Sala IV ordena a UNED abrir curso para que privado de libertad continúe sus estudios

El afectado, que descuenta una pena de 50 años de prisión en el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero por homicidio calificado, presentó un recurso de amparo al considerar que fue discriminado, se le limitó su derecho a estudiar y su posible reinserción en la sociedad.

En el documento, el recluso explicó que la Unidad de Producción de la UNED le informó que no le brindaría material didáctico y le retiraría el curso de Preparación y Evaluación de Proyectos, pese a que ya lo había matriculado. Detalló que esto lo realizaron “por ser privado de libertad”, pese a que otros internos se han graduado de la misma carrera.

Según el afectado, luego de solicitar información adicional a la cátedra de producción, recibieron la siguiente respuesta por parte de la funcionaria Monserrat Espinach el pasado 12 de octubre: “es imposible darles ahora a los estudiantes privados de libertad las asignaturas de la cátedra de Producción”.

El privado de libertad criticó que la decisión de la UNED es “unilateral, antojadiza y afecta la continuidad de la carrera”.

“Dicha materia se encuentra en el plan de estudios de 10 carreras que ofrece la UNED, sin embargo, la funcionaria encargada indicó que ninguna de las asignaturas de la cátedra de Producción puede ser impartida a los privados de libertad”, detalla el recurso.

Según explicó el recluso, ellos solamente pueden acceder a un número limitado de carreras, debido a que existen carreras con prácticas de campo supervisadas en las que no pueden participar, como educación, agronomía y criminalística, entre otras.

La Sala Constitucional dio audiencia a la vicerrectora académica de la UNED, Maricruz Corrales Mora, así como la directora a.i. de la Escuela de Ciencias de la Administración de la UNED, Helene Chan Castillo.

Las funcionarias afirmaron que el establecimiento del espacio físico y facilidades tecnológicas para el estudiantado dentro de los centros penitenciarios es responsabilidad del Ministerio de Justicia y Paz.

Corrales y Chan explicaron que la carrera de Administración de Empresas, incluido el curso de Preparación y Evaluación de Proyectos, “es de carácter teórico-práctico”, por lo que sus cursos tienen un alto componente de metodología práctica “que no pueden ser modificadas antojadizamente”.

Agregaron que, por ese motivo, la asignatura no se encontraba en oferta para la población privada de libertad y estas personas no contaba con autorización para realizar la matrícula.

No obstante, en contra de lo anterior y sin poseer los requisitos, el recurrente decidió realizar este proceso de matrícula, lo que lleva a su no autorización por parte de la universidad.

Pese a los alegatos de las funcionarias de UNED, los magistrados constitucionales declararon con lugar el recurso de amparo.

Los altos jueces consideraron que dicha universidad estatal permitió al afectado inscribirse en la carrera en 2019, pero no definieron la forma en que adaptarían los cursos para impartirlos a privados de libertad.

“Es claro que la situación expuesta resulta lesiva al derecho a la educación del recurrente”, destacaron los magistrados.

Añadieron que la no inclusión de la asignatura dentro de la oferta para estudiantes privados de libertad es “una situación que le es imputable únicamente a las autoridades de la UNED”.

La Sala Constitucional ordenó a Maricruz Corrales y Helene Chan girar las órdenes para que, dentro del plazo de máximo tres meses, el afectado tenga a su disposición las facilidades para participar los cursos y completar su plan de estudios.

Además, según la resolución Nº 30592 - 2023, la UNED deberá pagar las costas, daños y perjuicios causados.

De no acatar las órdenes de los magistrados, las funcionarias se exponen a una pena de tres meses a dos años de prisión, o de veinte a sesenta días multa.