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El exministro Kevin Casas fue enlace con FUCE, fuente de pago para los servicios de Alicia Avendaño en el programa Gobierno Digital, hasta el pasado 31 de julio. Desde esa fecha, ella trabaja de manera honoraria. | ARCHIVO
La Fundación para la Cooperación Estatal (FUCE) administró $800.000 donados a Costa Rica para el pago de consultorías durante esta Administración.
Ese monto se gastó entre mayo del 2006 y hasta este mes, cuando vencen los últimos proyectos financiados con el dinero que donan organismos internacionales y maneja la fundación privada al margen de los controles y requisitos del Presupuesto Nacional.
El monto de lo gastado hasta ahora lo obtuvo La Nación con base en los datos entregados por el ministro de Planificación, Roberto Gallardo, encargado del enlace entre Gobierno y FUCE.
Los $800.000 se invirtieron en el pago de 55 asesorías para la Casa Presidencial, Ministerio de Educación y proyectos para Limón y para Gobierno Digital.
De esas consultorías, hay 10 que se mantendrán vigentes hasta el 31 de agosto, pues FUCE aseguró que ya se quedó sin recursos para seguir financiando servicios para el Gobierno.
Esos contratos, por un monto aproximado a los $254.000, serán los últimos que ejecute FUCE tras varios años de pagar servicios o bienes para los gobernantes de turno en Costa Rica.
La directora de la fundación, Marta Arrea, dijo la semana pasada que también están “cansados” de enfrentar críticas por la relación con los distintos gobiernos.
Con números. El contrato más caro que pagó FUCE fue Alicia Avendaño Rivera, secretaria técnica de Gobierno Digital, el programa gubernamental para agilizar los trámites públicos mediante la tecnología.
Ella cobró $29.000 (¢15 millones) por cinco meses de servicio, entre el 1.° de marzo y el 31 de julio, según el informe de Mideplan. Su ingreso mensual fue de ¢3 millones.
Avendaño aseguró ayer que ahora trabaja sin salario y que seguirá así hasta que se halle otra fuente de financiamiento.
“Estos programas requieren gente calificada imposible de conseguir con los salarios del Estado. A veces no es tan fácil y quiere uno salir corriendo, pero tampoco se va echar uno atrás, se trata de buscar la solución”, manifestó Avendaño, contadora pública de profesión.
El segundo contrato más elevado corresponde a la empresa Procesos Investigación y Asesoría S. A., dentro del rubro “comunicación y sensibilización de proyectos de Limón”, con ¢2,6 millones.
Esa sociedad la preside la politóloga Flor Isabel Rodríguez, esposa del regulador general, Fernando Herrero, y hermana del gerente del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), Ennio Rodríguez Céspedes. La vicepresidenta de la empresa es su hermana, Ana Cecilia Rodríguez.
“Realizamos un estudio de vocación cualitativa, como parte de un proyecto para Limón, para conocer la opinión de funcionarios de Japdeva sobre el funcionamiento institucional, la concesión de los puertos y la percepción sobre el desarrollo de Limón”, expresó Flor Isabel Rodríguez.
