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La falta de una firma en el acta de nacimiento que un policía no completó, dejó a Luis Campos sin ciudadanía ni paternidad.
Campos nació hace 22 años en su casa, en la Guácima de Alajuela, con ayuda de una partera. Su mamá fue a inscribir su nacimiento en la Guardia Rural local. Allí le entregaron un acta de nacimiento que resultó estar defectuosa y con información que no llegó al Registro Civil.
Este tipo de situaciones se presentan por miles en el sistema de formularios de inscripción de nacimientos, defunciones y matrimonios de este órgano adscrito al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Tales deficiencias fueron señaladas esta semana en un informe de la Contraloría General de la República (CGR).
Una de las principales preocupaciones es que el 99% de los encargados de recoger esta información (13.667) son voluntarios ajenos al TSE. Entre ellos hay notarios, médicos, personal de cementerios, funerarias y párrocos. Sobre estas personas no se ejerce control, pues, o no hay datos o están desactualizados. De ellas, solo existe un código, sin claridad de referencias.
Para Luis Bolaños, director del Registro Civil, los hallazgos de la Contraloría “ son una oportunidad de mejora”.
“Deshabilitaremos a 12.000 registradores que no funcionan como tales y pediremos que actualicen sus datos”, explicó Bolaños.
La CGR también detectó un manejo inseguro de los formularios: no se recuperan los documentos en manos de auxiliares que ya han fallecido, en tanto algunos de esos papeles son transportados en autobuses.
Según Bolaños, para corregir este problema comenzarán a utilizar papel de seguridad en las actas y se digitalizará el trámite.
Sin firmas. La falta de una firma en el acta de nacimiento de Campos es la traba para que él pueda obtener su cédula.
“Me di cuenta de que yo no existía a los 18 años, cuando fui a sacar mi cédula. Los del Tribunal me dijeron que mi acta no tenía una firma y que no estaba inscrita. Me pidieron que llevara testigos de que yo nací en Alajuela. La única que estuvo era la partera, que ya murió”, contó Campos, cuyos padres son nicaragüenses.
La documentación de niños que nacieron en la casa o fueron inscritos tiempo después es uno de los trámites más delicados del Registro Civil, según Bolaños.
“La mamá debe demostrar, con pruebas médicas y testigos, que el hijo es suyo y que nació en el país. Cuando no hay pruebas, no se inscriben. ¿Nos pueden meter goles? Sí, claro”, expresó el funcionario.
Las causas por las cuales el Registro no realiza la inscripción de un hecho tan vital y devuelve los formularios son imputables a errores del registrador.
Según la CGR, en el 2014, de las 643 devoluciones de inscripciones de nacimientos, 194 se debían a la falta de firmas o de sello.
Campos no puede trabajar, estudiar, tener licencia, ni darle el apellido a su hija.
Él se asesoró con el abogado James Mendoza para presentar un recurso de amparo y así obtener su cédula. El recurso fue rechazado porque el acta de nacimiento estaba incompleta.
“En el Registro nos dicen que llevemos una certificación de Migración de entradas y salidas del país de mi cliente, pero ¿cómo lo va a solicitar si no tiene cédula?”, cuestionó Mendoza.
“Yo no conozco otro país. ¿Cómo voy a salir de aquí si no tengo pasaporte?”, comentó Campos.
Más preocupaciones. Capacitar a los registradores es otro asunto que inquieta a la Contraloría.
El ente descubrió que, por ejemplo, en el Hospital de Turrialba, algunos registradores solo inscriben nacimientos de niños de mujeres casadas, pues, en el caso de solteras, “se ocupa un conocimiento que no poseen”.
Olga Desanti, directora de ese centro médico, explicó que ya habían detectado la necesidad de capacitación, lo cual se corrigió desde noviembre del año pasado.
Bolaños indicó que en los hospitales hay auxiliares del Registro Civil que capacitan a los funcionarios para que documenten los nacimientos o defunciones cuando ellos no están.
Fiscalización. Para fiscalizar qué pasa con los formularios en manos de los registradores, Bolaños adelantó que se creará una unidad especial que investigará, entre otras cosas, posibles matrimonios realizados para fines migratorios o fraudulentos.
De acuerdo con el jerarca, la inscripción de estas uniones no es problema del formulario, sino de la corrupción de los registradores. Del 2010 al 2015, el TSE ha denunciado 740 casos.
Mientras la situación jurídica de Luis Campos se resuelve, él se las ingenia trabajando en “lo que salga”, hasta hace poco, como empacador en un supermercado. Ahora ayuda a un amigo a limpiar una finca en San Carlos. Nadie lo contrata en algo formal.
