Patricia Recio. 17 septiembre
Actualmente el AyA mantiene en ejecución obras en instalación de tubería y construcción de pozos en cantones de Tibás, Coronado y Moravia. Foto: Rafael Pacheco
Actualmente el AyA mantiene en ejecución obras en instalación de tubería y construcción de pozos en cantones de Tibás, Coronado y Moravia. Foto: Rafael Pacheco

Cuando todavía falta un 30% de las obras del proyecto de alcantarillado sanitario del área metropolitana, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) corre para conseguir $175 millones necesarios para concluir ese plan.

Ese hueco presupuestario fue detectado a finales del año pasado, luego de que la Unidad Ejecutora realizara un análisis “integral” de lo que se había logrado hasta entonces y lo que faltaba por ejecutarse.

De acuerdo con Marco Fidel Vargas, encargado de esa unidad ejecutora, ese análisis se dio precisamente porque se venían detectando constantes imprevistos y “sorpresas” en el campo que ocasionaron sobrecostos y atrasos.

“Hemos hecho una revisión de presupuesto, de lo cual surgió la detección de que el monto inicial estimado para el proyecto había quedado muy corto, tenemos presupuestos actualizados que nos arrojan un déficit en el financiamiento (...) El faltante para cubrir todos los costos es de $175 millones”, dijo Vargas.

La obras que comenzaron en el 2016 comprenden la construcción, rehabilitación y extensión del sistema de alcantarillado sanitario, a fin de que las aguas residuales de 11 cantones del área metropolitana, sean recolectadas y transportadas a la planta de tratamiento Los Tajos, en La Uruca.

Para lograrlo es necesaria la colocación de más de 337 kilómetros de tubería para redes secundarias y colectores.

El proyecto que empezó a gestarse hace más de una década, se había estimado en $250 millones, que se obtuvieron con el financiamiento de $150 millones por parte de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y un préstamo de $75 millones con el Banco Nacional.

Posteriormente el costo se elevó a $320 millones y se tomó otro crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $53 millones. Además el Instituto aportó más de $113 millones de recursos propios.

De acuerdo con Vargas, el nuevo estimado es de $466 millones.

Una de las principales encrucijadas que enfrenta ahora el AyA es hallar una nueva fuente de financiamiento, pues por tratarse de un proyecto que ya está en camino, con varias licitaciones iniciadas y otras pendientes de adjudicar, la opción de acudir a una alianza público privada o un mecanismo de crédito internacional son poco viables.

“Por la situación fiscal del país, la posición de la ministra de Hacienda (Rocío Aguilar), ha sido que no deberíamos recurrir a más financiamiento, sin embargo estos proyectos no se pueden financiar por tarifa, sería excesivamente caro para el usuario.

“Es un proyecto en el que ya hay una inversión cuantiosa, por lo que no debería quedar botado, pero es una obra compleja de resolver”, explicó.

Ante el faltante de recursos, el AyA optaría por poner a trabajar los sistemas existentes, es decir, se privilegiará la rehabilitación de más de 1.500 kilómetros de tubería que estaban fuera de servicio, de modo que todos los sistemas queden conectados.

“Contamos con recursos financieros para casi la totalidad de la rehabilitación del sistema,

necesitamos $54 millones para esas rehabilitaciones, de los $175 millones, veo con alta prioridad esos $54 millones, con eso ponemos la planta a trabajar a un 75% de su capacidad, hoy está trabajando al 16%”, explicó Vargas.

Posteriormente, se continuaría avanzando en la construcción de las redes nuevas y las extensiones, que corresponden a unas 22.000 conexiones.

Proyecto del AyA

La intención es tratar las aguas residuales de 11 cantones del Valle Central antes de que lleguen a los ríos.

FUENTE: AyA.    || J.C. / LA NACIÓN.

De no conseguir el financiamiento, el proyecto lograría completarse hasta en un 80%, pero no se tendrían los resultados, pues sin la red completa el agua no llegaría a la planta de tratamiento.

“El tema es que hay que completar todas estas rehabilitaciones para poder tener el resultado, si nosotros tenemos el colector casi rehabilitado pero tenemos en un punto un colapso, vamos a perder un gran volumen de agua (...) El efecto ambiental y en salud pública lo logramos cuando rehabilitemos el sistema existente porque estaremos llevando el agua residual hasta la planta de tratamiento”, añadió.

Además el AyA debe completar todas las fases del plan para cumplir con las leyes que le permitieron acceder a los financiamientos iniciales.

Sorpresas en el camino
La instalación de pozos y la conexión de redes conforman una parte clave para lograr el éxito del proyecto, pues sin esto el agua seguiría llegando sin tratarse a los ríos y quebradas. Foto: Rafael Pacheco
La instalación de pozos y la conexión de redes conforman una parte clave para lograr el éxito del proyecto, pues sin esto el agua seguiría llegando sin tratarse a los ríos y quebradas. Foto: Rafael Pacheco

Planos de hace 50 años cuyos trazos no se ajustan a la realidad, invasiones, conexiones ilegales e imprevistos naturales como rocas de gran tamaño o ríos que arrasaron con la tubería, son parte de las “sorpresas” que dieron como resultado el encarecimiento y atraso en el proyecto.

Ese tipo de situaciones hicieron, de acuerdo con el encargado de la Unidad Ejecutora, que se subestimaran costos y tiempos a la hora de diseñar la obra, a pesar de que esa etapa de diseños consumió cuatro años del cronograma.

Según Vargas, en muchas ocasiones los planos que recibieron tienen omisiones en cuanto a redes de otros servicios, que solo son descubiertas cuando el contratista inicia la excavación.

Eso obliga a paralizar la obra, en ocasiones por largos períodos, mientras se elaboran nuevos diseños.

“El plan de trabajo se ve continuamente afectado, el contratista no ha cotizado eso lo que había cotizado es el trabajo que estaba en planos, entonces necesita que se tomen decisiones (...) a veces no se puede resolver inmediatamente en sitio”, explicó.

Uno de esos imprevistos fue el que ocasionó por ejemplo que en Granadilla de Curridabat se mantuviera cerrada la vía durante casi un mes y que finalmente se tuviera que retirar la maquinaria sin lograr el objetivo de instalar una tubería mediante el sistema de microtuneleo.

Ahí, una piedra de gran tamaño frenó el avance de la maquinaria especial y obligó a suspender los trabajos pues los equipos no contaban con la capacidad necesaria para realizar la perforación.

En otra de esas situaciones no planificadas, también se incluye el calvario que vivieron los vecinos de Coronado por un problema con un contratista que ocasionó que varios kilómetros de carretera se quedaran durante meses sin asfaltar.

“Hemos tenido ese tipo de situaciones, pero normalmente se han resuelto. Fue con un contratista en particular que tenía dos contratos muy grandes con el que no hubo posibilidad de arreglo y eso nos generó muchos problemas. A la postre solo una tercera parte del contrato se terminó y actualmente estamos en un arbitraje, hay una demanda de la empresa contra AyA y nosotros tenemos una demanda contra la empresa”, relató el encargado de la Unidad Ejecutora.

La estimación inicial era que el proyecto de alcantarillado estaría listo en el 2015, pero para ese año apenas se logró completar el diseño. Posteriormente, se dijo que la conexión estaría en el 2022; la nueva fecha prevista es 2023, siempre y cuando se tenga el financiamiento.

Una vez que el AyA finalice la rehabilitaciones y conexiones de redes nuevas, le corresponderá a más de 125.000 familias realizar los trabajos necesarios dentro de sus viviendas para conectarse a la red del AyA.

Esos trabajos pueden implicar gastos que irían desde los ¢6.000 a los ¢850.000.

Aunque el AyA no tiene los mecanismos para obligar a los dueños de casas o locales a conectarse a este red, en aquellos sitios donde la prevista quede habilitada, se le cobrará un rubro adicional en el recibo, aunque no lo esté utilizando.

Además en lugares donde se determine que hay malos manejos de aguas residuales, los propietarios se exponen a la imposición de órdenes sanitarias.