El Ministerio de Educación Pública (MEP) no tiene reparo en afirmar que el modelo de juntas de educación no funciona y admite que carece de herramientas legales y operativas para fiscalizar cómo manejan esos órganos los miles de millones de colones que reciben cada año para el mantenimiento de centros educativos, alimentación de estudiantes, transporte, equipo, suministros y pago de servicios públicos.
Leonardo Sánchez, viceministro de Planificación Institucional y Coordinación Regional del MEP, expresó que, desde hace décadas, la única forma de saber si una junta de educación no está utilizando los fondos públicos como deben es que los padres de familia se manifiesten y denuncien. De lo contrario, dijo, es poco lo que se puede hacer para hallar inconsistencias.
“Es casi un asunto de fe”, aseveró el jerarca, quien llegó al MEP en 2018 para asumir la Dirección de Programas de Equidad.
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Ahora, desde el Viceministerio, Sánchez prepara una auditoría externa sobre las juntas de educación para tratar de descubrir qué pasa, según anunció en una entrevista con La Nación.
–En los últimos años, el MEP ha creado algunos mecanismos de fiscalización a los que deben someterse las juntas de educación ¿Qué han encontrado en ese proceso? ¿Han detectado resistencia?
–Nosotros hemos tenido como dos resultados, lo primero es que están un poco molestos por los nuevos procesos, cierta reticencia a aplicar nuevos lineamientos, alegando el tema de los tiempos de contratación; otro sector de juntas de educación está contento porque tienen claridad y transparencia en lo que está haciendo. Hay muchas juntas de educación que temen hacer procesos de compra porque desconocen la Ley de Contratación Administrativa. Entonces, con los nuevos procedimientos y lineamientos que hemos establecido están más tranquilos, otros no han tenido la misma reacción.
“¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado sobreprecios en la compra de insumos, en la compra de equipos, también hemos encontrado compra de productos que no están autorizados o que no se ajustan a las necesidades del servicio que se está brindando, hemos encontrado que, producto de los controles, más empresas se han animado a participar en los procesos de compra. Antes, solo algunas empresas ganaban las licitaciones”.
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–¿Compras a familiares o empresas de familiares de los integrantes de juntas de educación?
–Eso es difícil de detectar porque se escudan en las sociedades anónimas, aunque a nosotros, por medio del expediente de contratación, nos llega a qué empresa se le compró, hay que hacer toda una investigación para saber si los miembros de una sociedad anónima tienen relación con la junta de educación.
“Hay que entender que no se puede ver a las juntas de educación como algo aislado, las juntas trabajan con el director o directora de los centros de educación, hemos encontrado injerencias de directores a favor o en contra de algunas contrataciones (...) Algo que es importante es que hemos detectado que se brincaban la Ley de Contratación Administrativa, es decir no aplicaban los procesos que les corresponde, hacían procesos abreviados cuando, quizá, les tocaba un proceso de licitación”.
–¿Cuándo van a empezar las juntas de educación a contratar por el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop)?
- La legislación establece que eso debe ocurrir a finales de este año, estamos hablando que es para noviembre o diciembre de este año (...) Ahí tenemos un reto importante, porque tenemos cerca de 5.000 juntas de educación, con perfiles muy distintos. Tenemos juntas con miembros con escolaridad bajísimos, otras con niveles de escolaridad alto, pero, independientemente del nivel de escolaridad, hay que tener cierto nivel de conocimiento de contratación administrativa para poder trabajar a través de Sicop y es ahí donde podríamos enfrentar serias deficiencias. Por otro lado, para poder estar en Sicop deben tener firma digital y recibir capacitaciones.
“Estamos valorando ver si podemos hacer esto por etapas, sabemos que es importante hacer compras por Sicop, pero lo cierto es que en la práctica no están del todo capacitadas para gestionar esto, se ha estado capacitando cerca del 10% de las juntas de educación, que tengan firma digital, que conozcan los procesos, pero la mayoría de juntas carece de las herramientas, de los insumos y la capacidad para contratar vía Sicop”.
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–Uno de los rubros más importantes tiene que ver con el dinero que se traslada a las juntas de educación para el pago de transporte de los estudiantes ¿Qué cambios se han hecho en ese tema?
–Han surgido algunas herramientas que van en la línea de controlar los recursos, ese es el caso del transporte estudiantil, ahí las juntas tienen una injerencia enorme, porque ellos le pagan al transportista. Entonces, existe un comité de transporte en el que está el director o directora, está la junta y tienen que velar por el uso del servicio por parte de los estudiantes y en función de eso es lo que se paga.
“No obstante, en los últimos dos años desarrollamos, en conjunto con la Aresep (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) y por disposición de la Contraloría General de la República, fue un modelo tarifario, es decir, dejar de dar un subsidio diferenciado por cada escuela o colegio en función de ciertas características, que del todo no está mal, sino tener una estandarización como la del transporte público. Si usted tiene esta ruta, la tarifa es tanto por kilómetro. De hecho, la Contraloría se lo pidió al MEP desde 2010, no es algo nuevo. Yo entré en 2018 y ya en 2020 teníamos el modelo, se aprobó en audiencia pública y ahora va a cambiar la dinámica.
–¿Cómo va a cambiar?
–Con este nuevo proceso, le estamos quitando a las juntas de educación cerca de ¢40.000 millones que se les transfieren por año para el transporte de estudiantes y, paulatinamente, vamos a ir contratando las rutas de transporte a través de licitaciones públicas, tenemos cerca de 4.000 rutas (...) La idea es que eso se centralice en el MEP, se adjudiquen las rutas y el MEP sería el que le paga a la empresa en función de lo que establece la Ley de Contratación Administrativa y si incumple aplica las multas que correspondan.
“La meta es que este año se empiecen las licitaciones de las rutas, son un montón de licitaciones y la idea es ir de forma paulatina”.
–¿Se debe repensar el modelo de juntas de educación?
–Consideramos que debemos hacer tres propuestas importantes, una es la reforma del reglamento de juntas, ya estamos trabajando en eso, pero hay que agilizarlo y ajustarlo a las realidades de los centros educativos, de los procesos que se hacen, de las compras que ejecutan, hacer una modificación a la ley. El modelo de juntas que se pensó hace décadas ya no es el que se necesita, eso pasa por modificar todo lo que tiene que ver la administración y uso de los recursos y cómo se nombran los integrantes de las juntas; definir cuál es el rol de las municipalidades, hasta dónde deben llegar las municipalidades si es que deben tener participación y cuál es perfil de los miembros, consideramos importante modificar eso para empezar a cerrar portillos.
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“(...) Nosotros sí vamos a entrarle de lleno a este tema, porque la corrupción es un problema, pero el principal problema aquí es la afectación al sistema educativo. El otro tema importante y aquí no puedo ahondar mucho es que nosotros sí vamos a apoyarnos en las auditorías externas, hay que mandar un mensaje claro de que se van a hacer investigaciones. No podemos auditar 5.000 juntas, pero sí una muestra significativa y que esto implica análisis más profundos y coordinación con otras instancias, esto no puede hacerlo solo el MEP, se necesitan auditorías más fuertes. Esas tres cosas las consideramos urgentes.