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Los cinco funcionarios del MAG que la fracción del PLN apunta como “víctimas” de persecución política por parte del Gobierno, enfrentan investigaciones por causas que van desde el uso indebido de vehículos oficiales hasta el manejo irregular de plazas y rendimiento poco efectivo en proyectos.
Así lo detallan documentos de la Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Procuraduría General de la República, de la Contraloría General de la República y de la Dirección General del Servicio Civil.
A pesar de que los procesos están en curso, el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Juan Luis Jiménez Succar, y sus 17 compañeros de bancada , pusieron en jaque al Poder Ejecutivo durante el último mes.
Jiménez Succar y su bancada amenazaron con no permitir la votación del Presupuesto Extraordinario del Gobierno si antes no se cerraban las investigaciones en contra de cinco funcionarios, que han sido objeto de cambios de puesto o investigaciones en esta administración.
El Presupuesto, que contiene movimientos por un total de ¢21.000 millones, se utilizaría para pagar aguinaldos en el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), pensiones del Magisterio Nacional y deudas del Poder Judicial con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En este momento, el Gobierno y el PLN estudian los casos.
¿A quiénes defiende el PLN? Una carta de Jiménez Succar enviada el 2 de octubre al ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez , puso en blanco y negro las exigencias del PLN para permitir la votación del Presupuesto extra.
El jefe del PLN exige detener el proceso de investigación y se deje sin efecto los oficios DM-783 2014 y el DM 800 2014, según los cuales la funcionaria Grace Carmiol quedó fuera de la coordinación del Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del río Sixaola.
El proyecto, financiado con recursos del BID por $9,2 millones, para mejorar las condiciones de vida de la población que vive en la zona de Sixaola, no contó con el avance esperado por la entidad.
Así lo apunta una nota del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del 19 de agosto pasado, donde se expone que esa institución “ve con preocupación la falta de un sistema adecuado de control interno, contable y administrativo que a la postre generará serios problemas a la hora de conciliar las cifras para realizar el cierre final del programa”.
Luego de la nota, Carmiol fue separada de su puesto.
El abogado Luis Dobles está a cargo de la defensa de Carmiol y advierte de que el BID no tiene competencias para pedir su separación del cargo.
El segundo caso responde al director de Recursos Humanos del MAG, Rolando Sánchez Corrales, quien está separado temporalmente de su cargo, a petición de la Dirección General del Servicio Civil.
El viceministro de Agricultura, José Joaquín Salazar, detalló que sobre Sánchez hay un informe de auditoría del Servicio Civil donde se señala un manejo irregular de 183 plazas interinas que se abrieron a concurso, pero de las cuales Sánchez no envió las ternas para los nombramientos.
La tercera situación remite al informe que la Auditoría Interna del MAG abrió en el 2010 contra el entonces director de la Extensión Agropecuaria (Sepsa), Erick Quirós Quirós.
Al funcionario se le achacó, en ese momento, el uso irregular de vehículos del MAG.
El caso forma parte de un expediente en el que figuran seis funcionarios más.
El hecho de que el caso fuese examinado en este gobierno fue calificado como de persecución política.
Para Jeannette Salazar, abogada de Quirós, el asunto debe ser ventilado en la sede correspondiente y no mediante presiones políticas. “Esto es un juego político de Jiménez”, dijo.
Finalmente, en el caso de los dos exdirectores, Dagoberto Elizondo Valverde y Eduardo Artavia Lobo, ambos pelean para no ser calificados en sus puestos, luego de ser devueltos a sus cargos en propiedad por la actual administración. Ninguno de los dos es objeto de investigación, pero sí de un reacomodo en el MAG.
