El curso lectivo 2024 arrancó con 849 órdenes sanitarias vigentes en escuelas y colegios del país, cifra que podría crecer en las próximas semanas, como reconoció la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del MEP.
Sin embargo, ya el número que enfrentan en este momento es imposible de abordar para el Ministerio de Eduación Pública (MEP) antes de que finalice la administración de Rodrigo Chaves Robles, en mayo de 2026.
Lourdes Sáurez, a cargo de la DIE, dejó en claro esta situación durante su comparecencia ante la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa, la noche del martes.
Según Sáurez, de las 849 órdenes, 96 requieren cierres urgentes, 555 están en situación amarilla, lo que implica cierres parciales, y 198 se encuentran en verde, es decir, necesitan mantenimientos menores o cumpliendo con la Ley de Oportunidades para Personas con Discapacidad (7.600).
“Nosotros no vamos a poder atender el 100% (de las órdenes) en lo que resta del periodo, eso es así, pero podemos establecer prioridades (...) Aunque es algo que no es políticamente correcto, hay que decir que quedan unos en lista de espera, no los podemos trabajar, quedan en un grado de madurez y esperamos que quien continúe pueda darle atención”, adelantó Sáurez.
Limón con situación crítica
En los registros de la DIE, Alajuela encabeza la lista con 198 órdenes sanitarias en centros educativos, seguida por Puntarenas, con 192 y Limón, con 156. Esta última provincia alberga la mayor cantidad de escuelas y colegios con órdenes de cierre.
Para el año 2024, la DIE maneja un presupuesto de poco más de ¢29.000 millones, con los cuales tienen planeado construir 40 nuevos centros educativos desde cero. Sin embargo, Sáurez advirtió que para atender las 849 órdenes sanitarias actuales se requieren ¢498.000 millones, una suma que solo incluiría los costos de la obra y no del mobiliario necesario, como pupitres.
Además, la DIE dará prioridad a la atención de instituciones que, aunque no tienen órdenes sanitarias, se encuentran en mal estado. Estos centros suman más de 650 y se estima que atenderlos implicaría una inversión de ¢109.000 millones.
Salones comunales, gimnasios o casas
Hay, además, 102 centros educativos alojados en edificios temporales, entre ellos salones comunales, gimnasios o casas.
De esos centros, 47 fueron trasladados debido al cierre de sus instalaciones originales por parte de las autoridades de salud. No obstante, hay 55 instituciones que fueron creadas en estos lugares y para la DIE es una prioridad dotarlas de infraestructura nueva.
De acuerdo con los datos presentados a los legisladores, hay 23 proyectos en proceso de construcción y 251 en fase de diseño. Además, la DIE autorizó, en 2023, a las juntas de educación de 431 centros a llevar a cabo mantenimientos menores.
Falta personal
La funcionaria mencionó que un reto que tiene la DIE es la falta de personal. Según Sáurez, como solo tienen 46 ingenieros para todo el país, tendrían capacidad de manejar un presupuesto máximo de ¢35.000 millones.
“Necesitamos personal; en diciembre se nos fueron 14 plazas (...) la DIE es importante, tiene una gran labor social, pero ocupa ayuda y no tanta crítica”, dijo la funcionaria en referencia a los reclamos frecuentes por las deficiencias en infraestructura educativa.
Sáurez aprovechó para manifestar la importancia de revisar el proceso de contratación, pues en su criterio sería más eficiente si la DIE lo asume en vez de que siga a cargo de las juntas educativas.
El IX Informe del Estado de la Educación indicó que la propuesta del MEP implica continuar priorizando la atención de urgencias, relegando las tareas de mantenimiento necesarias para garantizar el buen estado físico de los centros educativos.