El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) comunicó este miércoles que “ve con buenos ojos la pausa” que hizo el Poder Ejecutivo para aprobar el proyecto de ley de cáñamo y cannabis medicinal. Señaló que el plan debe ser subsanado en algunas propuestas que “incentivan el autoconsumo de marihuana y que podrían elevar las atenciones que se brindan en diferentes instituciones del país”.
“El consumo de marihuana ya sea de uso medicinal o recreacional es un asunto que requiere más discusión en el ámbito nacional, ya que la flexibilización sin medición de las consecuencias puede llevar al aumento en el consumo problemático sobre todo en la población joven, quienes se ven más influenciados por la presión de su grupo o de algunos que han idealizado sus beneficios.
“No se debe dejar de lado que la evidencia nos demuestra que la marihuana como sustancia psicoactiva puede producir dependencia, alteraciones cognitivas, conductuales y mentales significativas, sobre todo si se consume en edades tempranas y en poblaciones con vulnerabilidad social, familiar y emocional”, reclamó el IAFA, al tiempo que respaldó los criterios dados por el Gobierno este lunes.
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El Instituto dijo que basa sus críticas en su experiencia de más de 65 años como ente rector atendiendo problemas de consumo y destacó que aunque puede aceptar paradigmas más flexibles que consideren otras necesidades y derechos de otros sectores en este tema, “no se puede hacer caso omiso a los trastornos que vive la sociedad y en ellas las familias cuando se tiene un integrante que consume sustancias psicoactivas”.
Asimismo, enumeró 14 razones por las que se opone al proyecto de ley aprobado por los diputados, las cuales se detallan a continuación textualmente:
1. Esta iniciativa se ha redactado sin contemplar que en Costa Rica existe un evidente problema de salud pública con el consumo de marihuana, si bien estamos a favor de las iniciativas que generen progreso al país, día a día instituciones como el IAFA, el Hospital Nacional Psiquiátrico, organismos no gubernamentales, la Caja Costarricense de Seguro Social y otras, reciben más personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas generados por el consumo de marihuana.
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2. En el 2018, el 70,40% de las personas menores de edad que recibió atención en el servicio de Casa JAGUAR fue por consumo de marihuana y en los internamientos en este mismo lugar, se encontró que el 71,29% lo hizo por esta droga, mientras que los adolescentes internados en la Unidad de niños y Adolescentes y en Nuevos Horizontes del Hospital Psiquiátrico fue de un 76%. En las organizaciones no gubernamentales acreditadas por el IAFA recibieron un ingreso del 11,84% por concepto de marihuana.
3. El proyecto utiliza términos que pueden abrir “portillos jurídicos” para dar pie a interpretaciones de uso, sobre todo cuando se habla de “fines alimentarios e industriales”.
4. No requiere supervisión médica, pero en otras líneas se menciona el uso terapéutico del cáñamo. ¿Quién será el encargado de supervisar el uso correcto de este medicamento?
5. No se define claramente cuáles son los fines alimentarios permitidos, ya que no especifica los parámetros de regulación o límites de los sectores del territorio nacional, donde se permitirá el desarrollo de las actividades.
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6. El texto insiste en el uso preventivo y de tratamiento para aliviar síntomas de enfermedades, con esto se da a creer que el cáñamo se consume como medicina para evitar padecimientos.
7. No se aclara cuáles padecimientos o síntomas se tratarán.
8. ¿Cómo se dará garantía que la licencia que se brindará para el cultivo del cáñamo, no será utilizada para el cultivo de cannabis psicoactivo?
9. ¿Cómo asegurar que al otorgar los permisos para el cultivo doméstico se siembre la planta indicada? ¿Cómo saber que la persona a quien se le otorgó el permiso, es la misma que utiliza la planta? ¿Cómo asegurar que esta planta no será manipulada por un adolescente? Sin duda alguna, esto es un portillo que aumentará el consumo a escalas pequeñas en el seno de las familias.
10. La venta de productos artesanales no asegura la calidad o la dosis de THC o CBD que se le da a cada persona.
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11. No hay claridad en la concentración mínima de THC, la cual no debería ser mayor de 0,3%. Existe robusta evidencia científica de que su consumo produce dependencia física en algunas personas, que cuando paran presentan alteraciones psíquicas y físicas, ligadas a un síndrome de abstinencia generado por la supresión.
12. La propuesta en sí y la validación que se da a este tipo de proyectos de ley repercuten en la percepción de peligro que la sustancia trae consigo y minimiza las consecuencias que puede provocar en la sociedad y sobre todo en la población joven.
13. La población no tiene suficiente información de los efectos que podrían darse entre la combinación de otros medicamentos con el CBD.
14. Para concluir el proyecto direcciona la mayoría de recursos que se generen por concepto de impuestos a la Banca para el desarrollo y no se toma en cuenta a las instituciones que deberán brindar atención a aquellas personas que iniciarían su consumo.
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