Irene Vizcaíno. 2 agosto
La Universidad Nacional (UNA) es una de las que recibe recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que para el 2020 será de ¢512.781 millones. Fotos de Diana Méndez/Archivo
La Universidad Nacional (UNA) es una de las que recibe recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que para el 2020 será de ¢512.781 millones. Fotos de Diana Méndez/Archivo

Las universidades públicas no escapan de la aplicación del límite al crecimiento en los gastos establecido por la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas y conocido como regla fiscal.

Esta es la conclusión a la que llega la Contraloría General de la República (CGR) al responder la acción de inconstitucionalidad presentada por los rectores de las cinco universidades estatales contra siete artículos de esa ley, más conocida como reforma fiscal.

Para los rectores de la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), Universidad Estatal a Distancia (UNED), Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) y Universidad Técnica Nacional (UTN), las normas que regulan la regla fiscal violentan la autonomía universitaria que les da la Constitución Política.

¿Qué es la regla fiscal? La norma restringe el crecimiento del gasto corriente de las instituciones del Estado, y la aprobaron los diputados en diciembre como parte de las medidas para afrontar el déficit en las precarias finanzas públicas.

El órgano contralor rechaza los reclamos universitarios por una serie de razones. Una de las más importantes es que las universidades no están ajenas a la realidad del país y su situación económica; además son parte del aparato estatal y se alimentan de la hacienda pública.

Según la Contraloría, no existe lo que las casas de enseñanza llaman “hacienda universitaria”, compuesta por los bienes materiales, financieros y presupuestarios, que estarían sujetos “exclusivamente a la potestad constitucional universitaria de autodelimitación”.

“Lo señalado (por los rectores) no tiene sustento constitucional, legal, ni se sostiene en el contexto económico financiero actual; carece del primero en tanto es la misma Constitución Política la que establece que es el Estado el que dota de recursos a las universidades estatales; de manera tal que no se encuentran separadas de la hacienda pública estatal, sino que se nutre de esta para llevar a cabo sus funciones; ello lleva a considerar que, tampoco están separadas, sino que les afecta, la situación crítica que en materia fiscal enfrenta el país”, dice la Contraloría.

En comparecencias ante el Congreso, la contralora Marta Acosta tambien ha reiterado que al regla fiscal debe aplicarse para todas las instituciones (excepto las señaladas por la propia reforma fiscal). Foto: Albert Marín/archivo
En comparecencias ante el Congreso, la contralora Marta Acosta tambien ha reiterado que al regla fiscal debe aplicarse para todas las instituciones (excepto las señaladas por la propia reforma fiscal). Foto: Albert Marín/archivo
Equilibrio fiscal

Por ser parte de la hacienda pública, añade, a las universidades también les beneficia la búsqueda del equilibrio financiero, principio establecido en el artículo 176 de la Constitución Política.

“La regla fiscal no trastoca el núcleo esencial de las universidades estatales, tampoco limitan su autonomía; la aplicación de dicha medida fiscal no determina la manera en que estas dispongan de su presupuesto, lo que hace es imponer un límite al gasto corriente, límite al que están sometidas las demás instituciones que conforman el sector público no financiero; por un interés de preservación, sostenibilidad y equilibrio financiero del Estado”, advierte.

Incluso, para sostener sus argumentos, la Contraloría echa mano de un criterio externado por la misma Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica cuando instó a los legisladores a la aprobación de la reforma fiscal.

Así dijo, el año pasado, esa Escuela: "Se reconoce la gravedad de la situación fiscal y la urgencia de una reforma que atienda y resuelva ese problema. El déficit fiscal es insostenible y para enfrentarlo se necesitan tanto medidas que aumenten los ingresos como medidas que reduzcan el crecimiento del gasto. Entre más tardemos en solucionar ese problema, mayor será la porción del ajuste que tendrá que venir por la vía de la reducción del gasto y más dolorosas serán las consecuencias. Protegiendo a los sectores más vulnerables, es preciso reconocer que todos los demás sectores deberemos contribuir con esta reforma, tanto por el establecimiento de mayores cargas tributarias como por limitaciones de beneficios por el lado del gasto. No actuar de forma responsable y urgente tendría consecuencias mucho más graves para el país y para la propia universidad”.

El martes la Procuraduría General de la República (PGR) también respondió a la acción presentada por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), integrado por Henning Jensen (UCR), Alberto Salom (UNA); Rodrigo Arias (UNED), Luis Paulino Méndez (Tec) y Marcelo Prieto (UTN).

Según la PGR , la regla fiscal sí restringe la autonomía universitaria, pero esta restricción no sería inconstitucional si la Sala considera que está sustentada en el principio de equilibrio financiero, del artículo 176 de la Carta Magna.

Fue ese mismo principio en el sirvió de fundamento a los magistrados para avalar la regla fiscal en el voto del 23 de noviembre de 2018. Esa sentencia permitió la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que rige desde diciembre.