EscucharEl Ministerio de Educación Pública (MEP) exigirá a las juntas administrativas y de educación en todo el país poner las propiedades a nombre del Estado para facilitar que se pueda invertir en ellas.
La medida viene contemplada en el nuevo Reglamento General de Juntas, que actualmente está a la espera de la firma de la Presidencia de la República. Este da plazo de un año para iniciar las coordinaciones respectivas.
“Todas las juntas deberán gestionar, en coordinación con la DIEE (Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo) el registro de sus propiedades a nombre del MEP. Los asesores legales destacados en las direcciones regionales de Educación deberán apoyar a las juntas en este proceso”, establece un transitorio de la normativa.
El reglamento, que salió a consulta pública a finales de setiembre del año pasado, regirá a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta .
El objetivo del requerimiento es impedir que se repitan apuros como los vividos después del terremoto de Nicoya, en setiembre del 2012, debido a los cuales fue imposible para el Ministerio invertir en algunos centros afectados, pues muchos de los inmuebles estaban inscritos a nombre de particulares.
La situación influyó en el retraso que tuvo la Dirección de Infraestructura para reaccionar a la crisis, afirmó la viceministra administrativa del MEP, Silvia Víquez.
“Nos encontramos terrenos a nombre de terceros o, por ejemplo, casos donde era una herencia y había que esperar a que el que heredó (la propiedad), cumpliera la mayoría de edad”, señaló la funcionaria.
Las autoridades estiman que más de la mitad de los terrenos que albergan instituciones educativas no están a nombre del Estado.
“Nosotros tenemos que tener seguridad jurídica a la hora de invertir”, añadió Carlos Villalobos, director de la DIEE.
Mario Mora, viceministro de Planificación Institucional del MEP, indicó que actualmente se desconoce cuántas juntas tienen pendiente el trámite, por lo que las direcciones regionales están levantando la información.
“Tomando como referencia la totalidad de centros educativos públicos en los que el DIEE ha desarrollado proyectos de mejoras u obras nuevas, se tiene la certeza de que 1.500 centros han completado el proceso de regularizar su situación registral”, explicó.
En el país hay 3.761 juntas de educación y 684 juntas administrativas dedicadas a administrar los recursos otorgados por el Estado para infraestructura y comedores, entre otros.
