panorama para al menos cuatro grandes proyectos de infraestructura dio un giro radical, al punto de que en algunos casos el futuro de varias obras está en un limbo, otras verán limitado su alcance y las últimas, cuyos planes quedaron encaminados o en papel por la anterior Administración, del todo ya no verán la luz.
Este es el detalle de lo que se ha conocido hasta ahora para cada uno de esos casos.
Tren eléctrico Metropolitano
El 20 de julio del año anterior, el presidente Rodrigo Chaves, acompañado del jerarca del Instituto Costarricense de Ferrocarriles y el ministro de Obras Públicas, Luis Amador, anunciaron que el Gobierno no seguirá adelante con la concesión del tren eléctrico metropolitano impulsada por la administración anterior y, en lugar de ello, retomará otro proyecto de tren eléctrico diseñado durante la administración de Luis Guillermo Solís.
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El tren eléctrico propuesto por el gobierno anterior recorrería 84 kilómetros a lo largo de 15 cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM) y tenía un costo $1.550 millones.
Amador alegó que la propuesta de Alvarado generaba presas y Chaves, por su parte, comunicó que Costa Rica rechazó el préstamo de $550 millones aprobado por el BCIE para hacer el aporte estatal de la obra originalmente valorada en $1.550 millones.
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Esta decisión implicaba rechazar el financiamiento por $250 millones con tasa de interés del 0% que facilitó el Fondo Verde del Clima de Naciones Unidas a Costa Rica, por el impacto ambiental que hubiese significado la implementación del sistema de transporte público sostenible.
A la fecha, las autoridades no han comunicado los avances de la propuesta que dijeron que retomarían, ni su costo o cronograma de ejecución.
Ese sistema llamado Tren Rápido de Pasajeros (TRP) de la Gran Área Metropolitana (GAM), es un 46% más caro, pues se construiría casi en su totalidad sobre vías elevadas, razón por la cual se limitaría al trayecto San José - Paraíso de Cartago.
Ampliación San José- Caldera
“La ruta 27 es la mayor frustración del país”. Esa fue una de las últimas afirmaciones que realizó públicamente el jerarca del MOPT, al referirse a la vía entre San José y Puerto Caldera.
El anterior Gobierno comunicó días antes de concluir su mandato, que las negociaciones con la empresa Ruta 27 para ampliar la carretera de 76 km, se dejaban con un 80% de avance.
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La carretera entre San José y Puerto Caldera alcanzó el máximo de su capacidad desde el 2014, apenas cuatro años después de su inauguración. (Rafael Pacheco Granados)
Incluso, se llegaron a conocer diseños, cronogramas de cómo se ejecutaría cada una de las etapas y se estimó que la ampliación requería de una inversión de $600 millones y una prórroga en el plazo de la concesión de al menos 15 años.
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No obstante, durante las primeras semanas de gestión, el vicepresidente Stephan Brunner aseguró que la empresa debería ocuparse de la ampliación de la carretera, sin que eso implicara una renegociación en el contrato, pues a su criterio la empresa estaba obligada a hacer la ampliación en el momento que la ruta superara los niveles de servicio.
Sobre dichas manifestaciones, el Ejecutivo no se ha referido recientemente.
La Nación consultó a la empresa si durante la actual Administración se han retomado las conversaciones en la línea de la negociación que se venía desarrollando, pero tampoco se tuvo respuesta.
En su última rendición de cuentas del año anterior, Amador declaró que “se está intentando ver cómo se puede proceder con la ampliación, sin que se afecten los ingresos de los usuarios”.
Previamente, el jerarca había manifestado que no descartaba encargar la ampliación de la vía a otra empresa, mientras que en el plan nacional de desarrollo, el Gobierno de Chaves prometió dejar esa obra con un 75% de avance al término de su gestión en mayo del 2026, sin que a la fecha tampoco se haya anunciado aún cuál va a ser el proceder o el cronograma que se seguirá para alcanzar esa meta.
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El anterior secretario de Concesiones, Eduardo Chamberlain, dio a conocer en su informe final de gestión que el MOPT ya conoce cuánto le costaría romper el contrato con Ruta 27. Según ese documento, finiquitar de manera anticipada el contrato de concesión le costaría al Estado entre $350 millones (en el escenario más optimista) y $700 millones en el peor de los casos.
Ampliación Florencio del Castillo
La ampliación de la carretera entre San José y Cartago, se comenzó a plasmar mediante la iniciativa privada presentada por MECO a finales del 2019. La empresa recibió luz verde para avanzar en los estudios de factibilidad del proyecto.
No obstante, tras completar la revisión de todos los análisis necesarios para la estructuración del proyecto, Amador dijo que considera que la construcción de esa vía representa un costo muy elevado, por lo que la aprobación del plan está en veremos.
La secretaria técnica del Consejo Nacional de Concesiones, Dahianna Marín Chacón, aseguró que ese consejo se fijó como plazo el próximo 31 de enero para determinar la viabilidad del proyecto.
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La empresa entregó a finales del año pasado los diseños y estudios para la ampliación de la vía a Cartago, pero la propuesta aún genera dudas en el MOPT. MECO para LN.
La propuesta presentada por MECO contempla reducir el viaje entre San José y Cartago a 30 minutos, una vez que se complete la ampliación de los 22 kilómetros.
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Además del costo citado, las principales dudas que surgen en el CNC tienen que ver con la viabilidad ambiental debido a la necesidad de reubicar varios asentamientos humanos, así como los procesos de expropiación que se requieren antes de dar la orden de inicio.
En caso de que el proyecto se considere viable, la obra se sacaría en una licitación en el que el proponente podría participar si así lo considera en igualdad de condiciones que el resto de empresas. De ser rechazado, el Gobierno debería iniciar desde cero un nuevo plan.
Fideicomiso San José- San Ramón
El más reciente giro en los planes, fue el del fin del Fideicomiso para la ampliación de la vía entre San José y San Ramón, el cual se completará según el MOPT, en diciembre del 2024, para dar paso a una nueva estructuración del plan.
En el Gobierno no han detallado si tras cumplir ese proceso de transición, la obra principal se desarrollará mediante una alianza público privada, una concesión o una licitación pública.
Tampoco se han detallado cronogramas, ni los cambios que tendrá el proyecto para bajar sus costos.
Tras el anuncio dado el pasado 11 de enero, el MOPT únicamente presentó el plan bajo el cual se llevarán adelante las obras impostergables, aunque ese documento no incluye costos, ni fechas.
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Los vecinos de Occidente mostraron su inconformidad con la decisión, que según el Ejecutivo se sustenta en el poco avance registrado hasta ahora por el Fideicomiso y el alto costo de mantener esa unidad ejecutora. Los futuros usuarios de la vía aseguran que el mecanismo les permitía al menos tener mayor control sobre las decisiones del proyecto, además temen que el finiquito implicará más atrasos e incrementará los costos, o en su defecto disminuirá el alcance de la obra por la que han esperado casi 30 años.
Ciclo de vida de los proyectos
Durante una comparecencia ante los diputados de la Comisión de Alajuela, la contralora Marta Acosta Zúñiga se refirió ampliamente a la pobre cultura de planificación que ha reinado en el desarrollo de la infraestructura pública del país.
Acosta criticó la ausencia de preingeniería en la estructuración de los proyectos y la importancia que se da en estas etapas previas, las cuales dijo no deben ser vistas como un trámite más.
La contralora citó casos como el de la vía a San Ramón o la ampliación de la ruta 32 y dijo que, al final, el saltarse esos pasos se traduce en más atrasos y sobrecostos y condena a los proyectos a dificultades en la fase de ejecución.
Por su parte, el director del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Guillermo Carazo, destacó en una entrevista con La Nación la necesidad de que los proyectos trasciendan administraciones, de modo que siempre exista una cartera de proyectos en planeación, otra en preinversión y una en ejecución.
“Si no tenés cartera o proyectos en cada una de estas fases llega un momento, como está pasando ahora, que este gobierno puede terminar estas obras y no tenemos nada planeado y esa es la importancia de que esas cosas se estén moviendo”, dijo.
A criterio del ingeniero, dichas decisiones también implican pérdida de inversión o de procesos que se venían ejecutando en anteriores gobiernos.
