Una crisis en la inversión educativa, la gestión y el empobrecimiento en los aprendizajes tienen a Costa Rica frente a lo que se podría considerar una “tormenta perfecta”, según explicó la coordinadora del IX Informe del Estado de la Educación, Isabel Román.
La experta, en conversación con La Nación, explicó que si bien es cierto el apagón educativo empeoró la emergencia que vive el sistema, se debe tener claro que la crisis es estructural y arrastra problemas de larga data, como el bajo rendimiento de los alumnos.
Incluso, Román comparó la situación con la problemática que se vivió en los años 80 cuando la inversión en educación cayó por debajo del 3% del producto interno bruto (PIB).
“En ese momento se dejaron de construir colegios, generando un gran déficit histórico de infraestructura y problemas generacionales”, recordó Román.
El problema es que Costa Rica parece ir por ese mismo camino en pleno 2023 y, según los investigadores, atraviesa un trayecto de involución que conduce a una educación de menor calidad y cada vez más excluyente.
“Cuando decimos que los retrocesos son absolutos, nos referimos a áreas como inversión educativa, infraestructura e inversión en informática. Veníamos avanzando y, de repente, nos vemos 10 años atrás”, advirtió Román.
La solución, sin embargo, no equivale a medidas a corto plazo, sino a la palabra urgencia, ya que las políticas públicas son insuficientes.
“Cuando este informe llama a cumplir los 31 acuerdos nacionales, lo que está señalando es que hay un conjunto de acuerdos que hemos venido tomando que han terminado siendo normas, leyes y reformas que están para cumplirse. La política está, pero no hay control ni acompañamiento”, dijo a este medio la investigadora.
Para Román, el primer paso y el más importante es reconocer que en Costa Rica hay un problema educativo y recordar que la educación es la base histórica que todos los sectores sociales han forjado,
“Hemos estado en un periodo donde se ha normalizado una situación que no es normal. Regresamos a la presencialidad y es como si no nos hubiera golpeado un meteorito”, afirmó.
Cumplir con la Constitución Política y fijarse como meta llegar al 8% del PIB en inversión en escuelas y colegios debe ser otra prioridad, según la experta.
“El Informe propone una ruta gradual, volver a la senda, poner objetivos. Por ejemplo, en los próximos años, en el marco de la reforma fiscal, vamos a ir aumentando de nuevo la inversión en educación, con metas evaluables, porque tampoco es un cheque en blanco”, explicó Román.
El pasado 21 de junio, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, cuestionó que la Constitución Política establezca, en su artículo 78, un gasto mínimo en educación estatal.
“(Parece que) uno no puede racionalmente preguntarse si un país que está envejeciendo, donde cada vez hay menos estudiantes, debió amarrarse a un 8% del PIB. A mí me parece que eso pudo haber sido en consecuencia y en intención una medida populista, en aquel entonces”, aseveró en el mandatario en ese momento.
Para el Estado de la Educación, esa lectura “es simplista”, ya que, a pesar de que nacen menos niños, los retos aumentan.
“Es el análisis más básico, insuficiente y falto de miras. Se lo hemos dicho a la Contraloría (General de la República); se equivocan en eso porque no están tomando en cuenta la complejidad de los desafíos que tenemos. Hacer eso es como si tuviéramos un sistema educativo perfecto, como si estuviéramos en Finlandia”, aseveró Román.
El empobrecimiento en los aprendizajes de los menores es otro aspecto que requiere atención, ya que lo que un menor debía hacer sin problemas en primer grado de primaria lo está haciendo con grandes déficits en cuarto grado. A pesar de que existen planes de nivelación en el sistema educativo, estos quedan pendientes.
“Estos tres ejes se están falseando. Si no se atienden como una unidad, se está falseando el sistema y vamos a tener un desastre intergeneracional. El costo de esta crisis es alto”, vaticinó.
‘Exijan calidad’
El papel de los padres también es fundamental en la supervisión de la calidad de la educación que reciben sus hijos, ya que son los principales beneficiarios del sistema. No deben aceptar, por ejemplo, que un niño de 10 años no pueda leer o escribir un texto simple de manera fluida.
“Deben comenzar a preocuparse. El punto aquí es que si un niño no desarrolla sus habilidades básicas de lectura y escritura, se convertirá en un niño menos autónomo. Entonces, la madre de ese niño tendrá que estar encima de él todo el tiempo”, dijo Román.
La experta recordó que la educación pública es la elección de la mayoría de los costarricenses. Por lo tanto, si no se ofrece una educación que esté a la altura de las expectativas de los adultos, la población debe exigir calidad y pedir responsabilidad a las escuelas y al Estado.
“Si la sociedad costarricense en el pasado, con menos recursos y menos experiencia, pudo definir la educación como el principal instrumento para el desarrollo humano y económico, hoy no podemos dar marcha atrás. Eso sería autodestructivo. Somos un país que tiene como principal activo a su población, y lo más importante es invertir en esa población”, concluyó la investigadora.
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